La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong decidió citar a declarar a las autoridades del Gobierno anterior. Para una indagatoria por delitos de lesa humanidad durante el denominado estallido social 2019
En concreto, la movida apunta al expresidente Sebastián Piñera, al exministro del Interior Andrés Chadwick; el sucesor en el cargo, Gonzalo Blumel; más Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, subsecretarios de esa cartera.
En ese sentido, el ex fiscal Manuel Guerra estuvo en Palabras Sacan Palabras y se refirió a las citaciones que realizó la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong.
¿Lo sorprendió esta citación del expresidente y exministros?
No, la verdad es que no. Cuando hay querellas que van dirigidas en contra de las personas que están citando, uno no lo esperaba, pero es normal. Es un paso que se realiza y no le encuentro ninguna connotación especial.
¿Qué significa que vayan en términos de imputado?
Al haber una querella en tramitación por un juzgado de garantía, donde se le atribuyen responsabilidades, deben ser en calidades de imputados. Eso no significa que sean culpables. La ley señala desde las primeras actuaciones de ese proceso. La fórmula es que declaren como imputados, más allá de la connotación pública que puede tener. Pueden guardar silencio. No están obligados a declarar. El abogado puede responder las preguntas que lleve adelante el fiscal.
¿Están en riesgos estos exministros y subsecretarios de ir a la cárcel?
Si se logra establecer una conexión directa y responsabilidad, sí. No obstante, lleva cuatro años de investigación y queda mucho por investigar aún. No tenemos precedente en Chile acerca de esta materia. Las actuaciones no constituyen crimen de lesa humanidad. Puede que sea por contingente policial como apremio ilegítimo, pero no hay una política estatal coordinada para apuntar y afectar a un sector de la población. Es diferente llamar a declarar que se le designe una responsabilidad.
¿Por qué no hubo una política sistemática?
No tengo el conocimiento de instrucciones desde los organismos públicos a las policías para que ataquen a sectores por su raza, orientación política y otras. Acá hubo un estallido social con diversos delitos, donde la fuerza pública debió responder para asegurar la seguridad. No creo y nunca vi que hubo una política de delitos de lesa humanidad.
¿Cómo se lee el movimiento desde la fiscalía?
Una causa es delitos de lesa humanidad y otra es una responsabilidad de mando en el contexto de estallido social. Al parecer, se quería saber si existía una responsabilidad del desarrollo e los funcionarios. Me parece que el Ministerio Público conduce la investigación y tiene derecho a esclarecer los hechos. La fiscal ha actuado con ese afán. No le doy otra connotación por ahora. Hay que ver que sucederá después de la declaración. Es poco lo que se ha sabido públicamente sobre las diligencias.
Ahora veremos que ocurrirá después de las declaraciones de las partes. No es mi especialidad, pero genera un revuelo cada vez que se realizan participaciones de personajes políticos. Creo que sin duda puede generar un revuelo mediático, pero procesalmente no creo que se genere una alteración. Inclusive me atrevo a pensar que quieren que esto avance. Están en condición de imputados hace años por la querella presentada. Entiendo que quieren solucionar esta situación.
El expresidente Piñera ya declaró en 2019, ¿No debería variar la línea argumentativa?
Estas causas eran llevadas por la fiscalía de Valparaíso, sin embargo se resignaron estas investigaciones a la fiscal Ximena Chong. Tengo la impresión de que esta solicitud apunta a entregar antecedentes que no habían sido completados antes. Los exministros y subsecretarios han dicho que se apegaron a la ley. Se preocuparon por que las policías desarrollaran su responsabilidad pero respetando los derechos humanos.
¿Por qué es tan difícil probar delitos de lesa humanidad?
Cuando hablamos de actividades de lesa humanidad, se requiere un plan criminal. Una decisión del Estado o agentes destinado a perseguir o eliminar a un sector de la población por sus creencias u otros. Deben ser comprobados y en este contexto es difícil. Se puede decir que hubo fallecidos y muchos heridos. Sin embargo, decir que eso obedece a una planificación instaurada por el Estado o un descontrol en su momento. Hubo un inicio del estallido con una quema de diversas estaciones de metros, se saquearon locales y otros delitos. Creo que lo que vi fue actuaciones individuales que no se ajustaron a la ley, ejecutadas por policías.
Transcurrido el tiempo, se vuelve difícil probar. A las dificultades que ya tiene probar este tipo de delitos, se suma el factor tiempo. Este trámite obedece a responsabilidades de la entrega de testimonios. Esto apunta a investigaciones en el contexto de delitos de lesa humanidad o producto de las responsabilidades del contexto en que se dio. Carabineros tomó aspectos determinados y denunció funcionarios de la propia policía. Hubo casos del mayor de la 46 comisaría de Carabineros de Peñalolén, donde se entregó información y denuncia en contra de funcionarios. Me parece improbable que ocurra.