Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con un ex querellante en el Caso SQM y actual diputado del PC, Matías Ramírez.
Tras una prórroga efectuada el 1 de febrero, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago inició este lunes el juicio oral por el caso SQM, un escándalo ligado al financiamiento irregular de la política. Entre los imputados están el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Recordemos que la prórroga se produjo porque el auto de apertura -resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal e intervinientes la acusación y pruebas que irán al juicio oral- no había sido revisado con sus correcciones finales. El juez que debía revisar el documento no se encontraba disponible en la jornada por uso de feriado legal.
Cuéntanos, ¿Cuál fue tu participación en SQM?
“Nosotros en su momento, como abogado de la región de Tarapacá fuimos querellantes en el Caso Corpesca, el cual mantiene una ligazón con el Caso SQM. Ahí Jaime Orpis realizó boletas ideológicamente falsas. En el caso de Pablo Longueira, se tuvo información y correos electrónicos de como los encargados de SQM enviaban minutas para el proyecto de Royalty minero. Ahí, es donde Longueira firma y lleva adelante esos proyectos de ley”, señala Matías Ramírez.
Sobre la salida alternativa, ¿qué rol tuvo el SII en el proceso?
“Hubo varios vaivenes por parte del SII para presentar querellas nominativas. El abogado del SII se levantó y retiró señalando que no era querellante de la causa. Posteriormente, hubo un descabezamiento del Ministerio Público y eso fue enlodando la arista del Caso SQM. Tengo plena convicción de que Pablo Longueira es responsable de los delitos tributarios realizados. Longueira tuvo una red de caso 46 personas para emitir boletas ideológicamente falsas desde SQM. Ahí, con su accionar también la ley de Royalty benefició a la empresa. Los delitos tributarios y de cohecho son claros”, indica el ex querellante en el Caso SQM y diputado PC.
¿Cuánto influyó el segundo gobierno de Michelle Bachelet? ¿hubo impunidad?
“Hay que recordar que el director del SII era Barraza. Las demandas debían ser nominativas y eso derivó en casos de corrupción. Desde la UDI hasta el PS había personeros mencionados, lo que llevó a la impunidad. En el caso Corpesca, tenía boletas ideológicamente falsas. Eso generó un manto de impunidad, lo que hace cuestionar la institucionalidad a la hora de investigar a los grandes grupos económicos. Falló el SII y el Ministerio Público”, afirma Matías Ramírez.
¿Se avanzó en el marco regulatorio?
“Se hizo un esfuerzo con una ley que aumentó las penas por el delito de cohecho, pero mantiene en un estándar cercano. Si uno lo ve desde la institucionalidad, la estructura del SII y su facultad en perseguir delitos tributarios, sigue siendo la misma. Si hoy encontramos un mismo caso, el devenir sería el mismo. Un reflejo de ello guarda relación con el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional. Eso dejó feliz a la institucionalidad”, asegura el ex querellante en el Caso SQM y diputado PC.
Debiese ser el parlamento quien fortalezca con leyes para prevenir este tipo de delitos, ¿cierto?
“Ahí te das cuenta de que las fuerzas políticas no han cambiado tanto. Nosotros estamos llevando adelante un proyecto para la transparencia de municipalidades. Eso no se ha puesto ni en tabla. Obviamente, el marco institucional, ha tenido cambios pero sigue siendo el mismo del 2015 donde se conocieron los casos de corrupción. Los resultados pueden ser los mismos a los ocurrido anteriormente”, asevera Matías Ramírez.
¿Se repite en muchas partes del país?
“Siempre ha ido un dolor de cabeza el traspaso de dineros. En el caso del exalcalde Torrealba, se extraían dineros públicos mediante juntas vecinales, lo que trae grandes problemas en materia del fraude al fisco. Si tu permites que las municipalidades puedan crear corporaciones y que no sean fiscalizados de rápida manera, los casos de corrupción seguirán ocurriendo. Se requiere la voluntad política para avanzar en estas modificaciones que significa un manto de impunidad. Efectivamente, los responsables no van a dar a la justicia”, plantea el ex querellante en el Caso SQM.
En perspectiva del 2023 y su proceso constitucional ¿Cómo se visualiza?
“Un proceso constitucional muy distinto al visto en el pasado. Es incierto. Esperamos ver qué nombres habrá en el consejo. En lo económico, se sabe que será un año de un crecimiento bajo y esas situaciones van a requerir mayores esfuerzos hacia la clase media y sectores que más necesitan ayuda. Eso será la palestra. En marzo y abril volverán las discusiones de los fondos previsionales y eso genera un ambiente muy adverso. Debemos avanzar en la reforma tributaria y la reforma previsional, ya que son importantes y pueden ir en beneficio en las pensiones de las personas”, reflexiona el diputado PC.
¿No le tienes mucha fe?
“De quienes defendimos el trabajo que realizó el trabajo convencional pasado, creemos que es un proceso incompleto porque restó la participación ciudadana. Cuando vemos en el comité de expertos a Hernán Larraín, uno duda. Esperamos que mejore la composición del consejo para avanzar hacia los cambios”, concluye el ex querellante en el Caso SQM, Matías Ramírez.