Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Esta semana el Gobierno presentó el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que contempla un presupuesto de 39 mil millones de pesos anuales y que tiene como ejes principales el desbaratar bandas criminales y fortalecer las instituciones del Estado. Al respecto, desde la Fundación Paz Ciudadana sostuvieron que este plan debería haberse enmarcado en una política nacional de seguridad pública. En tanto, en conversación con radio Futuro, el ex director de seguridad del ministerio del Interior, Jorge Araya, planteo que la iniciativa no es nueva, por puntos que se habían anunciado antes, y dijo que se mantendrá a la espera de ver en concreto los resultados.
En terminas generales ¿Cómo siente que se ha decantado este plan?
“Creo que es la primera vez que el país tiene esta política, no se ha construido previamente. Uno hubiese esperado que Chile tuviera antes esta política, esta amenaza del crimen organizado está hace muchos años atrás. Es natural que surjan sugerencias, pero esta política tiene una fortaleza que se construyó con Carabineros, se trabajó con la PDI, con gendarmería, con el ministerio Público, con Aduana. Esta política tiene una fuerza constitucional. Lo que busca es dotar al país de algo que es esencial, que todas las instituciones del estado colaboren, que lo hagan detrás de una estrategia común. El plan tiene 10 ejes que se hacen cargo de lo que les está pasando a los chilenos en temas claves, como armas, como las capacidades de las policías para investigar, desarticular bandas criminales, se hace cargo del lavado de activos, me parece que es un aporte, como toda política habrá que evaluarla en marzo del 2023”, señala Manuel Monsalve.
Hace una distinción entre una política y un plan… ¿De estos ejes se bajará un punteo específico?
“No es general, ahí hay un matiz. El plan nacional plantea el bloqueo de los teléfonos desde las cárceles. Desarticularemos bandas que operan de Colina 1, que daban órdenes desde ahí. No solo tiene esa medida escrita, están las bases de la licitación escritas. Es una manera muy concreta. La segunda, se transfiere recursos a gendarmería para que tengan drones para vigilar el perímetro de las cárceles, para que no se lancen teléfonos o drogas. Tendrán controles de rayos X, tiene una segunda medida concreta. La tercera concreta que es un problema del crimen organizado, que coordina a partir de la información dentro de las cárceles, se incautaron armas, drogas u otro tipo de equipamientos que estén dentro de las cárceles. La agenda legislativa, los proyectos de ley están identificados para golpear y quitarles sus patrimonios a las organizaciones de narcotráfico. La ley de narcotráfico entrega facultades para quitarles ese patrimonio. La agenda es muy nítida, clara y contundente”, indica el subsecretario del Interior.
¿Cuándo cree que esta serie de medidas y este plan pueda ser evaluado?
“El Presidente ya fijó un punto de evaluación en marzo del 2023. Hay urgencias, la seguridad es una urgencia, las personas perciben el temor que producen los delitos violentos. La mayoría, no todos, están vinculados a asociaciones criminales que están ligadas al contrabando, a las armas. El país debe tener un horizonte. Ahora, evidentemente es natural exigir resultados de corto plazo, pero un país que quiere mantener la seguridad de manera sostenida también debe exigir medidas de largo plazo. Creo que esa es la virtud de la política. Algo que los chilenos ven que ha ocurrido más en cantidad y con más violencia que son los homicidios con armas de fuego. Uno de los ejes de la política es quitar las armas de fuego y hay medidas bastante específicas, como lo de Aduanas, que es impedir que las armas entren a Chile. Implica capacitación al personal de Aduanas. Estamos haciendo un convenio con otros países, como Estados Unidos, para que vengan a capacitar al personal. Tenemos un plan de fiscalización que ya partió hace 4 semanas, hay cosas muy concretas y eso nos da una fortaleza. Cuando hablamos de armas, ¿Con quién trabajamos? Con la PDI que hace el operativo, incauta armas, tienen estudios de cómo llegan esas armas. Lo trabajamos con Carabineros, con Aduanas. Lo que planteamos es que está construido con quienes todos los días trabajan para incautar armas. Conocen las fortalezas y debilidades”, afirma Manuel Monsalve.
El tema de la formación de Carabineros… Ahora se pone el foco en el fondo que se le dará a nuestros policías…
“En el punto 9 de los ejes de la política general se hace mención a la reforma en las policías de darle más eficacias, mejores competencias para el desempeño en la lucha del crimen organizado. En la política no está la reforma, el Presidente se lo encargó al ministerio del Interior”, asegura el subsecretario del Interior.
¿Cómo observan lo del Fiscal Nacional?
“Es importante detenerse un poco y ver como lo observan los chilenos, ese que desconfía de las instituciones pero que espera que las instituciones se pongan de acuerdo. Ayer en el sur de Chile se detuvo a Carbone, eso es posible gracias al trabajo del ministerio público, Carabineros no lo puede hacer solo. Por eso es importante la elección de un Fiscal Nacional para un país. La discusión de ayer, ¿Es eso lo que se está discutiendo? El Presidente ha planteado que lo que se requiere es que el Senado le ponga orden a esa discusión y luego que ponga reparos a lo que quieren”, plantea Manuel Monsalve.
Uno se pregunta en traspasar quizás el costo al Senado… ¿Por qué tensionar esta elección si se sabe que Herrera no tenía los votos?
“Lo importante es lo que está en la mente del Presidente, esto no lo puede pagar el país. Si Marta Herrera no era la candidata de la UDI, por qué no querían votar por ella. Entonces, ¿cuál era el candidato de la UDI?”, argumenta el subsecretario del Interior.
¿Las declaraciones de Herrera le hacen sentido?
“No me manifestaré de aquello, no tengo antecedentes sobre eso”, asevera.
¿Le parece razonable?
“A mí me parece que las personas no pueden pagar un costo por hacer sus trabajo y parece ser que un fiscal o abogado que hacen su trabajo, no se le puede castigar por eso. No tengo porque dudar de lo que ella ha dicho”, concluye el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.