Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Sarai Ponce.
Hoy entra en vigencia la Ley N°21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el Sistema de Pago de Pensiones de Alimentos. Su funcionamiento será electrónico, de acceso remoto y gratuito. La idea es que se permitirá consultar, en un solo acto, todas las inscripciones vigentes que afecten a una persona en calidad de deudor de alimentos.
¿Qué se podría decir como una mirada amplia de este registro?
“Este registro viene a garantizar el cumplimiento efectivo de las pensiones alimenticias. Es un registro automático de las pensiones. Los que tengan deudas anteriores, deben tener 3 pensiones continuas adeudadas o 5 discontinuas. Constatar eso en el sistema y el tribunal deberá remitir esto al registro civil. Habrá instituciones que tendrán que ver este registro, como las entidades bancarias. Si la persona que solicita un crédito mayor a 50 UF se retendrá ese dinero y se enviará el dinero a la cuenta donde se deberían pagar las deudas alimentarias”, señala Sarai Ponce.
Es una suerte de DICOM. ¿Cuáles serían esas sanciones?
“Es incluso más estricto que el propio DICOM. Al momento de querer renovar la licencia de conducir, habrá que ver si la persona está en el registro, lo mismo con el pasaporte. Al querer vender un inmueble o vehículo, el funcionario tendrá que ver si la persona está inscrita en el registro. Se permite una innovación de poder retener la indemnizaciones por los años de servicios, retener la devolución de impuestos, retener las remuneraciones y trae algunas restricciones para poder acceder a algunos beneficios del estado, lo mismo cuando se quieran presentar a algunos cargos públicos”, indica la académica.
¿Será una página web?
“Va a ser un registro público, podrán acceder el interesado, el deudor, el alimentario, el tribunal de familia y otras instituciones, bancos, conservador, municipalidades, el propio empleador al momento de querer pagar el finiquito”, afirma Sarai Ponce.
“Va a ser un informe donde aparece el RUT del deudor, la deuda y el número del tribunal”, asegura la académica.
Esto es como un cambio de paradigma. El estado se hace cargo y no la mujer. ¿Funciona como de oficio?
“Esperemos que funcione de manera automática, no pasará ni por la voluntad del alimentario, sino que el tribunal tiene la obligación de informar al registro civil. Antes las restricciones para los deudores eran como la pérdida de la licencia de conducir, no poder salir del país, pero esto será aún más eficaz. La mamá no tendrá que ir todos las semanas al tribunal”, asevera Sarai Ponce.
Esto podría generar un desincentivo para dejar de ser deudores…
“Claro que sí, lo que acarrea es bastante perjudicial para el deudor. En mayo de 2023 comenzará a regir una ley que contempla esto. Va a permitir al tribunal de familia tener mediante interconexión el registro de todas las cuentas del deudor. Si no se encuentra nada en estas cuentas, se generará un informe del monto de fondos y que se puedan pagar con esos fondos la pensión de alimentos”, plantea la académica.
Uno podría tener algún acuerdo que haya firmado en una notaría o a través de un mediador, para que sea válido. ¿Hay que pasarlo por el tribunal de familia?
“La ley autoriza someter ciertas materias de familias, a una instancia de mediación previa. Si se llega a acuerdo se llega a un acta y esa se levanta. Lo importante es que el alimentario en la etapa de cumplimiento no necesita el patrocinio de un abogado. En la página web se pueden conseguir trámites, es todo más expedito”, comenta Sarai Ponce.
¿Todas estas resoluciones son de causas judicializadas?
“Sí o mediante un acuerdo de mediación. Los acuerdos de palabras quedan fuera de este mecanismo”, puntualiza la académica.
Aquí hablamos un poco de cómo funcionan los tribunales de justicia. Hay una lentitud de cómo han funcionado…
“Hace poco volvió gran parte de los funcionarios, pero hay una parte que sigue con teletrabajo. Lo que aquí es relevante es que los sistemas del tribunal y la labor que también tendrá el registro civil, se necesitan esfuerzos por parte del poder judicial, pero también por parte de las otras instituciones”, agrega Sarai Ponce.
¿Existen fondos asignados a este registro?
“Hay un fondo y de hecho eso va a permitir que el registro civil lo lleve y será gratuito”, añade la académica.
Ahí aumentaron las peticiones para judicializar o formalizar muchos de estos acuerdos. ¿Los tribunales ya están colapsados?
“En general hay una falta de jueces, los funcionarios hacen las labores, pero falta el personal suficiente para poder gestionar este tipo de cambio y ojalá que se pueda hacer de la mejor manera posible hoy día”, concluye Sarai Ponce.