Hoy en Palabra Que Es Noticia, hablamos con el abogado constitucionalista Javier Couso.
Esta mañana, a las 9 horas se presentó de manera oficial la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera; esto tras los antecedentes que lo vinculan a la compraventa de la Minera Dominga sellada en Islas Vírgenes; donde se investiga falta de probidad y el afectar al honor de la nación. Por otro lado, el coordinador general de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Cristobal Acevedo Ferrer; presento su renuncia esta mañana luego de que se emitiera un reportaje en televisión abierta donde se investiga un presunto financiamiento irregular del candidato en su primera campaña para diputado del año 2009.
Investigación a Sebastián Sichel
“Es bastante grave, los canales de televisión que hicieron la investigación; suponer que son parte de una operación política, coludidos con un partido; es bastante penoso como defensa de Sebastián Sichel. Uno espera una defensa que documente cómo fue el financiamiento de su campaña en 2009; y no salir a atacar al mensajero, cómo fue su reacción. Es una acusación muy seria, los canales involucrados son serios y han hecho una investigación que es natural. Cuando hay una campaña presidencial, se somete a escrutinio en todos los países”.
“Es parte crucial de una carrera presidencial, en todos lados ocurre que son sometidos al escrutinio más que cuando tienen otros cargos u otras labores menos relevantes. Me parece que la campaña de Sichel debiera dar a conocer todos los antecedentes para su defensa, pero su estrategia fue ir por el empate con otros casos. Además, la renuncia de su coordinador de campaña abre más preguntas que respuestas”, añade.
Lo que corresponde constitucionalmente
“Lo que constitucionalmente debería proceder, me parece que hasta los antecedentes del momento, se sugiere que el presunto acto que había transgredido el deber de probidad, me parece que estos actos ocurrieron bajo su primera administración, y la interpretación razonable es que sólo procede durante el gobierno de quien se trate de acusar, existe un plazo de 6 meses posteriores. Jurídico constitucional está fuera de plazo, lamento si fuera real, que tampoco está del todo comprobado, y aquí uno necesita una comisión investigadora para determinar cuando ocurrieron los hechos exactamente y si los hechos involucran al Presidente o no en estos actos ilícitos. Según mi opinión jurídica constitucional, no procedería a aprobar la acusación, pero en el papel, es muy probable que se apruebe en la cámara de diputados y que se rechace en la Cámara Alta”, indica el abogado constitucionalista.
Rol de parlamentarios
“Me habría gustado que se hubiese investigado antes por una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, porque hay 6 para presentar la acusación. Si el tercer pago se hizo, el acto se consumó a mi juicio. La imputación central es que el tercer pago estaba sujeto a que el Presidente no declarara zona protegida la determinada área donde se instala Dominga, pero una vez que se hace efectivo el pago, se consuma el contrato. Otras administraciones tuvieron la oportunidad de proteger esa zona, y por eso me parece una tesis muy difícil de probar”, apunta Javier Couso.
Limitantes de la actual Constitución
“Si es un acto que ocurrió hace 10 años, me parece que es una interpretación muy amplia de las causales en este caso de acusación constitucional. Lamento que la actual Constitución tenga estas limitantes, quizá la nueva carta magna debiera incluir la posibilidad de acusar constitucionalmente después de hartos años. Hay demasiada incertidumbre, presentar esta acusación es como disparar ahora y preguntar después. Si realmente se quiere saber lo ocurrido, se debe instalar una comisión investigadora en la Cámara, y después hay 4 meses para que se zanje todo y se presente la acusación. Si se aprueba ahora, la acusación se llevará a cabo con otro gobierno al mando”, indica el abogado constitucionalista.
Patrón del Presidente
“Es bastante evidente que estamos en una campaña presidencial, y el Presidente siempre ha jugado al límite de la legalidad, entonces es una combinación del periodo electoral con el prontuario legal de Piñera, pero algo extraño ocurrió acá, los hechos reconocidos por el abogado del Presidente son inaceptables, no había necesidad de materializar ese contrato en un paraíso fiscal. El patrón del Presidente ha sido jugar al límite de lo que es correcto”, concluye Javier Courso.