Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el exdirector de Seguridad Pública y académico de la Usach, Jorge Araya.
En los últimos días, diversas votaciones en el Congreso han estado centradas en la agenda contra la delincuencia. Los senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Púbica de la Cámara Alta, dieron inicio al análisis de las indicaciones presentadas por el Gobierno a la ley Naín-Retamal, en especial al artículo 7 el que ha generado intensos debates en relación a la legítima defensa privilegiada. La oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó a las autoridades chilenas modificar este proyecto sobre la protección de policías. Según el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, la legitima defensa privilegiada “no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos”.
¿Qué te parece en términos generales esta propuesta?
“He sido muy crítico sobre estos hechos. No puede ser que el mundo político pierda el liderazgo. No puede ser que hayamos caído en una vorágine. Hacen un llamado a legislar y se ponen a hacer leyes de manera improvisada. La fusión de los proyectos Naín y Retamal son un caso. Los funcionarios que debían cumplir la ley establecen un marco para la utilización de sus armas. Ahora se está inventando algo para que cualquier funcionado, que se sienta bajo un ataque, pueda disparar. Eso generará drama y cuestionamiento”, señala Jorge Araya.
¿Es una Ley de gatillo fácil?
“Claro que sí. El proyecto de defensa privilegiada es que aparecen otras circunstancias cuando un funcionario se sienta atacado. Por ejemplo, cuando es atacado por dos o más personas, puede utilizarlo. En el mundo, cuando hay descontento y protestas sociales, no hay en la calle delincuentes. Hay manifestantes que atacan a la policía. Se enfrentan lanzándoles piedras y palos. Frente a eso, el Estado debe tener la racionalidad de usar la fuerza y armamento no letal, pero no tengo derecho a disparar. No estoy diciendo que se queden pasivos; deben arrestarlos y utilizar armas no letales. En ningún caso se debe disparar. Ese es el problema del proyecto Ley Naín-Retamal”, indica el exdirector de Seguridad Pública.
¿Esta ley se hace para acabar el movimiento social?
“No, yo no iría tan allá. Creo que hay una presión del general director Yáñez, quien tiene mucho poder y sabe usarlo. Ha visto el debilitamiento del gobierno. Tras haber sido muy crítica la gente con carabineros, ahora el péndulo se dio vuelta. Desde el mundo político es así y Yáñez está aprovechando para tener chipe libre e impunidad de su personal. No es que se haga con objetivo de acallar la protesta social, pero sí el apoyo incondicional a carabineros, cosa que me parece indebida”, afirma Jorge Araya.
¿Le parece que la solución que se da en el Senado es más racional?
“Es plausible. Hay una serie de contradicciones desde el Gobierno. Se deja llevar por esta vorágine. Da apoyo y posteriormente ingresa indicaciones. Sectores de la coalición de gobierno apoyan la iniciativa y estos sectores después quedan solos al existir modificaciones. Efectivamente hay buenas razones para decir que deben modificaciones en este proyecto respecto al uso de armas. Debe ser radical el uso de esta legítima defensa privilegiada. Debemos tener razones muy objetivas para quitar la vida de una persona”, asegura el exdirector de Seguridad Pública.
¿Qué otros estándares existen a nivel internacional?
“Prima generalmente la legítima defensa o cuando está en riesgo la vida de una persona. Hay algunos países que han avanzado. Estados Unidos es un caso. Se contempla que si las personas no hace caso a la autoridad o se resisten, pueden hacer uso de su arma. Por eso vemos que hay muchos escándalos y cuestionamientos respecto a lo acontecido. Los sujetos se resisten y la policía usa fuerza desmedida y terminan fallecidos”, plantea Jorge Araya.
“Por ejemplo, en Inglaterra está la policía moderna. Ellos custodiaban las calles con un solo bastón. Cuando se requiere otro tipo de policías para una situación determinada, ahí aparecen grupos de choque y control de la población”, complementa el exdirector de Seguridad Pública.
¿Es más razonable que esté en la justicia militar?
“Este tema está regulado en la justicia militar. No soy experto en esa materia. Lo que se quiere decir hoy es si reformamos el código penal o vamos a la justicia militar. Ahí no me atrevo mucho a meterme en esa temática. Lo que sí, no debemos entrar en estos parches legislativos. Se debe tomar tiempo para pensar bien. Hay que revisar con detalle y meterse a la Ley orgánica constitucional de carabineros. Creo que el Gobierno está frenando estos avances poniendo ojo en la reforma de carabineros donde exista un cambio en los cuerpos legales”, fundamenta Jorge Araya.
Pensando en la ciudadanía y sus preocupaciones, ¿Este tipo de leyes ayudarán a que exista menor delincuencia?
“Esta modalidad y serie de normas que están siendo llevadas adelante del fast track, creo que no es muy delicado para la población el aumento de penas. Es una especie de populismo punitivo, entendiendo que no va detener la acción delictual. Hay una especie de herencia familiar o amigos, de estar en un ambiente criminal. El tipo de conceptos jurídicos y relacionados con las penas no influye la conducta delincuencial”, reflexiona el exdirector de Seguridad Pública.
“Respecto al uso de armas por carabineros, puede generar que vayan más armados para un combate directo con las policías. Esto se debe pensar mucho más. Estos casos no significan que uno niegue que ocurren muchos casos de violencia y delincuencia en el país. Se requiere fortalecer a Carabineros, incrementar el financiamiento y recursos para avanzar. Faltan fiscales y planes de seguridad. Ahí debemos apuntar y seguir”, apunta Jorge Araya.
Hay un debate político que lleva a esto, ¿cierto?
“Sí, es cierto. En una entrevista el alcalde de Maipú decía que ellos fueron muy duros con el gobierno anterior de Sebastián Piñera y hoy están recibiendo ese encontrón. La derecha está siendo una oposición muy dura”, puntualiza el exdirector de Seguridad Pública.
“Estamos en una lucha política cerrada: polariza al país. Necesitamos acuerdos y avances para dar solución a esta problemática”, concluye Jorge Araya.