Desde que se puso en tabla la aprobación de la de ley corta de las Isapres, sumado a la polémica que hubo por la aprobación de un proyecto alternativo en la comisión de constitución del Senado ha sido tema, por lo cual conversamos en Palabras Sacan Palabras con el académico de la facultad de medicina UDP y ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows.
¿De qué estamos hablando respecto al fallo de la Corte Suprema?
El fallo de la Corte es un corolario de un proceso muy anterior que tiene como gran hito el fallo del Tribunal Constitucional de 2010, que establece que hay elementos de las tablas de factores de riesgo que son inconstitucionales. Esto lleva a una judicialización importante sobre el cambio de los precios y la Corte Suprema termina unificando este criterio para aplicarlo a todas las posibles próximas personas que reclamen sobre este tema.
Se había entendido aplicable a los nuevos planes y la Corte Suprema lo que hace es definir que aquellos planes que no se ajustaron a la tabla de valores de la Superintendencia generaron una diferencia que tiene que ser restituida a los afiliados. No todas las personas tienen un “saldo a favor”. La superintendencia calculó que alrededor de 600.000 afiliados tienen un saldo que debiesen recibir como compensación. El gran problema es el monto, que a juicio de las isapres y de los entendidos en la materia, pone en riesgo la existencia misma de las isapres. De tal manera llegamos al proyecto de ley corta que en parte intenta buscar que no sean los afiliados los que se vean perjudicados con este fallo.
¿Por qué la Corte Suprema esperó tanto?
En el hecho, un fallo de este tipo está legislando y generando una política pública, cosa que no le corresponde a la Corte Suprema. Estaban esperando que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo. El gran problema es que este es un tema que se ideologiza mucho. Ha habido diversas mesas de diálogos en los gobiernos anteriores, pero ninguno fue capaz de generar un cambio legislativo en el tema y la Corte Suprema terminó diciendo que no se puede esperar más.
¿Por qué se establece en 600.000 el número de afiliados que tienen montos a favor?
Hay personas que por las características de la tabla de factores les subiría el plan, pero en ese caso el fallo establece que no se les debería subir el plan.
¿Cómo se puede cumplir el fallo? ¿Qué le parece esta ley corta?
Ahí es importante tener claro que hay un fenómeno que pasa con las isapres y que es anterior al fallo y que se explica tanto por la pandemia como por el modelo de negocio. Los ingresos de las isapres llegan por los afiliados y por las licencias médicas, cuyos costos para ellos han incrementado de forma importante. Hubo una legislación aprobada en el gobierno anterior que estableció unas limitaciones al alza de los planes. Así, tienen limitado el ingreso de los afiliados y el gasto es cada vez más grande, por lo que las isapres empiezan a tener problemas.
Todo esto es anterior al fallo de la Corte Suprema. En ese contexto, lo que se ve es que los problemas que tienen las Isapres se van a acelerar en término de un eventual cierre que dejaría a muchos afiliados en el aire. Se avisará que, en ese momento, habrá un ingreso forzoso de afiliados a Fonasa que será bastante importante.
¿Es posible prever un escenario tan exacto como que en septiembre se acaben las isapres como han dicho algunos de sus directivos?
Creo que las isapres siempre han jugado un rol catastrofista. Evidentemente, ante la falta de información y la dificultad para explicarla, asusta. Lo hacen también para presionar a lo que realmente quieren, que es un rescate del Estado respecto a su situación financiera, cosa que el Gobierno ya señaló que no va a hacer porque la situación actual es una consecuencia de su modelo de negocio. Creo que el proyecto de ley corta lo que hace es tratar de que esta situación tenga un aterrizaje más suave que el que se está viendo acelerado con el fallo de la Corte Suprema.
¿Qué podría considerarse un “rescate”? ¿Cuáles son los puntos importantes de la ley corta?
Mi opinión respecto de la ley corta es que es lo que el Gobierno tiene que hacer. No tiene otro planteamiento posible porque, por una parte, hacer gasto público en un negocio de privados sentaría un mal precedente. Y por otro, dejar la aplicación del fallo en frío generaría un efecto inmediato no solo en la subsistencia de las Isapres, sino que en cómo el seguro público se hace cargo de estos pacientes. Lo que dice la ley corta respecto del pago es el establecimiento de un plan hecho por las propias isapres en un determinado plazo supervisado por la superintendencia de salud. Eso quiere decir que la gente que está imaginando que les llegará un cheque está equivocada. Va a haber una cuenta mediante la cual uno podrá girar los excedentes para las prestaciones y elementos como la compra de medicamentos.
¿Qué acercamiento hubo con las isapres en este sentido cuando usted fue subsecretario?
En ese momento se creó una comisión presidencial para evaluar este tema y generar una propuesta para legislar respecto a los problemas que tenía este sistema. Algunos de los representantes del sector privado estaban presentes en esa comisión y no fueron capaces de llegar a una propuesta unificada. Hubo una propuesta de mayoría con un planteamiento de minoría. Estamos en el peor escenario para las Isapres con estos dos proyectos de ley, porque la derecha no va a querer aprobar el proyecto del gobierno y ni el oficialismo va a querer aprobar el proyecto de la oposición. La oposición cometió un error al poner en tabla el proyecto alternativo porque será muy difícil encontrar una solución. Es un diálogo de sordos.