De la manifestación realizada por pobladores de La Bandera y La Pincoya en las puertas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo denunciando el fracaso del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, sus efectos en la población y pasos a seguir, conversamos en Palabras Sacan Palabras con los dirigentes del Movimiento Solidario Vida Digna Pablo Pizarro y Max Bazán.
¿Cuáles son las cifras que llevan al diagnóstico del fracaso del Plan?
«Cuando nosotros decimos que el plan fracasó es porque al momento de desglosar las cifras de viviendas en ejecución, 130 mil están en ejecución y otras 40 mil fueron entregadas. Todas las entregadas son proyectos de viviendas que vienen de gobiernos anteriores. Nos parece que es engañoso entregar esa cifras y funcionamiento desde el Gobierno con entregar esos avances».
Cuando uno revisa esas cifras, esas pueden ir cambiando ¿Por qué no son satisfactorias?
«El mismo Ministerio ha dado constancia del déficit. Hay un 16% construido y existe un 40% de ejecuciones con retraso. Creemos que el fracaso del plan emergencia es en relación a las ejecuciones que el gobierno se ha propuesto no lo han desarrollado».
Respecto a las necesidades de La Bandera y La Pincoya, ¿Cuáles son las manifestaciones de necesidad? ¿Qué alternativas existen?
«En el caso de Huechuraba, en la agrupación somo 155 familias. Desde ese espacio identificamos el terreno, llevamos adelante estudio de suelos y se selló el terreno en 2019. Pese a que existía un compromiso anterior, se retrasaron las fechas y problemas del Minvu. El Serviu se ha retrasado con la subdivisión del terreno».
¿Cuál es su historia en el territorio?
«El problema de Huechuraba es que el terreno que está comprometido está dentro de la población. Eso permite que mantengamos las redes de apoyo. El tema es la oportunidad. Nuestras familias han tenido los ahorros y con el tiempo se han ido gastando».
¿Tienen susto de que se tomen el terreno?
«Parte de ese terreno está tomado. Ha existido una oleada desde la pandemia y hay un grupo de familia que está tomado el cual se comprometió».
¿Cuánto pagan de arriendo en La Pincoya?
«Depende de las condiciones, fluctúan entre 250 mil y 400 mil pesos».
Respecto a la población La Bandera, ¿Cuál es la situación?
«Esperamos que sean entregadas las viviendas en el segundo semestre del próximo año. ENEL debe entregar suministro eléctrico. Y quedaremos parados cerca de un año y ese es el problema».
¿Qué respuesta han tenido tras su acción en el Minvu?
«Hemos instalado estos temas de manera legal. Los miedos de robo, tomas y retrasos en la ejecución lo dijimos y recién este año tomaron cartas al asunto. El ministerio es reactivo más que propositivo. Reacciona cuando las cosas ocurren.
Hay un problema de falta de diálogo con quienes deben sentarse. Ni el ministro ni la directora del Serviu se han querido sentar con nosotros. Sí lo han hecho con otras organizaciones. Uno entiende que el ministerio debe dar respuesta a todos los pobladores. El ministro debe generar esas instancias de diálogos».
¿Cuántas familias están en la espera de recibir sus departamentos en La Bandera?
«Son cerca de 80 familias. Es una problemática gigante que no se entreguen. Nosotros tenemos familias que deben tres meses de arriendo mientras se está gestionando esta situación. Hay personas que deberán ir a vivir a sedes sociales».
¿Qué ocurre con las tomas de terrenos?
«Eso se está desarrollando. En La Bandera tuvimos 4 robos. Es complejo porque hay que actuar bajo un espacio organizativo. Creemos que el Estado debe hacerse cargo y no ha existido una respuesta por parte de esta entidad.
¿Se puede ir a vivir cómo están las viviendas?
«No, porque no existen los permisos ni regulaciones. Es complejo, porque nos toca enfrentar llamamientos de tomas desde las bandas de narcotráfico».
¿Quiénes llegan a estas tomas?
«Son personas asociadas a bandas criminales. Sin embargo, también dentro de las tomas hay familias. El hecho de vivir como allegados y no tener una vivienda, significa extender la dificultad para llegar a fin de mes. El vivir como allegado te expone a situaciones que no son gratas. Eso genera problemas de salud mental, manifestaciones de violencia intrafamiliar y eso se debe atacar. No debe mirarse de una acción policial, sino de otras maneras de abordar esta situación».
¿Por qué decidieron quedarse y dar la pelea?
«Por apego, amor y relación que establecemos con nuestros vecinos. Sabemos que los comités esperan mucho tiempo pero no debemos quedarnos sentados y esperar.
En nuestros territorios están las redes de apoyo. A mayor nivel de empobrecimiento, más grandes y centralizadas están esas redes existentes».
La representación histórica política y de vivienda está súper apegado al territorio, ¿Cómo es?
«El proyecto de vida de salir de este espacio es mirar hacia un costado. Los comités de vivienda enfrentan la problemática de manera enfocada y ahí radica la fuerza» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, los dirigentes del Movimiento Solidario Vida Digna Pablo Pizarro y Max Bazán.