Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el doctor en Ciencia Política y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.
Ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmó un sumario administrativo contra la seremi de la cartera en la región del Maule, a raíz de traspasos de recursos a la fundación Urbanismo Social. El caso se suma al de la fundación Democracia Viva por las dudas que generaron estos convenios y mantiene abierto el debate sobre la necesidad de replantear el sistema de transferencia de recursos y las medidas de mitigación, prevención y sanción en casos de corrupción o conflicto de intereses.
¿Qué tanto ha cambiado la situación desde la Comisión Engel de 2015 a propósito de casos de corrupción?
“En primer lugar, creo que hay varios elementos que no fueron considerados por la Comisión Engel porque era otro momento político que estaba centrado en la modernización del Estado y de los partidos. El principal elemento que quedó pendiente es la reforma a nivel de municipios respecto a transparencia y mecanismos de control. Es la agenda que menos avanzó en los últimos años y es clave por la debilidad que tienen los municipios para el control de la corrupción. Hemos visto que mientras más se aleja de Santiago, se va reduciendo la capacidad de control. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con el sector privado y las fundaciones y no se consideró en su momento y ahora se hace muy necesaria por instituciones que trabajan con recursos públicos”, señala Claudio Fuentes.
¿Cuál es el diagnóstico sobre esta situación?
“Hay muchos intereses asociados al no avance de este tema. Primero, se avanzó mucho en los temas que tenían sensibilidad respecto a los partidos políticos, eliminando el aporte de empresas y aumentando los niveles de transparencia y fiscalización y avanzando en materias de modernización del Estado. En ese momento hubo una priorización del Congreso. Para los actores del legislativo es difícil entrar a discutir cuando los grupos interesados, que muchas veces le hacen las campañas a los diputados y senadores, son los alcaldes. Lo toman con mucho cuidado porque implicaría tocar intereses que son relevantes para ellos mismos. Los alcaldes seguramente presionarán por mayores niveles de autonomía, pero esto requiere control y a la Contraloría no le da el ancho para controlas 356 municipios. No es fácil la fiscalización. El aparataje para el control es muy complejo y son reformas que requieren mucho tiempo”, indica el doctor en Ciencia Política.
¿Qué implica para el gobierno de Gabriel Boric el caso Democracia Viva?
“En primer lugar, toca con uno de los partidos fundantes del Frente Amplio, Revolución Democrática. Se ve afectado el corazón del Gobierno y eso genera mucho daño en la coalición en general y frente a la opinión pública. En segundo lugar, esto también habla de la dimensión en la discusión sobre el discurso ético moral de una nueva política y que ahora vemos que se repiten las mismas prácticas de antaño. Esto también afecta a la reputación del Frente Amplio”, asegura Claudio Fuentes.
¿Crees que estos casos impulsen la discusión de una agenda legislativa sobre este tema?
“Ojalá que sí. Hay una serie de proyectos de ley que están en el Congreso sobre el tema de transparencia con recursos públicos. Esa agenda debería agilizarse. Siempre el problema que tenemos es que los proyectos de ley quedan atrapados y no se avanza. Vamos a ver la decisión política y creo que hay que empaquetar una serie de proyectos. Los gobiernos regionales son áreas que no se han tocado y además tiene ahora un nuevo caudal de recursos con el royalty minero, que irá directo a los municipios. Se requiere capacidad institucional. Este discurso de que se requiere de un gobierno pequeño no tiene que ver con la fiscalización. Se requiere una institucionalidad robusta para el control”, afirma el doctor en Ciencia Política.
¿Es comparable el caso Democracia Viva con el caso Caval?
“Son dimensiones distintas. Falta por investigar y no tenemos todos los antecedentes del último caso, aunque parece ser que va en esa dirección. En el caso Caval estábamos hablando de intereses empresariales que estaban detrás de una maquinaria de financiamiento de la política. Acá, hasta el momento, diría que son distintos tipos de problemas respecto al tema de ilícitos que se puedan comprometer. Acá se habla de recursos del Estado y en los otros casos se habla de platas de privados que entran en la esfera pública por el financiamiento de la política. Todos estos teman tienen que ver con probidad, pero hay dimensiones distintas”, asevera Claudio Fuentes.
¿Qué tanto afecta esto a la imagen de la clase política?
“Creo que todos estos casos son castigados muchísimo por la gente. Por eso es posible ver que el Congreso y los partidos políticos están al fondo en los listados de confianza de la ciudadanía. Hay una erosión muy fuerte que rebota a todos por igual porque está instalada en la sociedad la noción de que todos lo hacen. Es interesante, porque la sociedad demanda nuevos rostros y cuando estos llegan al poder cambia la percepción sobre ellos porque se instala la idea de que se van a corromper. Es una lógica que ya está naturalizada en la sociedad chilena”, plantea el profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
¿Crees que fue un error del Presidente Boric de blindar a algunos personajes? ¿Cometió un error el presidente de RD al abordar esta crisis?
“En estos tiempos mi consejo sería no blindar a nadie. Hay un error al hacerlo, la única garantía es el sistema de justicia y en ese sentido a mi juicio no es una sana estrategia ponerse a proteger gente porque es mejor actuar a través de hechos y de que la justicia determine si hubo o no falta”, concluye en Palabra Que Es Noticia Claudio Fuentes.