Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el abogado y experto en derecho público, William García.
La semana pasada, el alcalde de comuna de La Florida, Rodolfo Carter, llevó adelante su plan para combatir narcotráfico. El operativo tiene contemplado un total 20 narco-casas a demoler, y no estuvo exento de polémicas. En la vivienda demolida, una exbarbería, se había constatado la comisión de delitos ligados a drogas y que correspondería a la banda de “Los Macacos”. Sobre la forma de abordar esta problemática, las tensiones en los vecinos de los territorios afectados y los límites que tienen los municipios para llevar adelante estos procedimientos en conjunto con el Ministerio Público y policías, lo conoceremos con el siguiente entrevistado.
¿Cómo se entiende y cuál es la justificación empleada por el alcalde Carter?
“Efectivamente, el municipio hace toda una justificación de esta facultad. Esta facultad la tienen todos los alcaldes de desalojar y luego demoler, las viviendas que no tengan permisos y disposiciones de la ley de urbanismo y los planes comunales. Se trata de una facultad que se ejerce bastante, aunque no pareciera tanto. Es el último recurso que tienen los alcaldes. Es extrema, porque significa la destrucción de viviendas, pero se realiza mucho”, señala William García.
“Se ven las dos caras del Estado: en una presta ayudas y en otras se ejerce esta facultad. Creo que los alcaldes se atreven cada vez más”, indica el abogado y experto en derecho público.
¿Qué nos puedes decir sobre las atribuciones que tienen los municipios en materia de narcotráfico?
“Eso nos llama la atención. Es necesario ser enfáticos en que los alcaldes no tienen facultades de perseguir delitos. Toda la finalidad de la ley de urbanismo. Si bien autoriza a demoler viviendas que no tienen permisos de seguridad ni salubridad. Se trata de una facultad pensada para la seguridad constructiva de la vivienda”, afirma William García.
“La justificación del alcalde Carter, no corresponde a la finalidad previsto por ley”, asegura el abogad y experto en derecho público.
¿Puede ser de carácter comunicacional?
“Imaginemos, qué pasa si todos los alcaldes de Chile decidieran utilizan esa disposición. Los problemas que abre una justificación por la que emplea el alcalde Carter, abre otros problemas jurídicos que no están mencionados”, plantea William García.
De fondo hay un criterio básico de enfrentar el narcotráfico, ¿Qué tan importante es la forma?
“Desde luego. Si le vamos a entregar la facultad de persecución de delitos al Estado, debe hacerse de buena manera. El Ministerio Público es la entidad encargada de perseguir e investigar los casos y delitos. Por eso, llama la atención que el alcalde justifica la utilización de esa norma con algo más de fondo. Es sensible, pero parece raro cuestionar esta medida. Sin embargo, ¿qué ocurre si otro alcalde ve o piensa que hay otro tipo de delito que se esté realizando y quiera tomar esta medida?”, complementa el abogado y experto en derecho público.
“Lo que está haciendo el alcalde con esto es aumentar los votos para próximas elecciones. Así como el Estado persigue estas infracciones, por otro lado busca apoyar a aquello que no se dedican profesionalmente a la construcción. Ayuda a regularizar las modificaciones que se edificaron sin normas y se lleva e insta a que regularicen. La cara buena y mala del Estado, se conjugan en ese sentido”, concluye William García.