El presidente de Chile propone una política más social y cambios en la Constitución para frenar la gigantesca revuelta.
Por ElPais.com
Sebastián Piñera (Santiago, 69 años), uno de los hombres más ricos de Chile y presidente del país en dos ocasiones, entre 2010 y 2014 y ahora, desde 2018, afronta una situación crítica. Una revuelta masiva y con altísimos niveles de violencia ha colocado al borde del abismo a una sociedad que, hasta hace solo un mes, era considerada una de las más estables y prósperas de Latinoamérica. En esta entrevista, realizada el pasado jueves durante más de una hora en su despacho de La Moneda, Piñera admite la necesidad de construir un sistema más justo e igualitario, con una reforma constitucional o incluso una nueva Constitución, pero afirma que no caerá “en la tentación de la demagogia y el populismo”.
Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede resistir Chile esta protesta?
Respuesta. Cada persona hace su propia proyección y yo soy optimista. Creo que la democracia chilena, el Estado de derecho y el sentido común van a predominar. En Chile tenemos una paradoja: fue la colonia más pobre de España en América Latina y en los últimos 30 años vivió probablemente uno de los mejores periodos de su historia. En 30 años logramos recuperar la democracia en forma ejemplar, logramos un proceso de crecimiento y desarrollo que nunca antes habíamos conocido, multiplicamos por cinco nuestro ingreso per cápita. Pasamos de la medianía de la tabla a encabezar todos los rankings de América Latina. La pobreza se redujo como en ningún otro país en América Latina, desde más del 60% a menos del 10%. Logramos también reducir las desigualdades, menos de lo que quisiéramos, menos de lo que necesitamos, pero tendíamos hacia una sociedad más igualitaria. Y ahora hemos sufrido las tres semanas más violentas y disruptivas que yo recuerdo. ¿A qué obedece esta paradoja? He leído a los principales analistas elaborar todo tipo de teorías muy contradictorias unas con otras.
P. ¿Cómo se lo explica usted?
R. Yo estoy de acuerdo con todas las teorías a pesar que son contradictorias. Es una manera de expresar la confusión. Tengo mi propia hipótesis: el malestar del éxito. De las tres décadas de avance emergió una clase media amplia, pujante. Lo que pasa en Chile no se debe al alza de 30 pesos [cinco centavos de dólar; unos cuatro céntimos de euro] en el billete de Metro, sino que obedece a una realidad que venía empujando quizás hace 30 años y que no vamos a resolver en 30 días. No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos. En estas semanas hemos visto estallar ese clamor, y también hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados.
P. ¿De dónde proceden esos grupos?
R. Son de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, pero necesito pruebas para poder afirmarlo.
P. Usted en algún momento utilizó la palabra “guerra”.
R. Guerra contra la violencia, contra la delincuencia, contra el saqueo, contra la injusticia, contra la pobreza, por supuesto. Uno en la vida tiene causas por las cuales está dispuesto a luchar, como lograr que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, pero también tiene causas contra las cuales quiere luchar. Decía que en esta ola de violencia participan grupos muy organizados que antes no conocíamos en Chile, a la cual se suman la delincuencia tradicional, el narcotráfico, los anarquistas y muchos más. Demostraron voluntad de destruirlo todo, sin respetar a nada ni a nadie. Quemaron y destruyeron la mitad de las estaciones de nuestro sistema de transporte subterráneo, vandalizaron más de 2.800 buses, quemaron cientos de supermercados, establecimientos comerciales, pequeños negocios. Sin piedad, sin ninguna contemplación por nada. A esos grupos los vamos a identificar, los vamos a llevar a la justicia y van a responder por sus crímenes. Simultáneamente hubo otra situación, que fue la manifestación pacífica muy fuerte de los ciudadanos de Chile para exigir un país más justo, más igualitario, con menos privilegios. ¿Y el Gobierno que ha hecho? Atender las dos realidades. Combatimos la violencia con toda la fuerza de la Constitución. Una responsabilidad fundamental de todo Gobierno es proteger el orden público y proteger la seguridad ciudadana y eso es lo que hemos intentado hacer, con muchas dificultades, durante estas tres semanas. Pero al mismo tiempo pusimos en marcha una agenda social que recoge muchas de las peticiones de los chilenos: aumentar las pensiones y el ingreso mínimo garantizado, reducir los precios de servicios básicos como la electricidad, el transporte público y los peajes en las carreteras. También establecer más impuestos sobre los sectores de mayores ingresos para financiar esta agenda social.
P. ¿Estamos hablando de un cambio de modelo en Chile o simplemente de retoques?
R. El modelo en el cual yo creo, y voy a luchar para perfeccionarlo, es la democracia con libertad de expresión, con separación de poderes, con Estado de derecho, con respeto por las minorías. Creo en una economía libre, abierta, de mercado, competitiva. Creo también en un fuerte compromiso del Estado por luchar contra la pobreza y ofrecer mayor igualdad de oportunidades. El otro modelo es el bolivariano, que ha traído en todos los países donde se ha aplicado sufrimiento, frustración, pérdida de libertad, estancamiento.
P. ¿No hay modelo intermedio? Usted habla de Estado social, pero ha hecho falta una explosión para que se acometieran ciertas reformas de las que no se hablaba dos meses atrás.
R. Nuestro programa de Gobierno, con el cual ganamos las elecciones, incluía una reforma de pensiones que estaba atascada en el Congreso desde hace más de un año y ahora saldrá adelante. Incluía también una profunda reforma del sistema de salud, tanto público como privado, para hacerlo más equitativo y de mejor calidad. Y una reforma a la educación. Ahora nos damos cuenta de que la demanda social era más urgente y más profunda y hay que acelerar el ritmo, pero le quiero decir algo: uno de los riesgos cuando se dan estas situaciones es que los Gobiernos se transformen en demagogos, populistas e irresponsables y tiren la casa por la ventana. Con eso lo único que hacen es comprometer el futuro del país. Por eso tenemos que ser muy responsables y no destruir las bases de la economía. En estos tiempos de emergencia, el Gobierno tiene que tener muy claro el norte para no caer en la tentación de la demagogia y el populismo.
P. Volvamos a la violencia. ¿Quién destruyó el Metro, con pérdidas valoradas en 376 millones de dólares (unos 341 millones de euros)?
R. En 15 minutos, de forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual. Es la obra de grupos criminales organizados, pero naturalmente el investigar esta situación y el llevarlos a la Justicia y sancionarlos corresponde a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial.
P. ¿Sospecha de agentes de regímenes adversos a su Gobierno?
R. No descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente, hemos entregado esa información a la Fiscalía, que es la que por mandato de la ley debe investigar los delitos en Chile.
P. Usted se puso a la cabeza de la arremetida regional contra el presidente Maduro. ¿Sus sospechas apuntan a Venezuela?
R. He escuchado lo que dijo un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, he escuchado lo que dijo la OEA y muchas organizaciones muy respetadas. No descarto nada, pero como presidente de Chile tengo que ser prudente.
P. ¿Cree usted que Chile está en camino de normalización? Las protestas continúan.
R. El Estado tiene muchas responsabilidades en una democracia: resguardar el orden público, proteger la seguridad de los ciudadanos, proteger la libertad y los derechos de todos los chilenos. También tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Puedo decir lo siguiente: estas emergencias pueden desembocar de dos maneras. Una, como un gran incentivo. Las exigencias de los ciudadanos pueden servir para que el Gobierno y la sociedad entera trabajen con más urgencia por conseguir mayor justicia, mayor equidad. Eso sería bueno para el país. Pero también puede ocurrir que esas demandas se canalicen fuera de la institucionalidad democrática y se transformen en un caldo de cultivo para la violencia, para la demagogia, para la delincuencia, para el populismo. Ese sería un muy mal camino.
P. Nadie duda de la calidad de la democracia chilena, pero se percibe una importante desafección. ¿Cómo se puede recuperar el interés de la ciudadanía por la política?
R. Es otra paradoja: tanto aprecio por la democracia y tanto desprecio por la política y por las instituciones de la República. No solamente en Chile. Lo vemos en España, en Europa, en muchos países del mundo. En el caso de Chile sin duda que se ha ido produciendo una especie de divorcio entre la ciudadanía, la política y los políticos y yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a ambos lados. Los políticos tienen que entender que no pueden defender privilegios, que tienen que trabajar más y mejor. Los ciudadanos también tienen que comprender que si caemos en la profecía autocumplida de que la política es una porquería, que no sirve para nada, que son todos corruptos o incompetentes, ¿quién va a querer estar en el mundo de la política? Los mejores se van a ir. ¿Quiénes van a quedar?
P. Hay numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, con 14 carabineros encausados por torturas, y hay grupos violentos que siguen destrozando las ciudades.
R. Los actos de violencia comenzaron el jueves 17 de octubre. Antes eran manifestaciones, incivilidades, evasión de pago. La violencia de verdad empezó el jueves 17 de octubre y el viernes 18 esto se desbordó. En pocos minutos quemaron siete estaciones de un Metro que nos costó sangre, sudor y lágrimas construir y que estábamos expandiendo para que llegara a casi todos los habitantes de Santiago. La situación era tan compleja, había tantos atentados en tantos lugares distintos, con tanta potencia, con tanta planificación, con tanta maldad, que no se pudo controlar el orden público. En ese instante, como presidente de Chile, sentí el deber de recurrir a los instrumentos que la Constitución le otorga al presidente y decreté el estado de emergencia.
P. Sacar los militares a la calle tiene una gran carga simbólica en un país como Chile.
R. Lo que menos quiere un presidente es decretar estado de emergencia. Pero uno no hace lo que quiere, sino lo que debe. ¿Qué significa el estado de emergencia? Que el presidente designa a miembros de las Fuerzas Armadas como responsables máximos de las distintas zonas de emergencia, con el mandato de proteger el orden público. La Constitución permite limitar el derecho a la movilidad y el derecho de reunión por un plazo máximo de 15 días. Pero cuando decretamos el estado de emergencia, aquí, en este mismo escritorio, nos reunimos con los principales ministros, con el jefe de la zona de emergencia de Santiago, el general Iturriaga, y tomamos todas las precauciones posibles para asegurar el respeto a los derechos humanos. Una emergencia es un periodo extraordinario con mucha violencia. Hay mil carabineros heridos.
P. Y muchos civiles heridos y personas con lesiones oculares [1.778 y 177, respectivamente, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos].
R. Y muchos civiles heridos, sí. Yo podría haber decretado el estado de emergencia y simplemente esperar que todo el mundo actuara de acuerdo a la ley. Pero de inmediato llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo cuya misión por ley es proteger los derechos humanos, y dijimos: “Van a tener todas las facilidades, van a poder ingresar a todos los lugares, a las cárceles, a las comisarías, a los hospitales, a cualquier lugar”. Luego llamamos a las Fuerzas Armadas y a los jefes de las zonas de emergencia para que se respetara íntegramente el protocolo de uso de la fuerza, que cumple con todos los estándares de derechos humanos a nivel mundial. Ese protocolo establece que la primera línea es la presencia de los Carabineros o de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden. Segundo, dialogar y convencer. Tercero, si eso no es posible, el uso de algunos elementos disuasivos como los carros lanzadores de agua o las bombas lacrimógenas. Y solo en última instancia y si es estrictamente necesario, en lo que se llama la defensa propia privilegiada, el uso de escopetas de balines de goma que usan todas las policías del mundo. Tomamos contacto con la Defensoría Pública para que cada detenido tuviera inmediatamente un abogado que protegiera sus derechos. Cuarto: hablamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, porque el Estado de derecho permaneció intacto, para que tuvieran especial diligencia y preocupación en este periodo de emergencia. Quinto: invité personalmente a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y a Human Rights Watch para que enviaran misiones de observación a Chile. Sexto: adoptamos una política de transparencia total, toda la información se publica. Hay 60.000 carabineros en Chile y yo los he visto esforzarse con abnegación, con sacrificio, en proteger los derechos de las personas. Ahora bien, si alguno de ellos cometió excesos, no respetó los protocolos o cometió delitos, la Fiscalía investigará.
P. Usted votó por el no en el plebiscito a Pinochet de 1988 y, siendo presidente, se echó a buena parte de la derecha encima cuando habló de “los cómplices pasivos” de la dictadura, en referencia a los civiles. ¿Qué siente cuando se le acusa de violar los derechos humanos?
P. Es una acusación totalmente infundada. Hice lo posible por proteger a mis compatriotas de la violencia. Si no lo hubiera hecho y hubieran seguido quemando, no solamente estaciones de Metro, sino hospitales o aeropuertos, habría incumplido mi deber. Puedo asegurar que tomamos todas las providencias y precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos. Ahora, que en estas semanas de violencia pueden haberse cometido abusos, por supuesto que sí. Y tendrán que ser investigados y juzgados.
P. Usted admite la necesidad de reformar la Constitución. ¿Descarta por completo un periodo constituyente y una nueva Constitución?
R. Creo que es necesario modernizar y perfeccionar nuestra Constitución. En nuestro programa de Gobierno hay una propuesta de reforma y estamos dispuestos a debatir este asunto dentro de los canales de la democracia. ¿Cuál es el poder constituyente que existe en nuestro país? Nuestro país es una democracia, no una dictadura.
P. Habla del Congreso.
R. Lo que yo digo es que discutamos todas las reformas, y si esto termina en una modernización de la actual Constitución o en una nueva Constitución, formará parte del juego democrático. ¿Dónde debe darse? Dentro del marco que la propia democracia fijó para ese debate, que es el Congreso Nacional, el poder constituyente de nuestro país. Pero primero discutamos cuáles son los cambios que queremos y busquemos caminos de entendimiento. Los que quieren saltarse la institucionalidad democrática y fijar sus propias reglas del juego están atentando contra la democracia.
P. ¿Es saltarse las reglas del juego pedir un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere o no cambiar la Constitución y elija el mecanismo, como demandan algunos sectores en Chile?
R. Nuestro programa propone que cuando el Congreso logre un acuerdo de una nueva Constitución o de una Constitución modernizada, ese acuerdo sea ratificado por la ciudadanía a través de un plebiscito.
P. ¿Cuál es la principal objeción a la actual Constitución? ¿Qué querría cambiar usted?
R. Yo creo que se requiere un mejor equilibrio entre los distintos poderes del Estado, especialmente entre el Legislativo y el Ejecutivo.
P. ¿Menos presidencialismo?
R. Un mejor equilibrio. Ahora los poderes del Ejecutivo son excesivos en relación a los poderes que tiene el Legislativo. En segundo lugar, tiene que ser una Constitución que permita mayor participación de los ciudadanos, iniciativa popular de ley, plebiscitos comunales para que la ciudadanía pueda discutir y resolver temas que afectan a su calidad de vida. Yo tengo un proyecto de reforma constitucional, se lo puedo entregar ahora mismo, pero ¿dónde hay que discutirlo? Si somos democráticos tenemos que discutirlo dentro de las reglas de la democracia y en el Congreso.
P. ¿Aunque el Congreso esté desprestigiado?
R. Hoy día no hay ninguna institución en ninguna parte del mundo que tenga la confianza de la ciudadanía. Mire lo que ha pasado con la Iglesia, con las organizaciones deportivas, los Parlamentos, los tribunales, las Fuerzas Armadas, la policía. En todas partes del mundo se ha producido un distanciamiento entre la ciudadanía y sus instituciones. Debemos usar los instrumentos que la propia democracia nos da para mejorar la calidad de la democracia y eso pasa por mejorar la calidad de las instituciones, por mejorar la calidad de los políticos. Por ejemplo, una de las reformas que nosotros estamos proponiendo, que es de rango constitucional, es reducir las dietas excesivas que reciben los parlamentarios en Chile. Los parlamentarios en Chile reciben una dieta por encima de todos los países de la OCDE y Chile no es el país más rico de la OCDE. También reducir el número de parlamentarios y eso ya está en marcha.
P. ¿Qué le parece el juicio de la derecha dura? José Antonio Kast dijo: “Qué ironía, el Gobierno de derecha que prometió los tiempos mejores, terminó con las calles llenas de violencia y delincuencia, subiendo los impuestos y de rodillas aprobando todas las reformas que quería la izquierda”.
R. Un comentario ajeno a la verdad y que aporta poco a lo que los chilenos necesitamos hoy día.
P. ¿Piensa que ese tipo de derecha crecerá o terminará triunfando la moderación?
R. Chile es y siempre ha sido un país moderado, por eso yo tengo mucha confianza que después de estas semanas de fiebre, recuperaremos nuestra naturaleza. Chile es un país que cada vez que ha tenido que enfrentar la adversidad, y nos ha tocado muchas veces (terremotos, maremotos, inundaciones) ha mostrado lo mejor de sí mismo.
P. ¿Habrá un antes y un después? ¿Será Chile distinto tras estos acontecimientos?
R. Chile cambió, todos hemos cambiado en estas semanas, y el presidente también.
P. ¿En qué sentido?
R. En que hemos entendido mejor el mensaje de la gente. Chile tuvo tres décadas notables, el llamado “milagro chileno”, y conquistamos la democracia en forma ejemplar. Normalmente el paso de Gobierno militar a Gobierno democrático genera caos económico y violencia social, pero no fue el caso de Chile. Además experimentamos un progreso económico monumental. Disminuimos la desigualdad, emergió una clase media fuerte, todo eso fue un gran logro, pero no fue suficiente. Debimos haber entendido que teníamos que distribuir mejor los frutos de de esa prosperidad. Esa es la lección que hemos aprendido ahora.
P. Un hombre como usted, acostumbrado al éxito en la política y en los negocios, ¿qué siente cuando tantos chilenos exigen su dimisión?
R. Chile es un país libre. Todos tienen derecho a pensar lo que quieran del Gobierno, del presidente, de los clubes deportivos. Yo respeto esa libertad. A quienes no respeto es a aquellos que pretenden ser los intérpretes de la ciudadanía. Esa gente no se da cuenta de que el malestar también va contra ellos.
P. Para algunos analistas, su Gobierno está simbólicamente acabado. Prometió crecimiento económico, y está reduciéndose. Buscó el apoyo de la clase media, y la clase media ha salido a la calle para protestar. Garantizó seguridad, y no la hay.
R. Se lo he escuchado a la oposición. Hay una enfermedad crónica de la democracia y que se está haciendo contagiosa en el mundo entero, la de pensar que la labor del Gobierno y la oposición es destruirse mutuamente, con lo que destruyen también la democracia y la convivencia. Yo creo en una democracia en la que hay Gobierno y oposición, pero en la que ambos tratan de colaborar desde sus distintos puntos de vista para que el país avance hacia la dirección correcta. Déjeme hablar del crecimiento. Durante el Gobierno anterior, porque de ahí vienen los críticos, el país creció en promedio un 1,7% al año. La inversión y la productividad cayeron. El año pasado, primero de nuestro Gobierno, la economía creció un 4%, liderando el crecimiento de América Latina y superando el crecimiento mundial. La inversión se recuperó fuertemente. Por lo tanto, fue un año de muchos logros en Chile. Creamos 70.000 nuevos empleos, se redujeron las desigualdades. Este año, 2019, ha sido muy difícil porque la economía mundial se ha debilitado. Las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se han enfrascado en una guerra comercial y eso ha tenido un impacto brutal en Chile, un país muy abierto, y ha afectado el precio de nuestros principales productos de exportación, el cobre, la celulosa, la fruta. Nuestra expectativa de crecimiento era entre el 2,5% y el 3%. Esa previsión ya no es válida porque estas tres semanas han provocado un daño gigantesco a la economía y no me refiero solamente al daño material, también ha reducido la confianza de los consumidores y los inversores. Tuvimos que cancelar la cumbre de APEC y la cumbre del clima, con dolor del alma. Creo que en el mes de octubre la tasa de crecimiento habrá sido negativa. Pero quiero decirles a los críticos, a los partidos de oposición, que formaron parte de Gobiernos anteriores y que ellos, como nosotros, tampoco fueron capaces de ver lo que hemos descubierto ahora con las manifestaciones.
P. ¿Cree usted que ha conseguido abrir canales de comunicación eficientes con la oposición?
R. Al principio fue muy difícil, porque vieron una oportunidad para sacar ventaja y toda propuesta del Gobierno era rechazada: “No es suficiente, nada es suficiente”. Hicimos un cambio de gabinete, cambiamos gran parte del equipo político: “No es suficiente”. Presentamos una agenda social que significa un aumento del gasto en nuestro país como nunca antes había habido: “No es suficiente”. Ahora nos estamos dando cuenta de que llegó el momento de la responsabilidad democrática, del compromiso republicano, de la unidad, de la grandeza, no de la división ni de la pequeñez. En los últimos días hemos hecho grandes avances con parte de la oposición. Porque hay una parte de la oposición que no tiene ninguna voluntad de colaborar, y hay otra parte de la oposición que a mi juicio está tomando actitudes más constructivas y nos ha permitido avanzar mucho en un acuerdo para sacar adelante la reforma de las pensiones, la reforma tributaria y, esperamos, muchas más. Para aprobar la agenda social y la agenda de orden público hacen falta leyes del Congreso, en el que somos minoría.
P. ¿Le preocupa el daño a la imagen internacional de Chile?
R. Por supuesto. Tengo en este momento un millón de preocupaciones, pero eso no significa que no tenga al mismo tiempo la capacidad de estar atento, de escuchar, de reaccionar, de tratar de encauzar estos difíciles tiempos que vive la sociedad chilena por el camino de la democracia, del diálogo, de los acuerdos, de las soluciones y no por el camino de incendiarlo todo, como algunos quieren.