En conversación con Domingo Namuncura en el programa Palabras Sacan Palabras, el ex embajador de Chile en Guatemala, se refirió a las declaraciones del líder de la organización Arauco-Malleco y lo que ocurre en su interior, además de lo que dijo la ministra Siches sobre lo que dijo Héctor Llaitul.
¿Cómo ve usted lo que ocurre con la CAM y estas declaraciones de Héctor Llaitul y lo que dice la ministra?
-Estrictamente la ministra tiene razón y no se trata de un tema nuevo, que está sometido a la investigación del ministerio público. El punto esencial es otro, cuando no son contribuyentes a la idea de aprobar una nueva constitución y se suma en términos negativos estos planteamientos, y se pasa por alto la idea de establecer diálogo, el ministerio público debe intervenir. Cuando hay una alteración del principio de convivencia y cuando hay tesis planteadas de este tipo por Héctor, el sistema jurídico es el que tiene que actuar. Pero es verdad que la ministra tiene razón y es la misma postura que tiene la ministra.
Explíquenos cómo se resignifican los términos de reapropiación…¿Los grupos radicales van de alguna manera, cambiando los lenguajes?
-Lo que sucede es que en el mundo indígena hay una realidad documentada e histórica que establece las injusticias cometidas por el Estado. El despojo de los pueblos indígenas. Hay una conciencia de que al mundo indígena se le arrebataron una serie de derechos y la mayoría de los pueblos originarios en américa latina han presentado durante esto las demandas legítimas para ir trabajando la idea de reparación de esta propiedades, y reconocer lo que ocurrió y sea devuelto a quienes eran sus antiguos dueños, pero claro, por caminos legales. Hay un camino mayoritario de recuperación de tierras, pero hay otras personas que creen que la restitución se debe hacer por un camino de fuerza. Esta no es la manera mayoritaria, entonces obviamente esto significa una diferencia de enfoque y se la reviste con la idea de restitución, pero para el mundo mapuche en general es legítima cuando se realiza por los caminos democráticos y legales, y se va hacer mucho más legítimo una vez que se apruebe la nueva constitución.
Entiendo el tema del despojo, el cual está documentado y reconocido, sin embargo, la vía pacífica ha avanzado en más la violencia…¿Con qué seguridad usted dice que los grupos violentos son menos?
-Punto uno, las comunidades indígenas en la Araucanía son cerca de 2600 comunidades, ahora en Los Ríos y Los Lagos son 4000 las comunidades, pero las que están en conflicto de tierras no son más de 50, mientras las que han planteado demandas de tierras, ya se han puesto sobre la mesa estas vías democráticas y legales para restituir estas tierras. El núcleo que cree que no hay que confiar en las organizaciones, ni en los órganos democráticos es una expresión muy minoritaria. Esto ocurre por un hecho político sustantivo porque si este camino de la fuerza tuviera una mayoría en el pueblo mapuche ocurriría un alzamiento de todas las tierras indígenas. El Estado y los pueblos indígenas de alguna forma han establecido soluciones mínimas que permitan la convicción de que si se puede resolver el conflicto por vías pacíficas y fórmulas políticas. Los pueblos indígenas fueron ampliamente representados en el debate constitucional, y si se aprueba, estarán constituidos en la leyes chilenas y esto ensanchará las fórmulas pacíficas entre Chile y el pueblo mapuche. Tu comprenderás que cuando no se observan caminos de solución hay otros actores que aprovechan este impasse y meten presión a la fuerza.
¿A usted le correspondió tratar con Llaitul cuando estaba en el gobierno de Ricardo Lagos?
-No, la conversaciones que hubo fueron fundamentalmente con el Movimiento Wallmapu y el Consejo de Todas las Tierras. Cuando algunos dirigentes de estas agrupaciones se desprendieron se forma la CAM. A partir de aquí ya no hubo un diálogo institucional y se mantuvo que el informe no era bastante representativo. La primera señal de acciones de fuerza aparecen en diciembre de 1997 en la central hidroeléctrica Ralco. El gobierno de la época estaba absolutamente comprometido para que si o si se construyera la hidroeléctrica, pero para esto había que evacuar 100 familias pehuenches, es decir erradicarlos para poder inundar la represa. Esto generó una crisis muy profunda, finalmente todas fueron evacuadas contra su voluntad. Un escenario demasiado dramático en que un grupo de indígenas dirigentes dijeron que se habían acabado las negociaciones y aparecieron las primeras maquinarias incendiadas.
Imagínese que a usted le toca estar en el gobierno y tiene que hacer algo con estas declaraciones ¿Qué cambio haría?
Si yo estuviera en el gobierno realizaría una gestión gubernamental de trascendencia para establecer conversaciones con quienes realmente tienen influencias en el pueblo mapuche. Los caciques. El poder político ancestral de los caciques es muy grande y ellos están en un diálogo con el estado en una postura crítica. Yo haría una señal y pronto, con motivo de los 29 años de la ley indígena que fue promovida en 1993. Yo confiaría en plantar una política de diálogo intensa. Ahora dirán ¿Cómo se va a dialogar con 2600 mapuches? Pero esto ocurre porque hay un parlamento indígena en donde los caciques hablan en nombre de las comunidades, ahí hay una tarea de cómo enfrentar aquello y todo lo que escape de un diálogo político violento el Ministerio Público se tiene que hacer cargo. Luego haría la convocatoria oficial para establecer diálogo. Si hay alguien que dice yo no voy a ningún diálogo eso es una decisión de ellos, no del Estado. Las autoridades ancestrales, caciques y loncos, los dirigente Chancos, Collas y diaguitas. Nada de esto ha ocurrido en nuestro país pero se debería hacer.