Tras declarar admisibles los siete requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas a raíz de los indultos otorgados por el Presidente Boric, el Tribunal Constitucional ofició al Ministerio de Justicia solicitando dos medidas para resolver la situación. En primer lugar, la magistratura solicitó copias de los expedientes administrativos mediante los cuales se tramitaron los decretos de los beneficiados. Pero además, pidió a la cartera de Justicia que se envíen copias digitalizadas de todos los decretos supremos que concedieron adultos particulares desde la entrada en vigencia de la Ley N° 18.050, en el año 1981. En Palabras Sacan Palabras conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al respecto.
¿Cómo han sido estas dos semanas en el cargo?
«Han sido intensas. Ha sido un aterrizaje movido pero muy apasionante. He estado con mucha actividad desde que llegué».
¿Qué nos puede decir sobre el crimen organizado y el accionar de las bandas? ¿Cuánto ha cambiado dentro de las cárceles el modus operandi?
«Hay algunas cosas relevantes en torno a la agenda de seguridad. El ministerio de Justicia presentó un proyecto reciente que hace entregar mayores atribuciones a Gendarmería y crea el delito general de extorsión para combatir el crimen organizado. Particularmente en el último año lo que se ha venido haciendo es mejorar la capacidad de gestión, protección e infraestructura. Por ahora, es un proyecto clave para nosotros que busca reformar las atribuciones de Gendarmería. Es un proyecto en el que existe consenso en el Congreso y que es una de las prioridades legislativas para el primes semestre de este año».
Usted aterriza en medio de los indultos, ¿En qué están los procesos?
«La discusión es relevante. La oposición utilizó como estrategia ocupar todos los elementos legales. Se debe tener cuidado cuando la política ocupa herramientas legales y puede terminar generando efectos no deseados. Esto provoca que la otra impugnación que existía de Contraloría, no pueda decir ni pronunciarse y por tanto hoy en día la discusión jurídica sobre los indultos está concentrada en el Tribunal Constitucional. Yo lo que advertí en su oportunidad, es que los argumentos que sostenían esos requerimientos no apuntaban a los siete indultos solamente. Ahí se está objetando la potestad del indulto propiamente tal. Lo que ha pedido el TC era bastante obvio: para poder enjuiciar se debe tener en conocimiento de la manera en cómo se ha venido realizando en el pasado».
«Lo que hace el tribunal es pedir copia de todos los indultos desde 1981 a la fecha para tener un orden de magnitud. Desde el retorno a la democracia se han otorgado cerca de 1.600 indultos. Entre 1981 a 1990 se está buscando los antecedentes».
«Con los años, las distintas administraciones han ido agregando motivaciones. Anteriormente era práctica o nula la motivación. Esta discusión será sobre la forma de desarrollo y cómo se ha ejercido la potestad de indulto».
¿Eso es una interpretación que el Tribunal Constitucional pueda hacer pueda impugnar los indultos?
«Lo objetado son siete indultos. La razón para obtener cómo se dieron los indultos es para contrastar. Lo segundo es que si el Tribunal enjuicia, la manera en como se ejerce la potestad delegada tiene un efecto en los indultos que se han realizado anteriormente».
¿Cuál sería ese efecto posible?
«También podría ocurrir con los indultos que están realizados. Distingamos la contingencia del tema más sustantivo. Lo que subyace a esta discusión es cómo las anteriores administraciones han realizado diversos indultos».
«La competencia del TC es solo la conformidad de los actos con la Constitución. Todos otros debates, sobre si esos actos son contrarios a la ley o hay un problema de legalidad, no es de competencia el TC. Hay varios aspectos técnicos».
¿Ese efecto cree? ¿Qué el Tribunal Constitucional está excediendo su potestad?
«No. En ningún momento he dicho eso. Lo que digo que esta discusión es tan relevante que el Tribunal prefiere mirar retrospectivamente. Es un argumento contexto».
Y la decisión de la Contraloría de abstenerse, ¿Le pareció lo más lógico o predecible?
«Es más menos lo que establece la ley. La ley orgánica de Contraloría establece e impide que Contraloría se pronuncie en hechos de carácter litigioso. Esto suele ocurrir cuando se dan este tipo de situaciones».
Cuando usted supo lo que había hecho Contraloría, dijo que era con fines agresivos.
«Esto lo dije cuando presentaron el requerimiento. El requerimiento no solo apunta a las cuestiones de méritos, sino que cuestiona a la manera en que se ejerció la atribución. Me parece que es una estrategia legal agresiva y cada uno se hace cargo de cómo utiliza esas estrategias legales. Es mi responsabilidad como ministro de Justicia, dada la manera en como se formularon los requerimientos, no solo defender estos siete decretos, sino como los restantes ministros y ministras han realizado los indultos».
¿Qué está haciendo la justicia para encerrar derechamente a sujetos que están sueltos? ¿Cómo asume esa sensación de ambiente donde ha visto que en las encuestas está el tema seguridad?
«Lo miro con preocupación como cualquier ciudadano, lo que pasa es que como Ministro de Justicia no tengo mayores atribuciones. El sistema de enjuiciamiento criminal descansa en un órgano con autonomía constitucional para la persecución que es el Ministerio Público. El nuevo Fiscal Nacional ha mostrado una estrategia. Ha tenido un discurso y sentido con lo desarrollado».
«El funcionamiento del sistema judicial. Nosotros hemos estado trabajando por mucho tiempo es la aprobación y publicación de la Ley de Reinserción Juvenil, que pone fin al Sename. Esta ley viene a buscar una reinserción que ha sido esperado por muchas administraciones. Este proyecto tiene plazos de implementación que ya comenzaron a correr. En el norte en 2024, en el sur en 2025 y en el centro del país en 2026. Supone una manera de vincular diversos actores del sector público para buscar y garantizar la reinserción de los jóvenes para cortar el vínculo delictual».
¿Qué otra diferencia se puede hablar sobre el sistema de reinserción social? ¿Cuál será el deber del Estado?
«Hay dos grandes ámbitos que uno puede sintetizar. En primer lugar, exige a los participantes del sistema de justicia especialización. Hay que tener fiscales y jueces especializados para abordar este conflicto. La ley obliga a una especialización. Esto supone de capacitación y lo vamos a dedicar en el tiempo. En segundo lugar, tiene que ver con los programas de trabajo intersectorial. Ya no solo involucra a justicia y a otros actores. Para tener éxito es que el modelo de gestión pública aborde una mirada más integradora».
Por otro lado, una de las problemáticas se ven en las notarías y Conservador de Bienes Raíces ¿Qué es la desnotarización?
«Tenemos dos vías distintas. Una que apunta a los notarios y hay una ley que busca un mejoramiento».
«Lo que se anunció como proyecto principal de la agenda de productividad es el que han escuchado como desnotarización. Es un proyecto de ley que tiene por propósito suprimir las exigencias en trámites administrativos para que su validez sea certificado a través de notarios. Esto va desde la ley general de urbanismo y construcciones hasta la ley de gas, servicios y sanitarios».
«¿Por qué es relevante? Porque en la medida que reducimos las exigencias burocráticas, podemos dar mayor dinamismo a la economía. Con los años hemos ido mejorando los mecanismos de autentificación. Un caso concreto es la importancia que ha jugado clave única que se vio en la pandemia».
«Otra de las leyes que está en implementación es la ley de transformación digital, que no solo permitirá cero papeles, sino también un domicilio digital desde dónde se puedan gestionar trámites. Lo que hace el proyecto de desnotarización es identificar cuáles son y señalar que las administraciones públicas no puede imponer obligaciones de este estilo que no sea expresamente establecido por ley».
«Esto hace buscar una gestión más amable con el Estado y del dinamismo que se realiza con la administración. Esto busca suprimir este tipo de exigencias».