Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Jaime Gajardo Falcón, académico e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021, elaborado por la Universidad Diego Portales; señala que las medidas implementadas por fiscalía han sido tardías; lo que disminuye la posibilidad de investigar los delitos cometidos por agentes estatales. Luego de diversos cuestionamientos al rol del Ministerio Público en la investigación por crímenes de lesa humanidad tras el estallido social, el fiscal nacional, Jorge Abbot; aseguró que la tardanza en la tramitación de estas causas se debe a la pandemia.
Informe sobre DDHH
“El informe que está pronto a publicarse; da cuenta de situaciones como las personas que se encuentran privadas de libertad por hechos imputados en contexto de estallido social. Lo abordamos y tratamos de investigar el número de personas, si se cumplen sus derechos humanos, si han tenido una debida defensa”, Jaime Gajardo Falcón.
Personas imputadas
“Una de las principales dudas es quiénes son las personas imputadas por los hechos desde octubre de 2019, y llegamos a la conclusión de que no tenemos datos oficiales del Ministerio Público ni de los tribunales de justicia para saber con certeza cuál es el número de personas privadas de libertad”, indica el académico.
Cantidad de presos políticos
“La agrupación de familiares de presos políticos, señalan que son 1.048 personas. Otras instituciones dicen que 262 personas se encuentran en prisión preventiva, es una diferencia importante. La corte suprema tiene una cifra similar. El primer gran problema para enfocar este estudio es que no hay datos que nos permitan saber de forma fidedigna cuantas personas se encuentran en este estado”, enumera Jaime Gajardo Falcón.
“Cada persona que ingresa al sistema, entra por la comisión de un delito, por desórdenes públicos, maltrato y amenaza a Carabineros, entre otras. Pero puede ser por múltiples razones”, añade.
Ingreso en protesta social
“No puede ser que a 2 años de masivas protestas, aún las instituciones que forman parte de la persecución y defensa penal, no tengan un ingreso detallado por un delito asociado. Tenemos los números generales, por daños simples ingresaron 12 mil personas, pero no tenemos el detalle de cuáles entraron por la protesta social”, acota el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Violaciones de derechos
“Tenemos varios capítulos en el informe, uno habla de las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos de personas que estuvieron en la protesta social. Me parece una excusa injustificada la del fiscal nacional, Jorge Abbot, al decir que existe retraso en las investigaciones por la pandemia. En los casos en que se persigue a manifestantes el Ministerio Público ha sido diligente, pero en contraste a eso, es mucha la tardanza en el procesamiento a las policías respecto a las violaciones de los derechos humanos. Entonces la actitud del Ministerio Público es desigual”, afirma Jaime Gajardo Falcón.
Desafíos de la sociedad
“Una de las recomendaciones que damos en el informe, es que uno de los grandes desafíos de la sociedad es que no haya justicia, que no concluyan, pero tenemos que todas la investigaciones en curso, ya sea que la víctima de trauma ocular, o la personas imputadas por cometer delitos de incendio, en ni uno de los dos casos tenemos decisiones definitivas en la justicia”, agrega el académico.
Las causas
“Se debe a muchos factores, la falta de diligencia en las instituciones encargadas de hacer la investigación. No podemos ver intencionalidad, vemos que el Ministerio Público está con una deficiencia en materia de estos delitos que son de alto interés público. Hay una tardanza en ambos tipos de investigación, y ha habido una diligencia mayor por las personas que cometieron delitos en el estallido social, y una tardanza en las investigaciones que comprometen a las policías. En ningún caso las investigaciones debieran ser distintas, se necesita una misma objetividad. Eso nos preocupa, por la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas especiales, en estos casos se necesitan investigaciones que aclaren la situación”, concluye Jaime Gajardo Falcón.