Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Patricia Rivera, directora del diplomado en Comunicación de DD.HH de la Universidad Alberto Hurtado.
La ONU mostró su “preocupación” por la deportación de un grupo de 56 personas de nacionalidad venezolana en un vuelo que ordenó el Gobierno como parte de un plan para desalentar la migración irregular un día domingo. Ante «recursos de amparo urgentes», Corte Suprema instruye a cortes de apelaciones reunirse en días inhábiles. Además se mantiene sobre la discusión el futuro de los denominados presos de la revuelta, ¿podría existir un indulto para ellos?
Situación de inmigrantes
Respecto a la situación con los inmigrantes, Rivera señala: “Esto podría terminar en cortes internacionales. Chile ha ratificado y firmado acuerdos internacionales y es totalmente exigible por los ciudadanos. Chile no puede incumplirlos. Todos tenemos derecho a exigir el cumplimiento y trabajar en beneficio de la dignidad de las personas”.
“Si las personas que han ingresado al país, han o no cometido delitos, eso debe comprobarse. Estamos hablando de gente que ha caminado kilómetros, que no ha comido, que no ha dormido bien. Entonces primero son las medidas humanitarias, luego de eso se ven las medidas punitivas”, añade.
Garantizar la vida y la dignidad humana, según Rivera
“A nivel mundial, no podemos empezar a perder la humanidad por hacer cumplir las leyes. A raíz de todas las violencias de Estado de la Segunda Guerra Mundial los países llegaron a un acuerdo con ciertos mínimos para garantizar la vida. La dignidad humana pesa más que implementar una ley. Hay que entender el derecho de la migración, que es natural a la humanidad. No podemos decirles que pasen y luego abandonar a las personas que ingresan al país”, apunta la directora del diplomado en Comunicación de DD.HH de la UAH.
“Tenemos la gran oportunidad de escribir esta constitución que garantice los derechos humanos como un pilar fundamental. Los humanos somos colectivos que cambiamos y esto tiene que ser dinámico”, agrega Rivera.
Sobre los “presos de la revuelta”
“Sobre los detenidos del estallido social, no podemos tener a personas tanto tiempo en prisión preventiva. Hemos visto que el sistema penal no ha hecho ningún esfuerzo y ha retrasado el cumplimiento de la oferta de justicia para ellos. Acá es importante el principio de no discriminación e igualdad. A todas luces, y por lo que veo, tengo dudas que eso se esté cumpliendo. Nuestro sistema penal está al debe y cojea hace mucho tiempo. No puede ser que el Estado detenga a una persona y pase años presa. El Estado debe promover y resguardar nuestras garantías y libertades. Necesitamos un sistema penal moderno. La persona presa tiene derechos: a profesar una religión, a estudiar, etcétera. Eso, no se está cumpliendo”, asegura Patricia Rivera.