ENTREVISTAS

Defensora de la Niñez: Rozas tiene “una falta de comprensión del deber constitucional y legal” de Carabineros

“Él se debe primero que todo a los habitantes del país”, dice Patricia Muñoz. Y según ella acá “paga Moya”, cuestión que “gatilla en la ciudadanía la convicción de que no hay justicia”.

Iván Rimassa |

Patricia Muñoz

Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, sobre el caso del carabinero acusado de empujar a un joven de 16 años al río Mapocho el viernes pasado.

Así describe la situación la abogada: “Después de ver las imágenes que fueron exhibidas en la audiencia del domingo queda de manifiesto cómo los funcionarios policiales se limitaron a mirar al adolescente que estaba con la cabeza metida en el agua inconsciente y retirarse cansinamente del lugar. Eso resulta delictivo y muy lamentable, porque no es la actuación que uno esperaría de funcionarios de una institución que está destinada a servirnos”.

“No se trata que Carabineros sea propiedad de un sector político. Es una institución fundamental de nuestra república, y cuando el general director (Rozas) dice que se debe a sus carabineros… él se debe primero que todo a los habitantes del país. Si él cree que se debe a quienes forman parte de su institución, tenemos una falta de comprensión del deber constitucional y legal que le asiste a una institución uniformada”, agrega Muñoz.

La defensora precisa que no basta con reformar los Carabineros. Para ella, “hay un tema estructural que no pasa por lo que se escribe en un protocolo, sino que por cómo se comprende desde la institucionalidad de Carabineros el compromiso y la ejecución coherente del compromiso. Primero que todo, su función está puesta en la garantización de los derechos, y por eso se establecen distintas fases en la aplicación de la fuerza. Pero por lo que vimos el viernes, uno no necesita un protocolo para saber que si empujo a una persona desde un puente de más de 7 metros de altura evidentemente estoy cometiendo un hecho ilícito (…). Uno no debería necesitar un protocolo para saber que empujar a una persona de un puente constituye un delito de homicidio”.

¿Responsabilidades? “Acá paga Moya”, dice Patricia Muñoz, cuestión que según indica “es súper grave porque gatilla en la ciudadanía la convicción de que no hay justicia. (…) No tiene que ver sólo con el imputado Zamora y otros funcionarios de Carabineros, sino con el mando. Cuando el general sale diciendo que jamás se empujó a la persona y un ministro que respalda eso… ¿de qué manera contribuye el Ministerio del Interior si contraría todo lo evidente sosteniendo una defensa irrestricta?”.

Y consultada por los dichos del senador UDI, Iván Moreira, quien indicó que el joven que cayó “no se trata de una blanca paloma”, Muñoz responde: “Me parece de la máxima gravedad pensar que, si una persona delinque, Carabineros puede hacer lo que quiera con ella. Cuando una persona delinque, los riesgos a los que se expone es a la detención y a ser sometido a un proceso penal donde se establezca su culpabilidad”.

“Si esta persona de 16 años hubiese cometido delitos que deben ser perseguidos, (…) nada justifica ni puede justificar hoy ni nunca que un funcionario policial de este país –agente del Estado- se permita empujarlo desde un puente. Lo grave es que cuando los políticos se ponen en esta situación avalan esta convicción ciudadana de que Carabineros tiene manga ancha para hacer lo que quiera”, remató.

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