Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con la investigadora Josefa Barraza.
Un recurso de amparo del Consejo de Transparencia a favor del medio El Ciudadano permitió obtener acceso al registro que evidenció 255 denuncias formales de acoso laboral, maltrato y acoso sexual contra funcionarios de Gendarmería. El registro comprende el periodo entre 2019 y 2022 y entró en conflicto con un listado enviado por la institución al medio, donde se informaba de 92 funcionarios denunciado en el mismo período de tiempo. Para conversar sobre esta situación, estamos en estudio con la autora de la investigación.
¿De qué se trata el reportaje que hiciste para El Ciudadano?
“Fue una investigación compleja porque tenemos dos registros. Primero solicitamos el registro de personal de Gendarmería que ha sido denunciado por civiles, internos e internas y sus propios colegas respecto a casos de abusos sexuales. Nos enviaron este primer listado el 8 de febrero y hablaba de 92 casos a nivel nacional, 50 casos de acoso sexual y 42 casos de abuso sexual. Pero en este listado no se hablaba ni de sumarios administrativos ni de sanciones. Queríamos saber si había alguna causa judicial en curso y no nos enviaron nada de eso así que enviamos un reclamo al Consejo para la Transparencia, que transmitió un recurso de amparo”, señala Josefa Barraza.
“En dos semanas nos respondió Gendarmería pero las cifras que entregaron no calzaban, hablaban de 26 casos de acoso sexual cuando en el primer registro eran 50. Por ejemplo, respecto al maltrato solo había 6 denuncias a gendarmes en 3 años y esa cifra no nos calzaba, especialmente en un periodo de tiempo que comprendía los hechos post estallido social. Gendarmería hasta el cierre de este reportaje decía que reconocieron errores en las cifras pero que ya habían entregado la información. Tengo incluso un oficio que no quise ingresar al reportaje donde se muestra el caso de un gendarme que maltrató a un menor de edad que estaba en un centro de internación provisoria. No quiero decir que hay manipulación de datos porque es una acusación grave, pero hay inconsistencias y errores en la información entregada”, indica la investigadora.
¿Hablabas también de casos de violencia, acoso y abuso sexual en centros del Sename?
“Sí. Hay dos casos, en dos centros de internación provisoria, uno en San Joaquín y otro en Valdivia. La pregunta es qué contacto tiene Gendarmería con los adolescentes que están en recintos de internación provisoria. Se me explicaba que los gendarmes no tienen contacto con ellos, pero que se involucran en caso de rencillas. Eso generó más dudas sobre en qué situación se da una agresión sexual que fue denunciada. También hubo un caso de violencia sexual dentro de la unidad de atención psiquiátrica de Gendarmería”, asegura Josefa Barraza.
Cuéntanos un poco esta línea de investigación que has seguido.
“Luego de investigar al Ejército, pasamos a la Policía de Investigaciones y encontramos que 78 funcionarios fueron denunciados por agresiones sexuales desde el año 2019 a diciembre del 2022, del cual un tercio de estos casos corresponde a menores de edad. Estaban todos los casos cerrados y en muchos no se habían abierto sumarios. Me contacté con la Defensoría de la Niñez y ellos me informaron que estaban todos los casos cerrados. Encontramos que había una relación de parentesco entre los funcionarios agresores y las víctimas”, afirma la investigadora.
¿Existe algún patrón en estas denuncias?
“Primero, hay un temor. Especialmente en el caso de Gendarmería. Hay un caso que relato en el reportaje de un ginecólogo en San Joaquín que tenía 4 denuncias y que las denunciantes solo supieron que había más casos cuando empezaron a conversar y a contar sus experiencias entre ellas. En la PDI hay un caso de una funcionaria, la comisaria Tania Jara, que conversó conmigo y me dijo que fue abusada sexualmente y que sobreseyeron a su agresor. Esta misma situación vi en Carabineros y en el Ejército. Se investigan a ellos mismos y se cierran los casos y se produce una revictimización por los sumarios administrativos. También pasó con el caso La Manada de Carabineros”, asevera Josefa Barraza.
¿Qué es el caso La Manada de Carabineros?
“Es un reportaje que publicamos en febrero con El Ciudadano que relataba que a través de una denuncia del abogado Esteban Infante en la Dirección de Asuntos Internos, se revelaba que existía un grupo de 15 oficiales de Carabineros de la Prefectura Oriente, quienes realizaban fiestas durante la pandemia con el propósito de invitar a subalternas y acosarlas o abusar sexualmente de ellas. Esta denuncia también trataba la arista laboral, porque las funcionarias que venían recién egresadas y no querían asistir sufrían de acoso laboral, se les duplicaba la carga laboral, se les quitaban los días de franco e incluso se les empezaba a seguir. También estaba la arista económica, porque estos funcionarios hacían transferencias para comprarle regalos a quien fuera el cabecilla, Raúl Solís”, cometa la investigadora de El Ciudadano.
“Es un reportaje que publicamos en febrero con El Ciudadano que relataba que a través de una denuncia del abogado Esteban Infante en la Dirección de Asuntos Internos, se revelaba que existía un grupo de 15 oficiales de Carabineros de la Prefectura Oriente, quienes realizaban fiestas durante la pandemia con el propósito de invitar a subalternas y acosarlas o abusar sexualmente de ellas. Esta denuncia también trataba la arista laboral, porque las funcionarias que venían recién egresadas y no querían asistir sufrían de acoso laboral, se les duplicaba la carga laboral, se les quitaban los días de franco e incluso se les empezaba a seguir. También estaba la arista económica, porque estos funcionarios hacían transferencias para comprarle regalos a quien fuera el cabecilla, Raúl Solís”, cometa la investigadora de El Ciudadano.
Jardín Botánico de Peñalolén
“Una de estas fiestas, a las que tuve acceso a documentación, se realizó en el Jardín Botánico de Peñalolén el 2 de diciembre de 2020 y se reunieron más de 40 funcionarios de Carabineros, en pleno contexto de pandemia donde ellos mismos tenían que fiscalizar que casos así no pasaran. Me comentaron que estaban respetando el distanciamiento social y que tenían mascarillas que solo se quitaban para comer, pero tuve acceso a las fotografías de esa fiesta y nada de lo que decían era cierto”, agrega.
“El sumario administrativo solo trató las transferencias bancarias, toda la arista de casos de acoso y abuso sexual se dejó de lado y ni siquiera se llamó a declarar a las denunciantes. Hablé con una de las denunciantes de La Manada y nos comentó que el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no la llamó a declarar”, concluye en Palabra Que Es Noticia Josefa Barraza.