Cristián Riego asegura que la política “genera una percepción de que se está haciendo algo en materia de criminalidad, cuando en realidad la persecución del delito está mejorando nada”.
Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Cristián Riego, abogado penalista quien dirigió la redacción del Código Procesal Penal y es director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Finalmente Juan González, el carabinero formalizado por el delito de homicidio simple tras balear al malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, quedó con arresto domiciliario total. Respecto de los años de cárcel que arriesga el sargento, Riego dice que va a depender “del delito exacto: si hay o no alguna calificante, pero en principio el delito de homicidio tiene una pena de 10 años hacia arriba. Eso puede ser modificado por agravantes o atenuantes (…), así que todavía falta mucha información y una discusión más detallada para poder tener una idea más clara”.
Y todo esto pasó tras un control de identidad preventivo, cuestión que el abogado penalista explica que antes no existía: “(El control de identidad era) bajo el supuesto de que la policía logre indicar que existen indicios que permitan pensar que la persona está vinculada a haber cometido un delito o que tenga información sobre una investigación. Cuando esa persona era detenida –y ocurre que se encuentran elementos que permiten imputarle un delito, como drogas o un objeto robado- el juez pregunta si cuando se le controló había o no un indicio de que tenía una participación en un delito o algún nivel de información. Si no era así, se podía considerar que el actuar de la policía es ilegal y anular las pruebas”.
“Pero con posterioridad se han dictado normas que amplían esta facultad, entre ellas una que permite a la policía ejercer un control semejante a este sin ninguna justificación: sólo porque la policía considera que eso puede conducir a obtener pruebas de un delito o que personas con orden de detención pendientes puedan ser descubiertas”, precisa Cristián Riego aludiendo al control preventivo.
Es puro humo (y del malo), según el abogado
Para el académico de la Universidad Diego Portales, ese giro que tomó el control de identidad lo ha transformado en una política que forma parte de una “práctica sistemática de ampliar esta forma de control a niveles no conocidos en el mundo: llegamos a más de 5 millones de controles de identidad al año. Eso significa una explosión de estos controles. Ha sido una política desastrosa, porque no ha producido ningún efecto en el control del crimen: no es una manera inteligente de buscar delincuentes y se gastan una cantidad enorme de recursos. Pero también ha significado un deterioro entre la relación de la policía con los ciudadanos”.
De hecho, respecto de este último punto, Riego va más allá: “Yo creo que esta es una de las causas principales del estallido social: ha generado un distanciamiento de ciertos grupos sociales respecto de la policía que es brutal. Y más allá de este caso, en el que el policía puede o no tener alguna justificación, demuestra un desgaste enorme de la relación entre ciudadanos y policías producto de esta política fundamentalmente demagógica. Las autoridades saben que no genera mayor efecto, pero sí genera una percepción de que se está haciendo algo en materia de criminalidad cuando en realidad la persecución del delito está mejorando nada”.
“El presidente Piñera, y no quiero relegar esta crítica a él porque es algo que ha sido acompañado por todos los sectores políticos, pero cuando empezó su gobierno anterior planteó una política muy innovadora, interesante y completa de mejorar el sistema de control de delito en Chile. Por alguna razón, frente a ese proyecto desistió (…), y lo cambió por uno de tipo comunicacional: cada cierto tiempo hacer cosas que parezcan reformas que no significan nada. Ni reformar policía, sistemas penitenciarios o seguridad, si no que cosas que generen noticias en que el gobierno aparezca como que está actuando con mano dura”, critica el abogado penalista.
¿Carabineros? Partamos por el gobierno
Quien en su minuto dirigiera la redacción del Código Procesal Penal chileno no niega que se requiere una reforma a Carabineros, así como también una profesionalización de las policías. Pero para llegar a eso, dice que no hay que olvidarse del gobierno: “Otra cosa importante es también un gobierno más profesional. En Chile tradicionalmente no existe un Estado profesional con funcionarios educados en distintas especialidades y que generen aprendizaje a lo largo del tiempo, y es especialmente grave en el sector de seguridad”.
“Todas cosas que el presidente Piñera siempre ha hablado, pero no ha hecho en esta materia porque no hay ninguna evaluación de estas cosas (…). El problema es en Carabineros, pero el de la política es más grave: ni el parlamento ni el gobierno tienen profesionales expertos capaces de intervenir y controlar a la policía. Una reforma policial no se puede hacer si no contamos con un aparato técnico de personas en el parlamento y en el gobierno”, sentencia Riego.