Un estudiante de 15 años del Instituto Nacional fue apuñalado al interior del recinto en medio de una tocata. De forma paralela, un grupo de estudiantes salió del colegio para realizar barricadas y lanzar bombas molotov.
Estos no son los únicos casos de incidentes con armas dentro de un recinto estudiantil. Ya que en la Escuela Padre Patricio Cariola de Antofagasta, se supo de un caso en donde alumnos de 13 y 14 años ingresaron al lugar con un arma de fuego que habían comprado en una feria de las pulgas, según dichos de los mismos involucrados.
Jorge Varela, director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo conversó al respecto de estas situaciones en Palabras Sacan Palabras.
¿Cuál es el diagnóstico? La pandemia, el encierro, la salud mental…
Estas noticias nos alertan a todos, aún hay hechos de violencia extrema. A pesar de que sean casos más focalizados no dejan de preocuparnos, son de alta peligrosidad y generan un impacto muy negativo en las comunidades escolares. Se hace difícil trabajar.
¿Por qué pasa esto?
Cuando queremos explicar esto tratando de ver factores individuales. Cuando nos queremos defender lo hacemos de manera violencia, pero también tiene que ver con el entorno en el cual crecemos. El uso de bombas molotov o uso de armas pareciera ser que se valida por este grupo. Como se expresan y para algunos grupos es válido la violencia, avalan esto.
¿Se le puede adjudicar aún a la pandemia?
Yo creo que la pandemia aún tiene efectos porque la cobertura aún no llega a todos los grupos. Muchos colegios han establecido maneras de convivir en sala de clases, pero algunos estudiantes necesitan otro tipo de apoyo y aún no han llegado a ellos. Los colegios públicos no pueden hacerlo por su cuenta, y las familias hacen a veces todo más difícil.
Con el tema aula segura y lo que ha pasado estos días ¿Qué visión tiene de esta ley?
Hay varios elementos. El juicio de aula segura lo hice en el 2018 y había harto consenso en distintos equipos, que no iba a ser muy efectiva porque se iba a tapar el sol con un dedo. Si es validado con un contexto, sacar un estudiante es mover una pieza. Este estudiante traslada ese comportamiento a otro contexto. No modifica la raíz ni el problema de fondo. No modifica la conducta porque es reemplazada. Hay que meter fiscales especializados y ver cuales son estos grupos. El paso siguiente es entender cuáles son estos grupos y que motiva a un adolescente ir armado a un colegio. Cuando entiendo la raíz de un problema tengo más posibilidades de intervención. Más que expulsar a un joven es ver como reparar el daño que se hizo en una comunidad. Los profesores están totalmente sobrepasados.
Cuando hablamos de aula segura se cree que es bastante razonable… ¿Hay experiencias similares que hayan pasado en otras partes del mundo?
En algunas partes de Estados Unidos o Canadá funciona pero son más sofisticados que nuestro sistema de justicia juvenil. Es difícil montarlo en nuestro contexto si no se le ponen más recursos. Allí trabajan con el joven y con su familia. Se tratan los problemas de adicción en vez de tenerlo en una cárcel, se busca tratar de conseguir medidas alternativas.
Si usted fuera el ministro ¿Que haría en este caso? ¿Cuál sería el plan?
Necesitamos información clara de esto. Es distinto que un adolescente tenga problemas de regularización a que forme parte de un grupo. Hay que hacer un trabajo más individualizados. Hay que tener más dispositivos y trabajar uno a uno, por eso son más caros. Hay que saber que opinan las familias detrás de estos estudiantes. ¿Sabrán lo que hacen sus hijos? Eso habría que ponerlo encima de la mesa.
Muchos directores plantearon que son “sheriff” ¿Que se responde a eso?
Tienen toda la razón, la salud mental le corresponde a otras personas. Le estamos atribuyendo todos los males del problemas. Se necesita gente especializada.