El caso de Hernán Calderón Argandoña, joven de 23 años que apuñaló a su padre y deberá cumplir prisión preventiva en una clínica privada, ha sido de gran revuelo mediático. De hecho, tras la resolución de ayer usuarios de redes sociales y la opinión pública se apresuró en acusar un sistema penal clasista.
Y pareciera que las cifras respaldan esta sensación: muchos reclusos, antes de la cárcel, ya tenían desventajas importantes en materia familiar, educacional y de salud, además de pobres proyecciones laborales, según datos de Paz Ciudadana.
Esto lo indicaban en una investigación del 2016: Un 86% de la población penal tiene su educación escolar incompleta (mientras que la misma cifra en la población general es de un 45,7%), más de un 60% de ese 86% dice que la razón de su deserción fueron problemas familiares o la necesidad de trabajar, más de la mitad de la población penal tiene padres no escolarizados o con educación incompleta y poco más del 68% declara que antes de entrar a la cárcel tenía ingresos legales inferiores al sueldo mínimo.
Por lo mismo, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Rocío Lorca, abogada, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile, quien además trabaja como investigadora en el Fondecyt “Pobreza, legalidad y castigo”.
“Sin duda que hay clasismo en el sistema penal chileno, y en todos los sistemas del mundo”, parte diciendo Lorca. “Los que tienen que lidiar con el derecho penal pertenecen a sectores excluidos, vulnerables, que sufren de extrema pobreza, migrante o grupos generalmente discriminados”, agrega.
Según explica la investigadora, el clasismo funciona de varias formas y en distintos niveles: “Desde qué conductas se criminalizan hasta cómo las policías llevan los controles de detención y qué tipo de soporte uno tiene. En el caso de Hernán Calderón, más allá de que la jueza haya fallado bien o mal, como él tiene un contexto social privilegiado tiene la posibilidad de acceder a condiciones que el resto de la sociedad no tiene”.
“¿Le pedimos a la jueza que no aplique todo lo que sí puede aplicar, para que el sistema responda de la misma manera, o generamos condiciones sociales para que todos puedan acceder a esas garantías?”, cuestiona Rocío Lorca. “La forma en que la clase social incide opera en distintas partes, desde tener una clínica privada, soporte familiar que le permite contratar un abogado, todo eso lo ayuda y hace que el peso de la ley sea quizá más liviano que con un ciudadano común o menos privilegiado”, dice.
Y se criticó que inicialmente cumpla la prisión preventiva en una clínica privada, para esperar a que esté “compensado” psiquiátricamente. Según la abogada, la compensación “podría ser en el hospital de la cárcel”, y por lo mismo “lo que sucedió con él refleja una desigualdad profunda en el sistema social, que se expresa en el sistema penal y en todas partes”.
Por otra parte, es difícil no recordar las “clases de ética” del Caso Penta. ¿Qué pasa con eso? La doctora en Derecho responde: “Hay dos cuestiones distintas: El caso de Hernán Calderón tiene que ver con el contexto social que él tiene. En otros casos, en cambio, como los delitos de ‘cuello blanco’, tenemos otros problemas: El derecho penal, los legisladores, tienden a entregar un trato menos serio (a estos casos), entonces las penas son más bajas y se evita de algún modo que lleguen a la cárcel. Ese problema, por así decirlo, de las ‘clases de ética’ opera en el diseño del sistema, que criminaliza conductas ilícitas típicas de las clases sociales más desaventajadas”.
Pero advierte que “esto hay que mirarlo con detención, porque la cárcel no es un ideal, no es la panacea. Para qué vamos a seguir igualando con más cárcel… ahí hay un problema entre tener más igualdad o bien pensar un sistema penal más inteligente con sanciones que permitan reinserción social y darles más seguridad a las personas. La cárcel con eso no ayuda mucho”.
En esta línea, entrega datos que ayudan a entender el punto: “Hay estudios que muestran y comparan el impacto de medidas sociales versus la cárcel en la prevención del delito. Crea más seguridad medidas como la asistencia en salud, como cuando en EEUU se instaló el Obamacare. Eso tuvo un impacto en la disminución del delito mucho mayor que varias políticas penales. Lo mismo con la educación, áreas verdes y mejorar la calidad de vida de las personas en general. Eso tiene un impacto positivo en la baja de la criminalidad, no la cárcel”.