ACTITUD FUTURO

Donald Trump no podrá bloquear a usuarios que hablan mal de él en Twitter

La corte estadounidense decidió que en su calidad de funcionario público, atenta contra el derecho a la libertad de expresión.

La corte estadounidense decidió que en su calidad de funcionario público, atenta contra el derecho a la libertad de expresión.

Donald Trump no podrá bloquear a sus críticos en Twitter, de acuerdo con el fallo de un tribunal federal de apelaciones de nueva York.

De acuerdo con el dictamen, al hacerlo, el presidente de Estados Unidos está violando la Primera Enmienda de la Constitución, establecida en 1791 con el fin de proteger la libertad de expresión.

«Al resolver esta apelación, les recordamos a los litigantes y al público que si la Primera Enmienda significa algo, significa que la mejor respuesta al discurso desfavorecido en asuntos de interés público es más diálogo, no menos», afirmó el juez de circuito Barrington Parker.

El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EE UU en Manhattan defendió que la Constitución “no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a las personas de un diálogo porque expresan opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo».

El fallo se refiere a la demanda presentada por el Instituto Knight para la Primera Enmienda, de la Universidad de Columbia, en nombre de siete personas que fueron bloqueadas por el mandatario después de que criticaran sus políticas.

La decisión del tribunal federal de apelaciones ratifica lo establecido por el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. En mayo de 2018, la magistrada Naomi Reice Buchwald determinó que “bloquear a los demandantes por sus opiniones políticas supone una forma de discriminación”.

Los abogados de Trump defendían que así como el presidente se podía retirar de un acto público si lo increpaban, tampoco estaba obligado a escuchar a sus atacantes en la red social. Para la jueza, sin embargo, los tuits del republicano eran «de naturaleza gubernamental». Tras conocerse la decisión de la magistrada, el Departamento de Justicia la calificó de “errónea”.


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