Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con lesiones oculares en el contexto del estallido social.
22 de ellas presentaron una demanda colectiva en contra del Estado para establecer su responsabilidad y que se les pague a los afectados una indemnización por perjuicios de poco más de siete mil millones de pesos.
Se trata de la primera acción de este tipo en la Región Metropolitana.
Por esto, en Palabra Que Es Noticia conversamos con Felipe Leiva, abogado, miembro de Libertades Públicas y uno de los representantes de las víctimas.
Explica que hasta ahora sólo representan a 22 personas porque son a las que han podido llegar, aunque están recibiendo nuevos casos.
Explica que “la vida de estas personas cambió dramáticamente de un día a otro. 17 de nuestros defendidos fueron lesionados por escopetas antidisturbios y 5 por cartuchos lacrimógenos. Si uno tratara de decir si hay algo común, sí: hay una lesión, daño corporal y psicológico. Muchos de ellos se han tratado en el Hospital Salvador, con fármacos y antidepresivos”.
“Algunos de ellos perdieron trabajos, y nos cuentan que han sido objeto de bullying en la vía pública: Uno nos cuenta que un carabinero en Valparaíso comentó ‘mira, apareció uno de los tuertos’”, agrega.
Según Leiva, “lo grave es que acá se tenían antecedentes de la gravedad del daño que podían producir las escopetas antidisturbios. Eso da cuenta de una negligencia evidente a nivel institucional, no del funcionario. En noviembre del 2012 se realizó un ensayo de balística para ver cuál era el daño que podían producir las escopetas antidisturbios, y el departamento de Criminalística de Carabineros arrojó peligros de contusión cerebral, hematomas, heridas en tejido blando, lesiones vasculares con posibilidad de muerte, estallido ocular, y así suma y sigue. La pregunta es ¿cómo se normalizó esta cuestión, que aun sabiendo la potencia de daño que tenía este armamento Carabineros lo utilizó de manera indiscriminada? Se utilizaban en manifestaciones violentas y pacíficas”.
“En algunos casos ya se sabe cuál fue el funcionario que disparó”, adelantó el abogado.