Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Camila De la Maza.
Hay pesar en el mundo de los DD.HH. tras conocerse el fallecimiento de Jorge Salvo. La víctima de trauma ocular durante el estallido social se quitó la vida el 28 de junio pasado. El hombre de 30 años se lanzó a las vías del Metro de Santiago. Según denunció la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Jorge se convirtió en el cuarto herido por agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones del estallido social de 2019 en suicidarse. Dado que a juicio de la organización, no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería. Situación que se extrapolaría a la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial, según indicaron.
¿Qué detalles nos puedes contar de la situación de Jorge y de las denuncias de casos que no han recibido justicia oportuna en estos casos?
“La muerte de Jorge nos consternó mucho en el Instituto. Porque es una buena muestra de lo que ha ido ocurriendo con las víctimas del contexto de la crisis social. El país no cuenta con un programa de reparación integral. Y no tenemos acompañamiento permanente para cada una de las víctimas. La justicia ha andado muy lenta y las investigaciones no han avanzado con la premura que uno hubiera querido cuando se trata de este nivel de daño y cuando son agentes del Estado los involucrados y eso tiene efectos para quienes lo sufren”, señala Camila De la Maza.
¿Cuántas son las víctimas de la crisis social que requieren de acompañamiento y de reparación?
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó, en el contexto del estallido, presentó 3174 querellas en representación de alrededor de 3641 víctimas. De ese número, 207 fueron víctimas de trauma ocular y de ellas hay algunas con las que tenemos contacto permanente y otras que por el desgaste y el paso del tiempo toman distancia de nosotros quienes llevamos sus querellas. Hay personas que recibieron acompañamiento respecto a sus cirugías y tratamientos, pero quedaron al debe respecto a un acompañamiento más integral con la reparación y la ayuda a vivir con una discapacidad y los efectos que esto generó para sus vidas. En el caso de Jorge esto fue muy patente”, indica la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del INDH.
¿Cómo fue el caso de Jorge?
“Él estaba participando de una de las muchas manifestaciones entre el 2019 y 2020 en la Plaza Baquedano alrededor de las 19 de la noche y andaba con una amiga a la que perdió de vista. Cuando la policía estaba dispersando la manifestación vio que había una persona que estaba entre medio de los humos de lacrimógena y se había quedado sola y a Jorge lo impactó una lacrimógena. Lo asistieron voluntarios de salud que estaban apostados en la plaza y lo trasladaron a un centro hospitalario donde tuvieron que reconstituir párpado y pómulo”, afirma Ccamila De la Maza.
“Ha avanzado muy lento esa investigación pese a que están identificadas las cámaras de los funcionarios que participaron del operativo no se les ha prestado declaración, pese a que sabemos quiénes son los que están habilitados para disparar esa munición no sabemos mucha más información sobre los sucesos y esa investigación sigue abierta. El registro audiovisual es poco útil porque era de noche y no se veía bien. Nosotros esperamos que esa y todas las otras lleguen a puerto porque es una obligación del Estado”, asegura la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del INDH.
¿Han recibido información de otras víctimas en el contexto del estallido que hayan acabado con su vida?
“Tenemos la información de la coordinadora de otras 4 personas que decidieron terminar con su vida y que eran usuarios nuestros”, ountualiza Camila De la Maza.
¿Se ha mantenido la ayuda para las víctimas?
“Es un programa que existe, pero que no tiene representación regional. Es solo en Santiago. Hemos hecho la recomendación de que tiene que ser un plan nacional y contar con profesionales para enfrentar estas crisis. Es importante que la ciudadanía sepa que estas víctimas ya estaban en contextos de vulneración social y económica, que precisamente por ello habían salido a protestar”, apunta la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del INDH.
¿La gente no es atendida? ¿Es mal atendida? ¿Cuál es la situación de estos programas de reparación?
“No tengo el dato exacto de cuánta gente está asistiendo porque es bastante móvil. Acompañar a las víctimas no es tan fácil, porque son personas que tienen una cierta desconfianza con las instituciones del Estado. Nos costó contactar a Jorge”, cuenta Camila De la Maza.
¿Sabemos si se siguen entregando pensiones de gracia?
“Sabemos hasta 2022, pero durante este año no se ha informado”, acota la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del INDH.
Sobre las investigaciones, ¿Creen que se han demorado en los procedimientos?
“Efectivamente se han demorado más de lo que hubiéramos querido. Hay regiones donde las unidades de violencia institucional están al debe y tenemos ciertas resistencias. Hay demoras en el Servicio Médico Legal para que se aplique el protocolo de Estambul en casos donde existieron torturas. Parece haber cierta desidia por parte del Estado en la búsqueda de verdad, justicia y reparación”, plantea Camila De la Maza.
¿Esta reticencia de las víctimas se extiende al Instituto Nacional de Derechos Humanos?
“Nosotros somos un órgano estatal y me imagino que puede generar cierta desconfianza, pero no tengo ningún dato para afirmarlo con confianza. El Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió más de 1000 denuncias durante el punto más álgido del estallido. Hemos tenido querellas que hemos presentado por homicidio calificado, por ejemplo, donde quedamos fuera del proceso por ser una temática que escapa de nuestro marco institucional de acción, que es bastante acotado en comparación”, fundamenta la jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué opina de los dichos del ex general Mario Rozas?
“Me llamó bastante la atención. Me parece que va a tener que explicar cómo se puede descartar con tanta certeza la participación de funcionarios policiales y señalar a otros como responsables. Es una pregunta que tendrá que responder a la fiscal Xong cuando le toque declarar, porque ha sido muy difícil que él declare. Me parece interesante su afirmación sobre que La Moneda podía caer, es algo que tendrá que comprobar frente a la justicia”, concluye en Palabra Que Es Noticia Camila De la Maza del INDH.