En conversación con Palabra Que es Noticia, Rafael Rodríguez, jefe de desarrollo y estudios de la Fundación San Carlos de Maipo, se refirió al informe del Poder Judicial que constata casi mil 300 órdenes de búsqueda de menores a nivel nacional.
El miembro del organismo señaló que el aumento “tiene que ver principalmente porque han incluido más medidas, dentro de las cuales se analizan estos casos”, que fue incluir la búsqueda de menores que se encontraban en sistemas ambulatorios, mientras que los casos mayoritarios tienen que ver con niños que se encontraban recibiendo cuidados alternativos del Sename y en familias de acogida.
Entre las causas posibles de los extravíos de menores desde las residencias, planteó que son múltiples, sin embargo hay dos de ellas que se estudian siendo la primera, según Rodrígez, que “las residencias, las familias de acogida y el sistema ambulatorio están hechos de una manera que los niños y niñas puedan salir”, mientras que la segunda apunta a que son esas mismas instituciones las que debrían dar aviso a los tribunales para que este comience una investigación.
Señaló además que un análisis de Policía de Investigaciones indicó que la mayor cantidad de extravíos se ha dado en residencias del Sename.
En tanto, planteó que la razón para que muchos de estos menores no se encuentren es por la prioridad que les otorga la policía y cifró que solo la mitad de los niños, niñas y adolescentes, vinculados al Sename son encontrados, y respecto a quienes no son hallados Rodríguez mencionó que terminaban en situación de calle.
“El Estado también tiene que brindar información de por qué ocurren esas fugas, por qué no se encuentran. Porque además de todo este grupo de niños que se han fugado hay un porcentaje que después se encuentra muerto”, sentenció.
Por último, el jefe de estudios de la Fundación San Carlos de Maipo criticó la postura de la administración de Sebastián Piñera, que comenzó con el eslogan “los niños primero” y ha dejado pendiente la ley de Garantías y Derechos del Niño, y dijo “este gobierno decidió no sacar la ley de garantías y derechos del niño, acusándolo de ideológico y metiendo miedo de que esta ley iba a significar que los padres no iban a tener control sobre sus hijos”.