Fundación Daya estima en que al menos 40 de sus miembros son investigados anualmente.
«Yo comencé a consumir cannabis medicinal hace un par de años, porque llevo toda mi vida, desde los 17 años en tratamiento contra la depresión. He gastado fortunas, tengo mis plantas, mi permiso y todo legal. Llegó el OS7 de Carabineros porque mis vecinos me acusaron».
Esta es la historia de Tegualda Inostroza, una mujer de 57 años quien a los 17 fue diagnosticada de depresión, y cuyos tratamientos convencionales no han dado resultados que le permitan llevar una vida normal, según comentó a ADN.
La angustia, el suicidio y la abstinencia a los psicofármacos son fantasmas que (según ella) han desaparecido con el uso del aceite de cannabis, el cual utiliza gracias al autocultivo de la planta que cosecha en su domicilio y que estuvo a punto de perder tras ser denunciada por vecinos.
«Soy usuario medicinal de cannabis hace un par de años. Ahora vengo saliendo de un arresto domiciliario de 11 meses por tres plantas que tenía en mi casa, las cuales estaban debidamente certificadas», expresó.
Ivo Mena de 37 años padece un dolor rotuliano severo, provocado por una malformación congénita en los meniscos. En 2017 fue denunciado por presunto tráfico de drogas y funcionarios de la PDI llegaron hasta su domicilio para fiscalizarlo. Desde entonces, la judicialización de su caso no se detuvo, estando por 11 meses bajo arresto domiciliario, sin poder trabajar.
Estas dos historias son sólo parte de una realidad, que Fundación Daya solo puede aterrizar con el promedio de 40 pacientes al año que son investigados por presunto tráfico, ya que cifras oficiales a nivel nacional no existen.
La presidenta de la Fundación, Ana María Gazmuri afirma que «el principal problema que enfrentan los pacientes y usuarios de cannabis medicinal es el temor a ser criminalizados (…) más del 70% de nuestros pacientes acceden a su tratamiento médico, con prescripción médica y acompañados de su médico tratante, mediante el autocultivo y el único problema que tienen hoy es el de la persecución».
En Chile, la legislación vigente explicita que el consumo, porte o tenencia de alguna sustancia para tratamiento médico estará justificado, comprobando además que su uso será individual y próximo en el tiempo. Algo que, en la práctica, no se aplica ya que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) sólo autoriza a personas jurídicas y no naturales.
El vocero del departamento del OS7 de Carabineros, Pablo Ardiles, explica que «la ley 20 mil no ha sido modificada en ninguna de sus partes, razón por la cual, nosotros como institución, aunque tenemos un criterio, debemos darle cumplimiento a la ley porque para eso estamos mandatados».
La Defensoría Penal Pública, por su parte considera que los derechos de los pacientes son vulnerados ya que son sometidos a procesos judiciales pese a que no existe acto criminal en el uso de cannabis medicinal.
El defensor Claudio Fierro insiste en que la ley no es específica al momento de aplicarse, lo cual debe ser modificado. «Lo deseable sería que la ley 20 mil sea clara (…) Nos parece que se hace urgente una modificación legislativa a efecto de no criminalizar a esta gente que está lejos de la criminalidad», subraya.
Si bien las policías y el Ministerio Público están mandatados para investigar denuncias, los tribunales también podrían aplicar criterio que diferencia estas situaciones. La Corte Suprema ha revocado medidas cautelares y anulado condenas, ya que el cultivo para el consumo individual y próximo en el tiempo es completamente legal.
El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, pone en la balanza a la ciencia y el beneficio del uso de cannabis medicinal. «El tema está en que hay quienes tienen una fe absoluta en el método científico y hay quienes son totalmente contrarios a ello. Yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, pero hay también un ámbito que es la medicina de la experiencia y hay casos de personas que van teniendo sanación con la medicina alternativa», puntualiza.
El 2019 inició con el debate de la Comisión de Salud del Senado para modificar el código sanitario con el fin de especificar las sustancias prohibidas para su elaboración, excluyendo el cannabis que sea destinado para uso medicinal.
Sin embargo, para el ex director del Senda, Mariano Montenegro, esta discusión no debe darse en el Congreso, ya que a su juicio corresponde a la autoridad sanitaria normar el uso del aceite.
«Lo que no es entendible es por qué hay que tener un trato especial con una sustancia y que se maneje en el parlamento (…) Esto tiene un rigor científico y esto solo lo debería manejar la autoridad sanitaria. Entonces esto debe ser evidencia y no propaganda», criticó el especialista.
Si bien en la Cámara de Diputados, el proyecto de Cultivo Seguro tuvo un amplio apoyo, en el Senado se instalará el debate ya que hay quienes consideran que esta ley podría abrir las puertas para la legalización de la marihuana. Mientras, los más de 30 mil pacientes de cannabis medicinal, que Daya estima a nivel nacional, seguirán esperando no ser denunciados por vecinos o allanados por las policías.