Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el diputado electo y ex ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga.
La Reforma al Código de Aguas significa adecuar la legislación a tratados internacionales que habíamos firmado, sobre que el acceso al agua es un derecho, que el derecho al agua es prioridad en el consumo humano, etc.
Consumo en sequía
“La Dirección General de Aguas debe tener las herramientas para priorizar este consumo en situaciones de sequía”, afirma Alberto Undurraga, ex ministro del MOP.
Nueva reforma
“Esta nueva reforma regula de mejor forma los derechos de uso productivo, ahora los derechos serán por 30 años renovables, antes eran indefinidos. Establece la extinción de derechos, es decir que quienes no la usan deben devolverla al Estado, porque antes la gente guardaba esos derechos y especulaba a momentos de sequía las vendía a precios más caros”, aclara el diputado electo.
Propiedad del agua
“La propiedad del agua ahora es de uso público, en la constitución de la dictadura dice que tiene un estatus de propiedad privada, es absurdo. El proyecto de ley limita el uso de agua cuando se afecta el bien común, es decir en sequías, problemas medioambientales, etc. Otro punto que cambió es que el Estado puede imponer de los derechos entregados sin pagar”, señala Alberto Undurraga.
Facultades a la DGA
“Hay dos factores que le han dado más facultades a la DGA. En 2018 empezaron a hacer más fiscalización, y a informar cuánta agua están sacando. Y la facultad de ahora que le permite fiscalizar, y para eso debemos asignarles un presupuesto adecuado”, indica el ex ministro del MOP.
Limitación de derechos
“No es coherente que los derechos de agua sean de uso privado, por eso es importante esta limitación de derechos cuando hay problemas medioambientales, de sequía, etc. Si en la convención se dice que el agua es de uso público no habría problemas con esta ley y si no, es posible que haya que hacer algunos ajustes, con la nueva constitución”, agrega Alberto Undurraga.
No está hecha la ley
“Si hay agua en abundancia, alcanza para todos, para eso no está hecha la ley. Cuando empieza a faltar el agua, lo que se hacía era bajar el acceso de agua a todos y cuando faltaba el consumo humano el Estado le pagaba a las mineras o a los agrícolas, para distribuir al consumo humano. Ahora cuando bajan las cuencas, primero se asegura al consumo humano, después se reajusta al resto y es algo de sentido común, pero nadie se oponía públicamente, costó 11 años sacar esta reforma. Había algo ideológico, la derecha decía que el agua tenía el mismo derecho a propiedad que una casa, un auto, etc”, añade el diputado electo.
Bien común
“Había mucha ideología y poco sentido común por parte de la derecha, como sociedad había que regularlo bajo un régimen de bien común”, concluye Alberto Undurraga.