ENTREVISTAS

Fundación Amparo y Justicia: «Los colegios son espacios donde debe existir seguridad»

Del complejo escenario que enfrenta la comunidad del Colegio San Ignacio El Bosque por las denuncias de abuso sexual en el recinto educativo, las implicancias en materia judicial y proceso investigativo en curso, en #FuturoPQN hablamos con el jefe de políticas públicas y estudios de la entidad, Nicolás Pietrasanta.

Hector Muñoz |

San Ignacio El Bosque Funcaion Amparo Y Justicia Card Web

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Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el jefe de políticas públicas y estudios de Fundación Amparo y Justicia, Nicolás Pietrasanta.

Conmoción genera en la comunidad del colegio San Ignacio El Bosque la denuncia de abuso sexual al interior del recinto. La Fiscalía investiga la participación de 50 alumnos de primer y segundo medio por actos de connotación sexual contra una veintena de niñas de séptimo y octavo básico. Desde la Fundación Amparo y Justicia dan cuenta que las denuncias por delitos sexuales contra niños y niñas aumentaron un 42% el 2022 y la cifra se duplica en los últimos once años. El análisis realizado por la institución a partir de datos del Ministerio Público, sostiene que durante el año pasado se registró el mayor número de denuncias por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en 16 años.

¿Qué antecedentes se conocen?

“Para ser sinceros, no tenemos contacto directo con el colegio San Ignacio del Bosque. No obstante, sí debemos destacar que los colegios son espacios donde debe existir seguridad. Es un deber de los docentes que realicen las denuncias en caso de abusos sexuales o ese tipo de situaciones”, señala Nicolás Pietrasanta.

¿El colegio tiene la obligación de realizar una denuncia de esta connotación?

“Efectivamente. Eso está destacado en el Art. 175 del Código Procesal Penal”, indica el jefe de políticas públicas y estudios de Fundación Amparo y Justicia.

¿Esa denuncia es en paralelo a lo que el colegio debe hacer??

“Si un profesor o alumno sabe, el docente debe canalizar esa denuncia. En el caso que sea niña, niño o adolescente debe ir acompañado de sus padres o un mayor de edad”, asegura Nicolás Pietrasanta.

¿Cómo ha ido cambiando las maneras de afrontar ante este tipo de hechos?

“En el 2022 hay cerca de 40 mil víctimas. Es un estudio que hacemos todos los años y este último nos preocupó un alza del 42%. Este último porcentaje es bastante preocupante. Se habla de denuncias pero no la cantidad de abusos, donde ahí estaría esa cifra negra. Durante la pandemia subió considerablemente los tipos de abusos por el confinamiento. Por ejemplo en México tenemos más del 30% y en Argentina el 70%”, afirma el jefe de políticas públicas y estudios de Fundación Amparo y Justicia.

Hay más denuncias, ¿Se sabe lo que ocurre?

“Las instituciones en pandemia estaban funcionando a media máquina. La gran mayoría se hace presencial. El ministerio público se hizo y levantó un canal online. Sin embargo, posterior al desconfinamiento se generó esta alza considerable de denuncias. Estamos hablando de 8,9% de mil niños”, plantea Nicolás Pietrasanta.

¿Qué significa abuso sexual?

“Abuso con contacto corporal, violaciones o hechos con casos de muerte, los cuales son menores pero ahí apunta el significado de abuso sexual. Esto se puede analizar desde un punto de vista internacional. Se exige una mayor demanda por parte de los ministerios públicos. En el mejor de los casos encontrar culpables y condenar”, fundamenta el jefe de políticas públicas y estudios de Fundación Amparo y Justicia.

¿Antes había una normalización del abuso desde un punto de vista cultural?

“Creo que es una hipótesis válida. Las denuncias de abuso sexual aparecen más en la prensa, hay nueva institucionalidad destinada al abuso en la niñez y se generan más puentes para evitar los abusos”, apunta Nicolás Pietrasanta.

¿Se puede notar esa confianza?

“Creo que ahí es más difícil. Las encuestas públicas van perfilando la confianza ciudadana en las instituciones. Se espera que puedan canalizar mediante las instituciones las diversas denuncias”, complementa el jefe de políticas públicas y estudios de Fundación Amparo y Justicia.

Desde esta perspectiva, ¿qué pueden hacer las instituciones?

“Creo que parte de las instituciones educativas es clave que mantengan equipos para identificar estos casos. Debe ser clara la denuncia y es importancia que se lleven a cabo. En el caso de las instituciones vinculadas a la investigación penal, es importante avanzar en una mayor dotación de fiscalía para abordar estas causas de abuso sexual. Esto podría ayudar de gran manera el seguimiento, investigación y condena de las causas”, concluye Nicolás Pietrasanta.

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