Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La Defensoría de la Niñez interpuso una querella criminal por delitos cometidos contra menores de edad en el Hogar Tupahue -propiedad de la Protectora de la Infancia- de Hualpén, hechos que derivaron en la destitución de la máxima autoridad regional del Sename por negligencia y abandono de deberes. Lo anterior, luego que se conocieran las denuncias de dos niñas contra funcionarios de la residencia por maltrato y abuso, hechos por los cuales se habría abierto un sumario, pero que el Sename no habría tomado en consideración.
Muñoz señala: “Ayer se aprobó la ley que crea la ley de garantías para la adolescencia; ley marco para focalizar las acciones del Estado para prevenir y no reaccionar en temas que dañan a los niños y niñas. Un sistema de garantías lo que hace es establecer las prioridades del Estado en esta materia. Esta ley establece una estructura que debe desarrollar acciones de garantizar derechos y prevenir afectaciones a niños, niñas y adolescentes. El foco principal está puesto en lo preventivo”.
Críticas al Sename
“El Sename no sólo ha dejado mucho que desear, sino que ha tenido faltas con la vida de menores, que muchos de ellos la han perdido. Ahora se está separando el servicio en 2 servicios. Uno que trabaja con niños vulnerados de sus derechos, y otro que trabaja con niños vulnerables que han cometido delitos. Acá el problema es que no define el financiamiento y mantiene el sistema de subvención sin garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hemos sido bien críticos también de cuáles son las exigencias que se imponen a los trabajadores que sean traspasados a esta labor”, indica la Defensora de la Niñez.
Niños infractores, según Patricia Muñoz
“Sobre niños infractores de la ley; si uno pregunta en las ciudades, todos dicen que los niños están metidos permanentemente en delitos y las estadísticas de muestran los contrario en los últimos 5 años. La conciencia popular no se condice con la realidad, pero se instala este discurso peligroso. Hay un desafío que pasa por entender cómo muchos de estos adolescentes han sufrido vulneración de sus derechos y la posibilidad de que se vinculen a la justicia juvenil para favorecer la intervención en términos de como propicio que estos jóvenes no desarrollen carreras delictuales. El sistema de responsabilidad penal adolescente no cumple con las expectativas de enfoque de DD.HH y no es capaz de intervenir en el entorno de estos adolescentes para que sus condiciones de vida cambien. No hay un trabajo para desincentivar que las bandas delictuales recluten a menores para que cometan hechos delictivos”, complementa.
Objetivo de la ley de garantías para la adolescencia
“La ley de garantías lo que pretende es hacer que los niños y sus familias sean alguien desde muy chiquititos. Para que todo niño o niña tenga la posibilidad de ejercer sus derechos de manera debida sin verse expuesto a situaciones de vulneración. En las poblaciones el desafío también pasa en como construyes desde la responsabilidad estatal, en temas de seguridad pública para que los actos delictuales sean sacados de las población, con el Ministerio del Interior y las policías para que se desinstalen los espacios de delincuencia atomizada. Entonces no estamos haciendo la pega completa. Es prioritario que toda la institucionalidad funcione. Hoy hay plazas de juegos para los niños en las poblaciones que las ocupan los narcos. Vemos a las policías en las manifestaciones pero no en la erradicación de las drogas en las poblaciones”, señala la Defensora de la Niñez.
Perseguir criminalmente a adolescentes que cometen delito
“Hay que tener claro que hoy nuestro sistema tiene una regulación que permite perseguir criminalmente a adolescentes que cometan delitos. Hechos en los que se detiene al adolescente. El ejemplo dramático del asesinato de la funcionaria de la PDI, son hechos que nadie podría negar que son hechos brutales y cuestionar la participación de adolescentes en este tipo de hechos. Este tipo de hechos tiene que ser severamente juzgados. Cuando conoces hechos tan brutales se necesita una persecución penal rápida y eficiente, y evitar una sensación de impunidad que favorece reacciones destempladas que tiene que ver con las detenciones ciudadanas o las justicia por nuestras propias manos. Tenemos un Estado de derecho y estamos llamados a confiar en que el sistema judicial es capaz de sancionar los delitos”, puntualiza Patricia Muñoz.