Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el presidente Gabriel Boric ya estableció la responsabilidad política de la exsubsecretaria de Vivienda en el caso Fundación Democracia Viva, por los millonarios contratos asignados por la seremi de Antofagasta a la fundación ligada a militantes de Revolución Democrática. El ministro de la cartera, Carlos Montes, anunció además que esto está recién comenzando, respecto a las distintas dimensiones en las que puede encaminarse el proceso tanto en lo administrativo como en lo penal.
¿Dónde se enmarca la situación de Democracia Viva en la historia de los casos de corrupción en Chile?
“Algo que nos ha demostrado la historia es que los mecanismos de corrupción son evolutivos y van buscando nuevas formas para meterse. Todo esto está en investigación y vamos conociendo detalles todos los días, pero esto se puede asimilar a casos más parecidos a las empresas como Chiledeportes o Mopgate con adjudicaciones falsas para atribuir fondos públicos. Aún falta ver hacia dónde se fueron estos fondos, si a los bolsillos personales, a las arcas de la fundación o para el financiamiento de la política. Todavía falta información al respecto para tener más claridad”, señala María Jaraquemada.
¿Qué significa en términos legales que haya conflicto de interés?
“Lo mínimo acá es conflicto de interés, porque la seremi tomó una decisión respecto a personas con las cuales estaba vinculada previamente y eso puede tener sanciones administrativas. Es un símil a lo que está pasando con el exalcalde Raúl Torrealba en Vitacura sobre lo que está haciendo Contraloría, que puede seguir investigando, aunque el acusado ya no se encuentre en el cargo”, indica la directora ejecutiva de Chile Transparente.
¿Qué es el tráfico de influencias?
“Es un delito. Ocurre cuando me valgo de una posición de poder que tengo para que un funcionario público tome una decisión que me favorezca. En el peor de los casos esto podría significar presidio efectivo, pero generalmente tiene penas más bajas. Podría significar inhabilidades para cargos a futuro”, afirma María Jaraquemada.
¿Y el fraude al fisco?
“En nuestro país es mucho más grave. Ahí podríamos estar ante la posibilidad de cárcel y el financiamiento ilegal de la política también es un delito. Salvo el conflicto de interés, el resto podrían configurarse como delitos”, asegura la directora ejecutiva de Chile Transparente.
¿Sientes que se ha avanzado en los mecanismos para descubrir estos presuntos ilícitos?
“Creo que hemos avanzado, pero siempre hay espacio para perfeccionamiento. Acá falló el área más débil, la relación del Estado con los privados. Acá los funcionarios contaban con información y la institucionalidad funcionó para identificar este hecho. Me llama la atención que pueda haber convenios de 250 millones de pesos y que no sean concursables. Eso da cuenta de una falla absoluta del sistema”, plantea María Jaraquemada.
“Se ha intentado avanzar con propuestas para avanzar a estándares de transparencia activa para organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos. En otros países se sigue el principio de la ruta del dinero, es decir, que hay obligaciones de transparencia en todos los organismos que reciban caudal de recursos públicos. En 2016 advertimos que la regulación de las organizaciones ligadas a los partidos políticos quedó débil. Hay un mecanismo que se ha establecido para financiar la política para evitar que existan contratos ficticios y para que no se salten las normas de financiamiento privado. Esa es la idea y acá no se ha separado bien eso”, fundamenta la directora ejecutiva de Chile Transparente.
“En teoría las instituciones de formación política de los partidos tienen otras normas, pero a mi juicio estas organizaciones como Democracia Viva que tienen una vinculación importante con los partidos y no están inscritas en el Servel, se deberían regular mejor”, complementa María Jaraquemada.
¿Qué significa que se quiera replantear el modelo de transferencias?
“No veo razonable que se haga eso. Tenemos que pensar bien el modelo de financiamiento, porque según un estudio que hizo el centro de políticas públicas la Universidad Católica en general en Chile, la sociedad civil vive del financiamiento del Estado en una cifra un poquito más alta que el promedio, por ejemplo de países OCDE”, agrega la directora ejecutiva de Chile Transparente.
Creo que tenemos ciertos criterios en los sistemas de adjudicación de recursos públicos y de transparencia que se pueden aplicar para dar garantías a las personas de que quien se contrata es la persona u organización con las capacidades suficientes para el trabajo. Hay ciertas formas de vincularse y de razonarse también se podría mejora”, concluye en Palabra Que Es Noticia María Jaraquemada.