De la ley corta de Isapres, el hacinamiento carcelario, la cárcel para el cimen organizado en Calama y de la aprobación transversal del proyecto para dar cumplimiento real a los delitos económicos y al medioambiente, conversamos en Palabras Sacan Palabras con el ministro de Justicia, Luis Cordero.
¿Cómo cambian estos tipos de delitos con la promulgación de esta ley?
Se puede resumir en que no van a haber más clases de ética para los delitos económicos. Hay una cierta peculiaridad en los delitos económicos que contenía un sistema de penas muy bajo y un sistema que no capturaba adecuadamente el beneficio económico que significaba cometer este tipo de delitos, haciendo que hacerlo fuera rentable. Por todas estas características que están detrás, la percepción de impunidad es muy alta y eso para el sistema de justicia es complejo, porque está ampliamente documentado que la impunidad en este tipo de ámbitos lesiona severamente la credibilidad de las instituciones, además de provocar cambios en el comportamiento de los mercados. Es por esto que es importante incorporar esta legislación para que los que cometen este tipo de delitos tengan penas efectivas y que el sistema pueda pesquisar el comicio de las ganancias que provienen de estos ilícitos.
¿A qué se refiere con penas efectivas?
Que para este tipo de delitos hay cárcel efectiva. Por ejemplo, en el caso PENTA, lo que tuvimos fueron personas condenadas a libertad vigilada intensiva y a una multa equivalente a 857 millones de pesos que equivalía al 50% de lo evadido. Con esto la pena sería de cárcel efectiva y hubieran quedado inhabilitados para contratar con el estado y para cargos gerenciales. Si uno mira solo es caso uno puede ver la magnitud de la reacción que tendría el sistema legal frente a estos delitos.
En el caso La Polar de las repactaciones, por ejemplo, ellos tenían un tipo de perfil de cliente que era muy vulnerable y algunos de quienes cometieron delitos tuvieron una multa de 20 UTM e inhabilitación muy específica. Ese mismo delito, en el contexto de esta ley, tendría penas de cumplimiento de cárcel efectiva y multas de hasta 250 UTM. Lo que subyace a esto es que el régimen sea tan severo, que disuada este tipo de conductas para evitar sus efectos dañinos.
El caso de Jordhy Thompson ha generado una sensación de impunidad en figuras públicas. ¿Qué opina?
Creo que hay dos tipos de dimensiones y creo que podría transmitir la información que entregó la ministra de la Mujer Antonia Orellana. Una dimensión es la legal, pero otra es la dimensión que tiene al interior del club. La ministra Orellana lo explicó en modo claro y lo comparto, lo clave aquí es cómo reaccionan las instituciones frente a estos actos, especialmente en instituciones que tienen una reproducción pública de valores. Cabe preguntarse qué clase de valores comunica el club tomando decisiones así.
Me hace sentido que la percepción de impunidad provoca desconfianza. Todos los indicadores de confianza son muy bajos y aquellas organizaciones privadas de impacto masivo debieran tener internalizado el rol que cumplen al transmitir esta desconfianza. Valoro la reflexión en el entendido de que hay algo más allá de cumplir una obligación legal, porque determinadas instituciones son relevantes también por el símbolo y el mensaje que entregan.
Sobre la discusión del proyecto de ley para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema respecto a las Isapres, ¿Cómo se analiza desde el ministerio de Justicia?
El ejecutivo no ha indicado valores. El proyecto tiene que ver con establecer procedimientos para implementar el fallo de la corte para entregar el mensaje de que las sentencias judiciales se cumplen. Lo que hace la reforma constitucional es eludir la aplicación del fallo porque el efecto que provoca es un cambio del plan base que hace que se vuelva al precio de antes de que se dictara el fallo. Hay que ser bastante cuidadoso, hay una sentencia judicial que indica razones por las cuales las Isapres están incumpliendo la ley.
En consecuencia, hay responsabilidades del sistema institucional para cumplir que así sea. No hay que mirar solo una parte de la discusión, yo creo que la responsabilidad de las instituciones es buscar una solución a este tema complejo haciendo cumplir la sentencia, manteniendo también la permanencia y sostenibilidad de las Isapres. La asociación de Isapres hasta hoy no han dicho cuál es la manera que creen que es la mejor para hacer cumplir la sentencia, pero yo creo que en el Congreso habrá espacio para llegar a esta respuesta. El gobierno no está pensando en llevar la discusión al Tribunal Constitucional porque entiende que hay una discusión legislativa en curso.
Sobre la discusión respecto a las cárceles, ¿Cómo se puede resolver este tema sin que quede dando vueltas?
Es un temón. Tenemos el mismo número de plazas disponibles desde 2012 y en los últimos 15 meses hemos tenido un aumento explosivo de personas privadas de libertad. La manera en cómo el Estado ha reaccionado en esta política pública necesita reactivar esta discusión para las próximas administraciones. En el corto plazo hay que acelerar todas las acciones para habilitar nuevas plazas y ampliar penales en los lugares donde esto es posible. Lo último tiene que ver con reformular el plan de infraestructura para largo plazo. No hay que olvidar cuántas personas tactualienemos privadas de libertad y pensar en aquellas que no están en procesos de reinserción. Al final del día siguen siendo un problema país si no se hace algo al respecto.