El Consejo de Defensa del Estado criticó duramente a la empresa.
Walmart Chile decidió retirar los seis recursos de protección que había presentado al Estado de Chile para mayor seguridad, con el fin de prevenir más saqueos e incendios como los que sufrieron muchos de sus locales en las manifestaciones del último mes.
Las acciones judiciales fueron presentadas el pasado 13 de noviembre. Desde el 18 de octubre las cadenas que opera la compañía como Lider, Central Mayorista, Express de Lider y SuperBodega aCuenta, han sufrido más de 1.300 incidentes: 128 locales saqueados, muchos de ellos resaqueados, 35 supermercados quemados y 18 complemente destruidos, con un total de 97 supermercados cerrados actualmente.
Según informó La Tercera, finalmente, tras casi un mes, Walmart Chile decidió retirar los recursos. Cabe recordar que recibieron duros cuestionamientos de organismos como el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
«Dada la contingencia del país, aún persisten los saqueos y resaqueos de locales de la empresa. Como compañía estamos tomando todas las medidas necesarias para darle mayor protección a nuestros supermercados, sin embargo el apoyo de la autoridad y carabineros ha sido y seguirá siendo fundamental para la situación que estamos atravesando», expresó la empresa al medio citado.
Agregando que «es importante precisar que éstos buscaban contar con la protección del Estado para evitar ser víctimas de nuevos ataques y que obedecían a una situación puntual en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de nuestros locales, específicamente en Arica y en algunas ciudades del sur del país, en el contexto de manifestaciones anunciadas para esas zonas».
«Sin embargo, los hechos que dieron lugar a las acciones presentadas se produjeron principalmente en las ciudades de Coronel y Arica, no así en el resto de las ciudades del Sur mencionadas en dichos recursos (Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia). Por esta razón, Walmart Chile ha decidido no persistir en estos recursos», sostuvieron.
Finalmente, aclararon que con estos recursos no pretendían recibir un «trato preferencial», ni tampoco responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales.