Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Jaime Soto Silva, Director de la Clínica Jurídica de la Universidad San Sebastián.
Hace algunos días, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en compañía de la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, dieron a conocer el Registro Nacional de Deudores que regirá en todo el país a partir del 18 de noviembre. El objetivo es promover y garantizar el cumplimiento del pago de pensiones de alimentos, sancionando a quienes no cumplan con sus obligaciones, sistema que estará a cargo del Registro Civil. Recordemos que, con los retiros del 10% de los fondos, se optó por retener el dinero de quienes figuran como deudores de pensiones alimenticias. En esa línea, Orellana comentó que “a través del 10%, tuvimos un volumen de 900 millones de dólares retenidos, y solicitudes de alrededor de 600 mil liquidaciones de deudas”.
Cuéntenos detalles de este registro…
“El tema de las pensiones alimenticias impagas era algo bastante oculto hasta que vino el retiro de las AFP. La creación de este registro es el 18 de noviembre, 6 meses después hay una nueva ley donde se permite que el tribunal pueda buscar bienes del deudor e incluso puede retener su fondo de pensiones. En resumen, se hará costoso no pagar la pensión para los deudores”, señala Jaime Soto Silva.
¿Nos puede explicar en qué consiste esta nueva ley y quienes entrarán en ella?
“Este registro se creó con el fin de hacerle más complicada la vida a los deudores. Entrarán aquellos que están acusados judicialmente, tiene que deber por lo menos 3 pensiones continuas, la madre va al tribunal y pide que se liquide la deuda y así entra a este registro. Las consecuencias son variadas, antes había arresto, arraigo y se quitaba la licencia de conducir. Ahora, está vigente todo eso, pero se agrega una serie de cosas nuevas. Si va a pedir un crédito y supera las 50 UF, esta entidad está obligada a ver si la persona está como impaga y todo lo que tenga se le dará a la madre del niño. Si el deudor quiere comprar un auto, el registro civil tiene que ver primero con el registro de deudores”, indica el Director de la Clínica Jurídica de la Universidad San Sebastián.
¿Hay harto cruce de información?
“Esta es una implementación que debe pasar por los tribunales de justicia, en los retiros del 10% los tribunales explotaron, ahora ya están con retrasos. Eso es un gran desafío y lo segundo es con las instituciones que deben estar enroladas con este registro. Hay muchas instituciones que deben sumarse a esta nueva plataforma, porque si no consultan o retienen ciertas transacciones hay multas hacia ellos”, asegura Jaime Soto Silva.
¿Desde ya tiene desafíos?
“En algunos países estos registros fracasaron porque no tienen la robustez para crear todas estas líneas, nosotros tenemos registros automatizados y estamos bastante avanzados, pero hay que ver el tema cultural y cómo se aplicará la ley a través de los tribunales”, afirma el Director de la Clínica Jurídica de la Universidad San Sebastián.
A partir del 18 comienza este registro de deudores de pensiones…
“A diferencia de cualquier otro acuerdo, los temas de familias no solo requieren acuerdo, sino que además una aprobación de un tribunal. Las causas que pasan a inmediación, esas tienen que ir a un tribunal de familia y si hay deuda, esos padres deudores entrarán a este registro”, concluye Jaime Soto Silva.