De la aplicación de la prisión preventiva para extranjeros indocumentados detenidos en flagrancia en territorio nacional, de su impacto en los recintos penitenciarios y del rol de gendarmería en el combate de la violencia y crimen organizado, conversamos en Palabras Sacan Palabras con el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal.
¿Qué piensa usted del criterio Valencia?
«Primero que todo estamos viviendo una situación bastante compleja en materia de seguridad y requiere soluciones complejas. Si hay extranjeros con penas pendientes y son indocumentados hay que buscar soluciones. Se debe descomprimir con esta medida».
Los tribunales acogen seis a uno esta medida, ¿Qué opina?
«El tema de seguridad pública requiere un esfuerzo de todos los actores del Estado. Acá estamos viviendo un contexto complejo y se deben tomar medidas extraordinarias. El garantismo es válido pero ese exceso genera inseguridad y provoca que no entiendan las resoluciones de un tribunal a otro».
El 12% de los presos son extranjeros, ¿Es así?
«Sí, es cercano al 12%».
¿Cómo se entiende el bajo porcentaje de verificación de identidad señalado por Contraloría?
«Se debe aclarar este tema. Los informes de Contraloría detectan brechas y esas se deben superar. El sistema informático de Gendarmería requiere una mejora sustantiva. El sistema debe ser más robusto y confiable. Es necesario.
Otra cosa es decir que ese 0,1% biométrico es lo real. Es un sistema que se inició desde 2016. Hay un control del sistema penitenciario».
Christian Alveal: ¿Los datos de los nacionales están en línea? ¿Qué ocurre con los extranjeros?
«El sistema biométrico es un sistema adicional que se implementa en 2016 para minimizar la fuga de suplantación de identidad. Eso verifica que quien está al frente se deja en libertad. Hay que precisar que toda persona que ingresa a la cárcel lo hace mediante un tribunal. Además, del delito y la causa. En ese ingreso, gendarmería no solo pregunta su nombre, sino además realiza una serie de consultas sobre estatura, señales morfológicas, lo que se traduce en una ficha completa. Con los extranjeros hay un problema adicional, ya que no tenemos un historial de ellos en su país de origen. Generalmente Gendarmería los clasifica en bajo compromiso delictual».
¿Entonces dan el nombre que quieren?
«Puede ser. Cuando ingresa se debe identificar. Luego, si nos percatamos que la identidad no es la dicha, se cambia y se reparan los sistemas internos. Hay un sistema interno con todos los privados de libertad, causas, conductas, tatuajes, características físicas y otros. Cuando se dice que no hay control, no es así. Gendarmería tiene más de 100 años y las fugas están relacionadas con suplantación. Son muy bajas. Los registros en el sistema interno son 70 mil y hay solo 30. Por ejemplo, si hay un terremoto en estos momentos, existen registros para identificar personas que hay. Errores ocurridos como los de Puente Alto, pueden generarse. Pero no se debe quedar esa sensación de que gendarmería no tiene esa base de datos. Se hace de manera constante tipos de censos» señaló Christian Alveal.
Christian Alveal: Respecto al endurecimiento de penas, ¿Qué se hace en vista del hacinamiento?
«Hay un punto relevante y es bueno aclarar. Cuando se habla de mano dura, uno ve que las penas son más cortas en otros países pero son estrictos. Por ejemplo, si un interno primerizo tiene seis horas de visita a la semana y otro reincidente las mismas, debería existir una penalización. En otros países pueden llegar a tener dos horas al mes por su riesgo y en locutorios. No hay posibilidades de tocar a su hijo. Visitas videograbadas. Si existe algo raro, se corta la videollamada.
Un privado de libertad puede costar un millón y fracción. Si nosotros colocásemos un sistema que incentive la no reincidencia, será mejor. No puede ser la cárcel la expresión de lo que ocurre en el barrio criminal. La condena alta no lo hace, la restricción sí. Tuve la oportunidad de estar en Italia y el 41 Bis, de separar la población penal en tres grandes grupos. Población penal en común, internos pertenecientes a bandas y el 10% asociado a jefes de mafias. Estuve en Brasilia, el cual tiene 300 cupos y existían solo 47. Son regímenes muchos más estrictos. Una de las claves es separar la delincuencia común de la que existe en las cárceles».
Todos los extranjeros ingresan con baja peligrosidad, ¿Ha funcionado eso? ¿Cuánto ha cambiado el entorno carcelario con la llegada de extranjeros?
«Ha cambiado y bastante. Uno debe tomar decisiones en virtud del dato. En 2000 el 95% de la población extranjera eran bolivianos y peruanos. En 2020 el 53% de la población eran colombianos y venezolanos. Lo otro importante es que entre 2020 a 2022 la tendencia era la duplicación de venezolanos en recintos penitenciarios. La violencia era completamente distinta. El chileno era un delincuente respetuoso. Te intimidaba para robar. Hoy te matan. Hay otras lógicas criminales que no existían. En más de 33 años de servicio, lo conversamos sobre cómo desocupar la cárcel de máxima seguridad en un sector para habilitar ese espacio para reos de alta peligrosidad en la ex penitenciaria».
Continuó diciendo: «Cuando fui alcaide de la cárcel de mujeres en San Joaquín tuve a cargo 2200 mujeres. Después del incendio de San Miguel fueron trasladadas las imputadas. Se pagan actualmente multas de sobrepoblación en las cárceles. La propuesta fue mejorar las condiciones de habitabilidad en la cárcel de San Joaquín, para traspasarlas desde San Miguel a la cárcel de San Joaquín ya habilitadas. Con eso descomprimíamos la plaza máxima de 4700. Eso da cuenta que dentro del margen algo se tiene que hacer. Dentro de esa continuidad de trasladas reos de baja peligrosidad, es un avance. Son medidas especiales».
¿Está de acuerdo con una cárcel de alta seguridad?
«Estoy de acuerdo con el anuncio de una cárcel de máxima seguridad. En Australia conocí cárceles modulares que son muy rápidas. Es necesaria. Se necesita una cárcel normal. En RM tiene el 35% de la población penal de Chile. La cantidad y calidad es gigante. Se hace necesario una cárcel para la región de Valparaíso, Copiapó y Metropolitana».
¿Debe cerrar Punta Peuco?
«No es de creer. Tenemos una sobrepoblación gigante. Lo que se necesita es construir más plazas. Cuando usted hace el cierre de un penal se deben habilitar otras plazas».
¿Le impactan las cárceles de Bukele?
«Es bastante difícil gobernar con tantas personas. Veo las noticias y desde el punto de vista del diseño, una cárcel para 40 mil personas no es abordable».
¿Qué le diría a los que se entusiasman con esta idea?
«Debe tener una celda en mejores condiciones de habitabilidad. Cuando está sola y no tiene soldados que lo protejan, solo, sin posibilidad de generar ilícitos de la cárcel pasa a ser un castigo. Incorporar el régimen asociado es hacia donde se debe avanzar y no en el aumento de las penas» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, con el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal.