Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.
La fallida compraventa de la ex Clínica Sierra Bella ha sido una complicación para la administración de la Municipalidad de Santiago de la alcaldesa Irací Hassler, con una investigación abierta en Fiscalía y desde el Consejo de Defensa del Estado. Además, el 29 de mayo se fijó la primera audiencia referida al caso. Esta instancia judicial se anunció luego de que el abogado Luis Vergara ingresara una solicitud en representación de Felipe Sánchez, dueño de la inmobiliaria propietaria del establecimiento de salud -San Valentino- con el fin de conocer los detalles de los hechos que están siendo investigados por el fiscal Patricio Cooper.
¿Cómo observan desde el Consejo la situación de este negocio?
“Lo más preocupante es la precariedad de las reglas que atraviesan al mundo municipal. Estas cosas pueden estar pasando en todos los municipios y no darnos cuenta. Cuando hicieron este negocio puede que pensaran que pasaría sin que nadie se diera cuenta, se aprobó por unanimidad. Más de la mitad de los municipios tiene investigaciones penales abiertas. Sin contar los miles de casos que no han sido pesquisados y los cientos de casos que pueden estar en Contraloría y que son responsabilidad administrativa. Hay una sensación de relajo muy grande en el manejo de las platas. Esto es así porque es muy fácil hacer este tipo de operaciones. Los municipios son la primera red estructurales del Estado y no hay una explicación verdadera de porqué nos hemos demorado tanto tiempo en mejorar este sistema”, señala Francisco Leturia.
¿Qué pasa con el caso de Vitacura? ¿Cuáles son los nudos que hacen que no haya transparencia en los municipios?
“Hay muy poco control, es difícil cuando se tienen miles de empleados. En muchas comunas el municipio es el principal empleador de la comuna. Si la gente no está mirando pendiente qué se hace con la plata, los alcaldes se comportan como amos y señores. Lo otro, si existen 345 municipios en Chile, existe más o menos la misma cantidad de Corporaciones y asociaciones. Las municipalidades les hacen un aporte y esa plata pasa a pertenecer, con muchas comillas, a un ente privado. Este ente privado puede hacer lo que quiere. Que Contraloría o el Consejo para la Transparencia entre ahí es prácticamente imposible. No hay norma legal que lo justifique, pero históricamente ha sido un lugar donde los alcaldes hacen prácticamente lo que quieren”, indica el presidente del Consejo para la Transparencia.
Hay que ser justos, de los 345 municipios hay algunos pequeños, rurales. La otra vez conversando con la alcaldesa de La Pintana me comentaba que todo el presupuesto de arreglo de jardines de otro municipio corresponde al presupuesto completo de la municipalidad de La Pintana. Cuando eso pasa, cuando sobra la plata, la tentación es muy grande. Es físicamente imposible fiscalizar todo por parte de la Contraloría. En el caso de Sierra Bella, de no ser porque se conoció por la prensa y la opinión pública esto habría pasado colado”, agrega Francisco Leturia.
¿Es viable que la municipalidad se vea obligada a cumplir el contrato?
“Cuando se dice que se desarmó este contrato, eso no es así. Cuando la alcaldesa dice que se desiste de la compra, realmente dice que va a tratar de desistirse. Para eso tiene que negociar con el vendedor para desistir de la compra. Pero si el vendedor le dice que no, puede exigir que se continúe con el contrato. Que Contraloría diga que no se hagan más acciones no echa abajo el contrato, no lo detiene. Si se lleva a tribunales y se declara el cumplimiento no hay nada que hacer. Es muy improbable que esto se eche abajo. No es un tema que mañana se vaya a solucionar, pero en cierto rigor es un contrato que tiene validez. Las instituciones fallaron en hacer un chequeo antes de que la alcaldesa estuviera jurídicamente obligada a cumplir”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia.
¿Qué elementos se ven en el caso de Sierra Bella que puedan ser constitutivos a falta a la probidad?
“No te puedo decir ninguno con claridad. Es parte de la investigación. Como posibilidades puramente hipotéticas podríamos hablar del precio. Pero se podría incluso demostrar que el precio de 2 mil millones está subvalorado. Este contrato fue llevado al concejo municipal y fue aprobado por ese mismo concejo que ahora está criticando la operación. No pueden decir que no sabían o que no se dieron cuenta. Tienen una responsabilidad de cuidar con el interés de la gente. Hay que exigirles más a todos los sistemas de control internos. Hay que ver qué pasó con el precio, si alguien se benefició y saber por qué aumentó tanto el precio. Me parece un tanto ingenuo pasarles la pelota a los tasadores, porque quien tiene la responsabilidad es quien firma”, asegura el presidente del Consejo para la Transparencia”, asegura Francisco Leturia.
Los funcionarios a los que se les pidió la renuncia el 14 de abril seguirán trabajando hasta el 1 de mayo a propósito de los feriados legales o administrativos correspondientes, ¿qué pasa ahí?
“Hay una arista comunicacional y otra jurídica. Si tú le pides la renuncia a alguien es un acto diplomático, donde la persona puede decidir no hacerlo y en ese caso se le tiene que despedir pasando por un sumario. Cuando se presenta la renuncia hay un periodo donde se tiene que ver si es que está todo bien para su entrega, con un periodo de 30 días para presentar cargos por sumario en caso de responsabilidades. En este caso la alcaldesa ha sido muy clara con establecer cargos en responsabilidades que pueda haber en las personas a las que se les pidió la renuncia. Hay un montón de cosas que faltan por suceder, es un caso que nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Hay muchas acciones legales pendientes”, plantea el presidente del Consejo para la Transparencia.
“La verdad es que hay noticia un poco inflada en la ‘demora’ de la renuncia de los funcionarios, porque en escribir un escrito jurídico, recabar los antecedentes con todos los flancos de este caso para presentar acciones hay una demora mucho mayor a los 13 días que se clamaban en las noticias. Acá pueden pasar, semanas, meses, incluso años antes de que se presenten acciones jurídicas. Esto no se va a resolver ahora. Si es que hay un arreglo va a ser en unos dos o tres años más”, concluye en Palabra Que Es Noticia Francisco leturia.