Tras ocho años de investigación, durante esta tarde se dio inicio al Juicio Oral por el Caso SQM por financiamiento ilegal de la política. El Ministerio Público solicitó 818 días de presidio y multas por cohecho al exsenador UDI, Pablo Longueira. Por su parte, para el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (PRO) arriesga cuatro años de cárcel por delitos tributarios. Se estima que el juicio se prolongue entre 18 a 24 meses, de los cuales los acusados deban asistir diariamente a las audiencias.
La defensa de Longueira recurrió ante el TC para impugnar esta norma. Cabe señalar, que desde el tribunal abordarán esta situación en el inicio de la audiencia. Además, en este caso de financiamiento hay otros seis acusados que serán parte del proceso de juicio oral.
Hoy en Palabras Sacan Palabras conversamos con el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente y abogado, Octavio Del Favero, quien habló del inicio al Juicio Oral por el Caso SQM.
¿Por qué ha durado 8 años la investigación? ¿Cuál es tu primera mirada sobre este caso?
Ha sido un juicio e investigación muy larga. Como fundación, como parte querellante, entendemos que la extensión tiene que ver con la complejidad del caso. La estructura y redes que estableció SQM con los partidos políticos es grande. 196 personas fueron investigadas en calidad de imputados. Efectivamente, muy pocas han llegado a algún tipo de sentencia. Solamente 10 recibieron sanción. A nuestro juicio, la complejidad del sistema y la forma en cómo operó, se entiende la extensión de la investigación.
¿Qué pasa con Longueira? ¿Por qué menos tiempo que MEO?
Lo que ocurre es que las acusaciones son diferentes, sin embargo, ambas constituyen una misma forma. Para Longueira, el delito de cohecho subsiste y tiene su base en un intercambio de correos. Cuando Longueira era senador, recibió instrucciones de un alto cargo de la empresa para introducir una norma en beneficio a propósito del royalty minero que se estaba buscando posterior a la reconstrucción del terremoto en 2010. Esta evidencia, muestra que Longueira hizo gestiones personales con el gobierno y el congreso para que esa norma, redactada por SQM, quedara escrita en la ley. Longueira la presentó como propia y no desde donde veía escrita.
Esa ley está vigente hasta el 2025 y la empresa está siendo beneficiada en materia tributaria. Longueira fue lejos el político, que en base a documentación, recibió más dinero por parte de SQM cercano a mil millones de pesos. En sus funciones, el favorecer a un privado, en lugar del interés general de los chilenos, recibe esa figura. La empresa SQM logró separar aguas de su Gerente General. Esta empresa logró una salida alternativa con la fiscalía.
¿Qué pasó con la situación judicial de Iván Moreira?
Moreira estuvo investigado en Caso Penta y una salida alternativa pactó para no tener penas mayores. Moreira hizo efectiva una salida alternativa para no llegar al Juicio Oral. Las penas no lo inhabilitan a nada. La falta del juicio oral es la publicidad. Todos podemos ver lo que estaba ocurriendo. En el Caso Penta, no pudimos conocer la envergadura y cómo se hacía el mecanismo. En el Caso SQM tenemos quizás la última oportunidad del sistema judicial para mejorar el balance de opacidad e impunidad.
¿Se puede reivindicar la justicia en ese sentido?
A nuestro juicio sí y por coincidencia, se está iniciando el mandato de un nuevo fiscal nacional. El empuje que tenga esta fiscalía es muy importante.
¿Cómo han visto desde Ciudadanía inteligente el accionar del nuevo Fiscal Nacional?
Damos el beneficio a la duda. Ha dicho que habrá una persecución severa. La labor que está cumpliendo la fiscalía regional de Valparaíso es con una dirección correcta. Vemos con bueno ojo en cómo está siendo llevado adelante y esperamos que continúe. Esto requerirá del soporte legal para ponerlo en práctica.
¿Por qué Marco Enríquez-Ominami arriesga 4 años de cárcel?
Por los delitos que se le imputan. No hay ninguna investigación que esté vinculada a su labor como diputado. Como candidato presidencial, se le están imputando delitos tributarios de boletas ideológicamente falsas emitidas hacia SQM para canalizar el financiamiento de su campaña presidencial. El delito de cohecho, cuando ocurren los hechos, su penalidad era muy baja y ese es defecto de la justicia. Ahora son mucho mayores. En 2018 aumentaron las penas. La penalidad para delitos tributarios era mayor que el cohecho y eso explica la diferencia de años que arriesga Longueira y Marco Enríquez-Ominami.
¿Está cuantificado lo de Marco Enríquez?
No tenemos esa información. Lo que sabemos es que Pablo Longueira fue por lejos el político que más recibió por parte de la empresa.
¿Qué posibilidad real vean que estos políticos paguen con penas de cárcel?
Nosotros no teneos claridad sobre el tipo de sanción que recibirán. De lo que sí estamos seguros, es que hay elementos y pruebas suficientes para acreditar que los hechos de corrupción ocurrieron. Lo primordial es establecer una verdad judicial respecto a que los delitos de soborno y cohecho ocurrieron en la práctica. Esto debe ser sancionado. Creo que es interesante destacar que no hay solamente pena de cárcel, sino multas y la inhabilidad de estar en cargos públicos.
¿Por qué no hay más políticos imputados?
Lo que ha dejado la investigación es que reveló una fragilidad para investigar este tipo de delitos de corrupción. Primero, hubo un rol preponderante del SII, que instaló una tesis que omitió presentar una serie de querellas para mayores causas en empresas y políticos. Podríamos haber conocido mayores casos involucrados. Ahí hubo un corte y acuerdo. La falta de querellas fueron debilitando las investigaciones realizadas, porque no había el accionar del SII. A nuestro juicio, en el mandato de Abbot, se debilitaron una serie causas de no seguir investigando y se buscaron salidas condicionales. Estas fueron paulatinamente debilitando las fuerzas de las sanciones.
¿Es un error o era realista de lo que se podía lograr?
Es un error a nuestro juicio, porque pasa por una política persecutoria al proceso. Entendemos que la fiscalía no puede perseguir todas las investigaciones. Ahí entra en juego en qué cosas priorizará la investigación por tales causas. Esta causa, por su connotación pública debía ser investigada, cosa que no fue tomada así. Muy pocas personas han sido sancionadas.Todos los casos de persecución política de ilegalidad y financiamiento se llegaron a investigar 260 personas. Solo el 12%, o sea, 31 personas han tenido algún tipo de sanción. Quedan 8 personas pendientes. Esta es la última causa que tiene el sistema judicial para mejorar el balance de impunidad sobre los delitos y ver el compromiso del nuevo fiscal.
Va a pasar una década desde que se conocieron los antecedentes, ¿Qué reflexión te deja eso?
Una de las cuestiones que surgió a propósito de la fragilidad institucional. Luego de que explota SQM y Caso Penta, hubo mejoramientos y se terminaron los aportes de las empresas. Sin embargo, queda al debe el fortalecimiento del Ministerio Público; sus facultades y recursos materiales. La creación de una entidad de delitos de alta complejidad en es clave. Este caso tiene relación con la magnitud de redes y capturas que tenía SQM con la política. Por eso se justifican los ocho años de investigación que lleva el proceso.
¿Qué piensan sobre el nuevo proceso constituyente?
Nosotros planteamos que es muy importante que esta nueva etapa siguiera por la ruta de la democratización de las instituciones. El balance del acuerdo es más modesto. Mantener la paridad en los órganos representativos nos parece un avance y un sentido común. A pesar de que es débil el sistema, nos parece que debe existir un fortalecimiento indígena y eso es importante.El rol de los expertos restringe a nuestro juicio del consejo electo para redactar la constitución. Del papel a la realidad hay un margen. El comité de expertos debe tener una asistencia y deferencia hacia los consejeros.