Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo.
El fiscal nacional Ángel Valencia tuvo una reunión extraordinaria junto a los jefes regionales del Ministerio Público, en cuya instancia los persecutores advirtieron falencias de implementar la prisión preventiva para extranjeros sin RUT en regiones debido a la poca capacidad del Registro Civil. En materia de seguridad, el Ministerio Público inició un sumario interno contra la fiscal Sandra Véjar por inacción ante un delito de microtráfico ocurrido en agosto del año pasado por Luis Lugo Machado, uno de los actuales imputados por el asesinato al suboficial de Carabineros, Daniel Palma. La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena lleva adelante este sumario para esclarecer los hechos.
¿Cómo ven ustedes esta situación?
“Para contextualizar, esta es una instrucción que fue dada como fiscalía metropolitana y después a nivel nacional. La primera instrucción es agotar todas las vías administrativas para saber su identidad. Ahí se les puede pedir la ampliación de la identidad. La imputación debe ser con nombre y apellido. Si eso no es posible dentro de esos días, se pide prisión preventiva como medida cautelar”, señala Francisco Bravo.
“Es cierto que puede haber en esto, algún problema en la implementación en las regiones. Es distinta la realidad en regiones. Hay un compromiso desde el Gobierno para que funcionarios del Registro Civil estén en los centros de justicia para enrolar a las personas. Ese es el contexto general. Ahora, es cierto que en definitiva la decisión de ampliar la decisión la toman los jueces. Quien determina si la otorga o no es el juez de garantía”, indica el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
El Fiscal Nacional no puede obligar, sino es un criterio. ¿Esto puede generar criterios aberrantes en algunos casos?
“Cuando se impone una medida cautelar de esta forma, es que se aplica el criterio de proporcionalidad. Cuando hay un delito que no tiene pena alta, que no tenga antecedentes previos y no es reincidente, el juez deberá tomar esa medida con proporcionalidad. Parece más gravoso pedir una medida cautelar que la pena misma. Esa proporcionalidad está presente. Eso puede ser complejo para el Ministerio Público, porque es una instrucción para los fiscales pero no para jueces”, afirma Francisco Bravo.
¿Qué pasa si no tienen clara la identidad? ¿Quién se hace cargo de eso?
“Eso precisamente busca evitar con la instrucción del Fiscal Nacional. Cuando no tenemos la identidad de un extranjero, no sabemos si tienen antecedentes personales. Hay países en los que es muy difícil adquirir información legal. Los servicios son menos desarrollados o porque no hay cooperación como es el caso de Venezuela donde no mandan antecedentes. El último mes ha cobrado una relevancia. Este no es un problema nuevo, sino que lleva bastante tiempo. Ha existido una inquietud desde hace mucho tiempo y el Fiscal Nacional ha pedido esta ampliación de detención con la prisión preventiva. Todo esto está siendo analizado de los nuevos antecedentes que pueden surgir”, asegura el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
¿Cuánto se utiliza la prisión preventiva?
“En el caso que los fiscales piden prisión preventiva, los jueces en un 90% otorgan esta medida. Los Jueces de Garantía otorgan prisión preventiva en Chile”, puntualiza Francisco Bravo.
En términos de identidades, se habla de una especie de chequeo biométrico. ¿Cómo se determina la identidad de una persona?
“Hay varias situaciones. Una es la persona que no porta sus documentos de identidad. Ahí puede decir que tiene un contrato y puede establecer quién es. Otro caso es donde no existe ningún documento. En ese contexto, se debe enrolar a la persona y así se generará un rut provisorio. Ahí quedarán las huellas en el Registro Civil. Lamentablemente existe un match instantáneo para saber quiénes están registrados. Tengo que comparar con alguien. Tiene varias complejidades el sistema de cotejo”, plantea el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
¿Por qué está libre Luis Lugo Machado?
“No tengo mayor información respecto a lo que ha salido en los medios de investigación. La ley chilena, cuando una persona no tiene antecedentes penales y es condenado a una ley que es menor a 5 años y un día, puede obtener medidas sustitutivas. En este caso, él no cumplió y falló en el control. En el caso de Concepción, no tengo mayores detalles. Entiendo que se abrió una medida administrativa. En el primer caso, esa es la situación que ocurrió”, comenta Francisco Bravo.
¿Cómo crees que el sistema podrá enfrentar la coyuntura de la identidad de personas?
“Me imagino que se debe enrolar a todos los extranjeros para saber quiénes están en Chile. La situación será regulada administrativamente. Se debe saber quién ingresa a Chile”, complementa el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
“Aquellas personas que no tengan identificación parece real que tenga. Se trata de tal o cual para saber el origen de las personas. Creo que esa puede ser una vía, no soy experto en la materia. En la arista penal eso facilitaría muchísimo la situación para evitar una prisión preventiva en personas que no son peligros. Hay delitos y delitos. No es lo mismo que un hurto de yogurt en un supermercado a matar a una persona. El tratamiento debe ser distinto”, concluye Francisco Bravo.