Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Joaquin Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que busca nacionalizar las compañías de explotación y exploración de bienes estratégicos de la minería, «pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional». Esta propuesta, proveniente de la convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), contó con 11 votos a favor, dos abstenciones, y seis en contra. El texto de la norma señala que «cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes».
La norma propuesta en la CC
“Una norma de este tipo genera mucha preocupación, es un cambio radical del escenario. Todos los recursos naturales, los minerales en concreto, pertenecen al estado, y en este caso lo que se está haciendo es expropiar las instalaciones, las minas, las faenas. Las normas sobre indemnización no son transparentes. La primera preocupación a futuro es qué es lo que vamos a hacer durante los próximos meses. Jun tercio lo maneja Codelco y el resto lo hacen privados, con concesiones, lo que ha permitido que Chile sea el mayor exportador de cobre en el mundo. Esta mezcla ha sido tremendamente virtuosa para la minería chilena y hay que evitar que se rompa”, señala Joaquín Villarino.
Lo que pasó en 1970
“Fue literalmente expropiación donde no hubo indemnización hasta años después. Chile tenía una minería poco desarrollada a esas alturas, no teníamos los niveles de producción ni tratados internacionales como hoy, hace falta un cierto sentido de realidad. Hacer borrón y cuenta nueva hoy es distinto a haberlo hecho en 1970. El mundo ha evolucionado, los mercados están interconectados. La cantidad de recursos que demanda hoy el país para otras prioridades son inmensas. Las demandas para pensiones, para vivienda, salud. Vamos a destinar esos recursos a la actividad minera porque el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo para que siga funcionando y para indemnizar y pagar”, indica el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Impacto que tendrá la norma
“Aquí hace falta mucho sentido de realidad y del impacto que va a generar en términos de costos, de funcionamiento, de generación de empleo. Hay que explicarle a los constituyentes qué nos estamos jugando. Las declaraciones de la constituyente que ha promovido esta norma son preocupantes porque denotan una falta de conocimiento y de información que puede llevar a que se apruebe una norma de esta naturaleza. Decir que se va a ir a por La Escondida es como un síntoma de revanchismo que nos e condice con el momento histórico que estamos viviendo. Debería haber un ánimo más bien constructivo”, plantea Joaquín Villarino.
Costos
“Puede costar entre 80 y 100 mil millones de dólares, prácticamente la mitad del PIB, pero no es solo lo que hay que pagar, sino pensar cómo lo echamos para adelante. Las compañías mineras asumen riesgos que no asumimos los chilenos, el Estado tiene otras prioridades, ya se juega mucho con Codelco. Desde Santiago o de otras regiones del país no se mira la importancia de la minería en sus regiones. Hay que fijarse en el impacto de una norma de este tipo en la mediana y pequeña empresa. Hay que intentar promover una conversación más sensata”, puntualiza el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
La discusión
“Nosotros desde el principio de la tramitación de este proyecto hicimos ver que había que tener una conversación seria. Toda esta discusión se acogió en el Senado y le hemos dado una cantidad importante de información sobre invariabilidad, carga tributaria, costo por faena, que ha permitido tener un proyecto que es mucho más sensato”, concluye Joaquín Villarino.