Para la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, la crisis derivada de la pandemia puede «profundizar el descontento social» y generar protestas.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido de los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, no descartando que se produzca «una nueva ola de movilizaciones sociales», por lo que ha instado a los gobiernos a tomar medidas preventivas que atiendan las necesidades de la población.
«En toda las Américas, el impacto del COVID-19 se ha visto exacerbado por débiles sistemas de seguridad social, prolongadas desigualdades estructurales y discriminación, economías poco diversificadas y un elevado número de trabajadores informales», ha resumido Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, ha advertido de indicadores que anticipan «una gran crisis socioeconómica y humanitaria» en la región, con tasas de pobreza que podrían superar el 37 por ciento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) teme una «década pérdida» tras la contracción más pronunciada de la historia en la región.
Bachelet ha apuntado que en los últimos años países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú han visto «crecientes movimientos de protestas social» y, «aunque cada situación es distinta», entiende que todos ellos comparten mensajes comunes en favor de la ampliación de derechos y contra la discriminación o la corrupción.
«En varios países, los manifestantes se han tomado con un uso excesivo de la fuerza» por parte de la policía, ha recordado Bachelet, sin aludir a ningún caso en concreto.
Para la Alta Comisionada, la crisis derivada de la pandemia puede «profundizar el descontento social» y, como consecuencia, generar una nueva ola de manifestaciones, por lo que ha instado a los distintos países a adelantarse y «tomar medidas para impedir un deterioro mayor de la situación».
Entre las medidas planteadas figuran «garantías de participación efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia», protección de las libertades de asociación y reunión y un estricto apego al Derecho Internacional en la posible respuesta policial a manifestaciones.
Bachelet también ha aprovechado su discurso para criticar el endurecimiento de los controles fronterizos y el uso de las fuerzas de seguridad para «frenar a los migrante» en la región, en la medida en que «incrementan los riesgos para las personas en movimiento».
«La militarización de la gestión de fronteras en Ecuador, Perú y Chile es especialmente preocupante en el contexto del movimiento continuo y sin precedentes de venezolanos, ha apuntado, al recordar el éxodo de más de cinco millones de personas desde Venezuela.
Asimismo, ha alertado de las «preocupantes informaciones» que apuntan a que estos migrantes y refugiados estarían siendo expulsados de algunos países sin valorar si quiera «su vulnerabilidad o necesidades de protección».