De la formalización contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y los terceros involucrados en uno de los casos más mediáticos de presunta corrupción a nivel municipal en Chile, conversamos en Palabras Sacan Palabras con el abogado especialista en anticorrupción, Alberto Precht.
¿Qué importancia tiene que se haga un juicio a una figura tan importante en la política municipal? ¿Qué significa?
Es un día muy esperado. Fueron 2 años de investigación que debido a la importancia de los personajes involucrados llevaron a filtraciones y demases. Es importante tanto por quién se trata, un alcalde que estuvo más de 25 años en el sillón edilicio, como para evidenciar las falencias en fiscalización.
¿Qué pasa con esta suerte de zonas grises a nivel municipal en este caso?
Hay varias cosas. La Fiscalía está tratando de demostrar que aquí hay una asociación delictual y que a la cabeza de esto estaba el alcalde de la comuna. Eso hace una diferencia importante con otros casos y demuestra que, respecto a otros escándalos municipales, ya no podemos estar hablando de que es un problema de personas individualizadas y demuestra una práctica más reiterada. Hay un problema sistémico que no hemos querido asumir. Un 52% de los municipios han sido investigados por posibles casos de corrupción.
¿Por qué el mundo municipal permitiría la proliferación tan grande de estas prácticas?
Porque no hay leyes que se aprobaran respecto a aumentar la fiscalización. Existe una cadena de poder respecto a las reelecciones, donde muchos alcaldes tienen a sus sucesores trabajando en los municipios y eso demuestra el poder que ellos tienen. Ese es el problema. Es un problema bastante más humano que legislativo. No vamos a cambiarlo hasta que efectivamente los parlamentarios se den cuenta de que no pueden seguir avalando el sistema autocrático que tenemos en los sistemas municipales.
¿Cómo funcionaba el modelo en Vitacura?
No es nuevo. Ya el contralor Ramiro Mendoza hablaba de la huida de activos y decía que había una especie de travestismo del derecho, porque se creaban instituciones del derecho privado que ejercían en funciones que perfectamente podían hacer instituciones del derecho público, quedando al margen de la fiscalización. En las corporaciones el financiamiento viene de los municipios, que no es malo como tal, pero es más difícil de fiscalizar. Terminan siendo centros de financiamiento para campañas, para actividades y para corromperse. No soy partidario de que se eliminen completamente, pero se deben someter al mismo control que las instituciones públicas. Tenemos aquí un perro que tiene todo de perro, pero decimos que es gato.
¿Cómo impacta esta investigación en Las Condes, que replicó muchas prácticas?
No solo en Las Condes, esto se vio también en Santiago, Viña del Mar, etc. No me extrañaría que a raíz de este caso salten otros casos similares en el resto de Chile. Lo que pasa es que este caso era de un destajo absoluto. Esto va a implicar que los municipios van a cambiar la forma de entender las corporaciones municipales, cumpliendo las normas. Se ha ido avanzando, pero resulta impactante la lentitud ante la corrupción. Tenemos que esperar que llegue la sangre al río para empezar a hacer algún tipo de reforma mayor.
¿Qué opinas de las filtraciones más recientes sobre la conversación con el presidente Gabriel Boric? ¿Qué consecuencias podría haber?
El Estado requiere el privilegio deliberativo, que implica que necesitamos de algún momento de confianza para poder deliberar. Evidentemente el Presidente necesita alguno de estos espacios. Lamentablemente muchos parlamentarios, siguiendo los ejemplos de políticos como Berlusconi, hicieron de la política un show, desde enseñar a comprar droga por Grindr a filtrar conversaciones a la prensa. Los delitos que se les puede sancionar van desde la violación de secretos hasta la ley de Seguridad del Estado. Creo que la política como show también es una forma de corrupción. Cuando hablamos de materias de interés público o de seguridad nacional y sobre todo cuando se está pensando en como tomar una decisión es necesario el secreto. Tal como lo tienen los privados también lo tiene el Estado. Si supiéramos todas las tratativas de los proyectos de ley, entonces no tendríamos ninguna ley. Con esto no quiero decir que hay que retroceder en transparencia, pero hay que respetar estos espacios. El Presidente necesita sentir la confianza, independiente del color político, que está hablando con un funcionario del Estado y que está en ese contexto. Espero que la sociedad chilena entienda que esto está mal.