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Abogado del ex-jefe del Ejército Ricardo Martínez: «La ministra tiene una mala ley en la mano»

Juan Carlos Manríquez, representante legal de Martínez, conversó con #FuturoPSP sobre la situación del supuesto involucrado en "Milicogate".

José Ferrada |

Abogado de Martínez PSP

Abogado de Martínez PSP

Hoy Palabras Sacan Palabras estuvo marcado por la renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército del general Ricardo Martínez, investigado en el denominado Milicogate. En relación a esto, Alvaro Paci y Andrea Moletto conversaron con el abogado de Martínez, Juan Carlos Manríquez.

«Hoy supe la decisión del general, como todos, es una decisión personal y yo intento no mezclar asuntos personales con los de la estrategia legal. Esta decisión no tiene ninguna implicación con la estrategia legal», comentó Manríquez.

«El recibir una citación judicial, genera una estrategia de comunicación política y críticas para una institución que él ha estado sirviendo por más de 40 años. No sé porque se le imputa, por eso, hemos pedido acceso al expediente para conocer las imputaciones y poder generar contra evidencia y confrontar, hoy estamos disminuidos procesalmente.», añadió.

Por otra parte Manríquez aseguró: «Sobre el tema de los viajes, si fueran 15 viajes, cuando prestaba funciones públicas o como Comandante en jefe; uno está obligado a hacer una división técnica. Se debe dividir de forma exacta, la competencia material y de tiempo que la Corte Suprema le otorgó a un tribunal especial; no se puede juzgar todo desde el día uno, hay límites, procesales y normativos».

«Y en segundo lugar si esos hechos fueran ciertos, hay que ver si están enmarcados en ese tiempo. Y si así fueran hay que ir uno por uno ver si no hay apoderamiento de recursos, ni desvíos, cambio de destinos, cambio de pasajes, percepción indebida de sobre pago y por último viajes con señoras no autorizados. Si eso es así esa conjetura va a quedar desestimada, y el general Martínez mantendrá su inocencia y será absuelto», agregó el abogado.

«Cuando solicité la prórroga fue por la cuenta pública y el cambio de mando, porque las diligencias con la ministra son muy extensas. Es la ley la que dice que los oficiales generales superiores, tienen una facultad procesal para fijar el sitio donde presentarán declaraciones», apuntó Manríquez.

Una mala ley en mano

Asimismo, el abogado aseguró: «la ministra es un instrumento que aplica la ley, pero ella tiene una mala ley en la mano, que se presta para esos excesos. Nuestro sistema procesal militar data de casi 200 años; tiene principios del sistema colonial inglés de la segunda parte del siglo XIX, evidentemente comparto completamente lo que dice el general Martínez».

«El general solo está siendo requerido por el tema de pasajes y fletes y sobre las otras aristas no manejo más detalles. La ministra me dio una razón atendible, ella es una operadora legal, y no es parte de un complot», afirmó el abogado.

Por otra parte, afirmó que la ministra: «Me dijo que si re-agendaba las declaraciones del general Martínez; podría quedar suspendida si el requerimiento de otra defensa suspendía el procedimiento penal completo, entonces esto se iba a dilatar mucho»

«Lo único que puedo decir es que el general hizo lo correcto. Revisó todos los procesos internos de fletes y pasajes, dejó sin efecto directivas históricas», declaró Manríquez.

El abogado continuó afirmando que: «la mayor cantidad del personal del ejército, no es que se haya puesto de acuerdo de un día para otro, para defraudar al fisco, había un reglamento escrito; que pasó por las más altas autoridades del país de que las personas que viajaban en algunos casos tenían derecho a pasajes.

«El general Martínez cambió estas normas, entonces hizo lo correcto, hizo que las personas que estuvieran en situación irregular devuelvan el dinero de excesos entonces hizo lo correcto», añadió.

«Todas las personas que estaba destinadas, los viajes en el ejército los otorgan a las personas más destacadas; esas personas dentro del mecanismo de viaje tenían estas asignaciones de fletes y pasajes», afirmó.

«Ahí había una inducción con un departamento creado para eso, entonces una persona que lee las normas, que se ha formado en una institución desde los 14 años. No cuestiona estas normas, porque la posible antijuridicidad que viene desde afuera, no se aplica en estos casos, entonces aquí hay un error de prohibición», concluyó.

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