Ecuador atraviesa por una situación socio-política delicada, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, disolviera el parlamento y llamara a elecciones, en medio de un juicio político en su contra.
De cómo se encuentra la ciudadanía ecuatoriana tras estos hechos, hablamos en Palabras Sacan Palabras con el analista político ecuatoriano, Santiago Cahuasquí, en contacto desde Quito.
¿Cómo han sido estos días desde que Lasso decretó esta “muerte cruzada”?
Es un momento un tanto atípico el que vive la política ecuatoriana a partir de la invocación de la “muerte cruzada”, que consiste en la elección tanto del Parlamento como del Presidente de la República. El desencadenante de la invocación de la muerte cruzada es el anticipo de las elecciones generales para parlamentarios y el presidente. El artículo 148 de la Constitución establece que, una vez que el Ejecutivo disuelva la Asamblea del parlamento, 7 días desde su decreto el Consejo Nacional Electoral deberá concurrir para llamar a elecciones generales.
¿Cómo está la situación en las calles?
Contrario a lo que se podría mirar desde lejos, podríamos suponer que una vez disuelto el parlamento iba a haber agitación y revuelta popular. Eso no ha ocurrido porque la disolución del Parlamento ha sido quizás vista por la ciudadanía por una medida positiva. El parlamento es una de las instituciones con más descrédito a nivel político y el presidente también tiene cifras muy bajas de credibilidad. Ambos eran las instituciones con menos aceptación a su gestión, por lo que se puede ver como una medida positiva. Por parte de los sectores sociales organizados ha habido un tenso suspenso respecto a como van a reaccionar. En general se habla de esperar a las reformas, del tono y de la intensidad que presentará el presidente Lasso estos días de su gestión del Parlamento. La sola disolución del Parlamento no produjo una revuelta, pero las reformas que presente el presidente Lasso podrían generar protestas.
¿Hubo contactos entre Lasso y el correísmo para lograr una nueva coalición?
El correísmo tenía una alianza un tanto antinatural con el Partido Social Cristiano. Ambos son extremos, el primero un movimiento de izquierda progresista y el otro un movimiento de extrema derecha. Ambos se juntaron en el Parlamento para destituir al presidente Lasso. Se debían reunir 92 de los 137 votos. La muerte cruzada viene a ser una reacción del ejecutivo, quizás sabiendo que perdería esa moción, para truncar el juicio político. Con la invocación de la muerte cruzada mi interpretación de que se presenta una oportunidad para todos los actores. Obviamente, los movimientos que tuvieron más protagonismo en la última elección local que tuvimos en febrero de este año tengan más presencia en las próximas elecciones. Puede que tengan un músculo político importante, pero es una de las fuerzas que pueden revitalizarse en este proceso.
El presidente Lasso se califica a sí mismo como víctima política, ¿Cómo ve estas declaraciones?
En parte el presidente Lasso tiene algo de razón. Sin embargo, toda su trayectoria de gobernabilidad empezó con una pequeña tregua por la pandemia porque no había capacidad de movilización. Tan pronto terminó la pandemia como tal con una excelente campaña de vacunación, la contienda política se hizo evidente y se hizo marcada por la propuesta de destitución del presidente que no obtuvo los 92 votos. En junio del 2022 también hubo acción en la calle. El gobierno de Lasso ha estado permanentemente en conflicto e inestabilidad.
¿Qué apoyo tiene el presidente a nivel ciudadano? ¿Hay algo más allá de la reyerta de poder detrás de su intento de destitución?
Tiene una credibilidad muy mermada. El grueso de la población ecuatoriana no cree la palabra del presidente, más de un 80% cree que esta es una mala gestión gubernamental. Tiene números que sin lugar a dudas no le benefician, por eso el presidente ya hizo un anuncio de que no sería candidato en las próximas elecciones. También el juicio político que se estaba siguiendo tenía que ver con un posible involucramiento del presidente Lasso en el delito de peculado, producto de un caso de contratación de una flota petrolera en mayor cantidad de dinero del que debía ser contratada con una afectación en millones de dólares al erario ecuatoriano. La finalidad del juicio político no es encontrar una responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. No hay una sentencia judicial ejecutoriada contra el presidente. Es un juicio de confianza y justamente es esto lo que propusieron los proponentes de este juicio.