El crecimiento de las faenas mineras en la región han traído consigo una serie de efectos sociales negativos que se suman al impacto medioambiental, uso del agua, utilización de las tierras, destrucción de áreas turísticas y el brote de asentamientos humanos ocasionando una problemática social gravísima.
El crecimiento de las faenas mineras en la región han traído consigo una serie de efectos sociales negativos que se suman al impacto medioambiental, uso del agua, utilización de las tierras, destrucción de áreas turísticas y el brote de asentamientos humanos ocasionando una problemática social gravísima.
José Miguel Carvajal, Consejero Regional de Tarapacá explica: “El dato duro y más importante a subrayar en torno a este problema es que en la región de Tarapacá hay un importante déficit de vivienda y un aumento explosivo de nuevos campamentos o tomas. El segundo está directamente relacionado al alza del precio de los arriendos provocado por el importante número de trabajadores mineros foráneos que llega a habitar en Iquique, Pozo Almonte y Pica, principalmente y que tienen sueldos muy superiores a otras áreas productivas”. “Aquellas familias que no trabajan en minería se ven forzadas a vivir en tomas porque no pueden pagar un arriendo”. Estimaciones del Consejo Regional hablan que cerca del 40% de los trabajadores de las faenas mineras proviene de de otras ciudades.
“En Taparacá –según catastro del Ministerio de Vivienda- tenemos la mayor cantidad de personas viviendo en “tomas”. El informe indica que entre 2011 y 2019 éstas aumentaron de 6 a 40. En Antofagasta, la otra región minera pasaron de 28 a 79, en igual periodo”, dice Carvajal. “Según datos del Minvu, en nuestra región, son cerca de 20 mil personas viviendo en campamentos, eso se traduce en 4 mil familias aproximadamente. considerando en promedio 4 personas”.
El hacinamiento alcanza a 3,3 personas por hogar (no hay hacinamiento es el índice es menor o igual a 2), concentradas mayoritariamente en Alto Hospicio. con todo el detrimento en su calidad de vida asociada a esta situación: daño en su salud física o mental, y desde luego incidiendo en el alto índice de contagios de Covid-19 en la región.
Es sabido que la minería incrementa la competencia con la agricultura por el uso de los factores productivos como tierra, agua y fuerza laboral. “Muchas de las familias que se han dedicado por décadas a la agricultura sufren el cambio de uso de suelo para instalar en esos territorios, empresas proveedoras de servicios mineros, así hay menos terreno para uso agrícola, porque los ingresos que genera la minería son por mucho mayores que la que genera la agricultura”.
“A la par, la agricultura no puede aportar a mejorar su propio sector económico porque estas Pymes no pueden generar trabajo con los sueldos de la mano de obra que ha instalado la minería”.
Agrega Carvajal, “Por eso en el Tamarugal, donde se concentra lo que ha sobrevivido de agricultura, existen casos donde sino es por extranjeros, personas migrantes, en su mayoría bolivianos indocumentados, no se continuaría sembrando o cosechando, y es así porque “son mano de obra barata” a la que les entregan una parcela para que la exploten, prácticamente escondidos. Hay mucha informalidad oculta. Son los municipios los que tienen que ir tras ellos para que, por ejemplo, sus hijos asistan al control de niño sano, o al colegio”.
La fragilidad de este sector se refleja, por ejemplo en que el PIB regional registra un porcentaje aproximado al 40% por parte de las mineras, mientras la agricultura es cercano al 1 %. Otra medición de esta desigualdad es que la mano de obra local está demandada en su mayoría por el comercio y servicios. La minería ocupa a 14 mil personas, sólo el 8 % trabaja en ése sector. Así, la minería no representa la fuerza laboral principal de la región.
José Miguel Carvajal explica: “El porcentaje que manejamos en el Consejo de 40 v/s 60 % de mano de obra en la minería regional, se instala porque las mineras han tenido el tiempo suficiente para aportar al desarrollo del capital humano local. Desde 1990 están instaladas en la región las tres más grandes: Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Collahuasi, y otras, que ya podrían haber contribuido con las universidades o instituciones educativas locales, pero no hay interés en hacerlo. Ya les plantee esto en su momento”.
“Lo que han privilegiado es tener el menor costo para ellos trayendo profesionales desde otras regiones por sobre generar capacidades en la región. Por su parte, las universidades de la región han dictado carreras ligadas al área pero las empresas mineras siguen contratando gente de afuera”.
Otro problema que enfrenta la agricultura local es la alteración de los cursos de agua. “Históricamente a las mineras se les han entregado facilidades para adquirir derechos de agua, a los agricultores pequeños todo lo contario”, y añade “hoy con la tecnología y la capacidad económica que tienen las mineras, no hay plantas desalinizadoras y siguen usando agua de la cuenca del Tamarugal que se sigue agotando, o bien la compran a Aguas del Altiplano, porque la legislación lo permite, perjudicando a comunidades completas. Sólo una minera no metálica dedicada a la producción de yodo ha invertido en una planta desalinizadora”.