Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con José Andrés Murillo, fundador y director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó en fallo dividido la prisión preventiva de Eduardo Macaya dejándolo solo con prisión preventiva domiciliaria y una caución de 150 millones de pesos. La medida se decretó en una audiencia de médidas cautelares en el marco de la investigación por delitos de abuso sexual infantil reiterado sobre el empresario Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, y que indaga la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins.
¿Cómo reciben en la fundación la revocación de la prisión preventiva?
“Hay que ponerlo en perspectiva y comprenderlo bien. Hay un proceso de investigación que está en curso, no hay sentencia y no es culpable. Lamentablemente, es una situación bastante común, una pandemia oculta con consecuencias devastadoras. Estamos hablando de una realidad común donde la justicia debería actuar con mayor rigurosidad. En segundo lugar, hay situaciones legales que se respetan y que los tribunales deben ponderar”, señala José Andrés Murillo.
“Si lo que están haciendo es legal, es decir, si hay un pago de 150 millones, esto no es proporcional al daño causado. Esto plantea la reflexión sobre el sistema judicial en su conjunto, que está viciado en el sentido de que no se establecen las responsabilidades de las personas que cometieron un daño, un abuso, donde los niños son utilizados como medios de pruebas para la señal que se le entrega a la sociedad y a las víctimas, y ellos seguirán siendo afectados”, indica el fundador y director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza.
¿Cuál es la dimensión de que niños y niñas sean sujetos de pruebas?
“En un juicio, el centro de atención es el imputado y todo se busca establecer la responsabilidad o no del acusado. El tribunal debe intentar convencer al tribunal de la responsabilidad o no del imputado. Las víctimas son utilizadas como medios de prueba para demostrar la inocencia o responsabilidad del imputado”, afirma José Andrés Murillo.
“Muchas veces nos encontramos con casos en los que se aconseja que los niños afectados no sean llevados al psiquiatra para que no se pueda demostrar que están afectados. Esto muchas veces nos hace perder la perspectiva de lo que está en juego, que es un daño cometido a la sociedad en general y a los niños. En el sistema judicial chileno, todo se centra en probar la responsabilidad del imputado y las víctimas quedan en un segundo plano, produciendo una victimización del imputado”, asegura el fundador y director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza.
¿Cuál es la imagen que deja esta deficiencia del sistema judicial?
“La señal que se le entrega a las víctimas cuando una familia logra pasar todas las barreras para denunciar es importante, pero hay muchas otras que no pudieron hacerlo. Podemos especular que puede haber muchas otras víctimas que aún no han logrado denunciar. Según nuestras investigaciones, alrededor del 50% de las víctimas nunca antes habían contado ser víctimas de abuso sexual. Parece ser casi una garantía de impunidad tener poder económico, ya que si el imputado tuviera una situación precaria, lo más probable es que estuviera en prisión”, plantea.
¿Qué pasó por la cabeza de los ministros para dar el visto bueno a esta revocación?
“Es incomprensible para todas las personas de buena fe. Es una injusticia basada en los criterios de un tribunal, donde el sistema judicial daña a las personas, especialmente a los niños. Aquí se cruza el proceso constituyente, donde ojalá podamos reflexionar sobre este aspecto. Siempre los jueces y tribunales actúan como si el imputado fuera la parte más importante del proceso, y cuando ocurren estas cosas, simbólicamente significa que el abuso sexual tiene un precio, es decir, quien comete el abuso parece tener más probabilidades de quedar impune”, concluye en Palabra Que Es Noticia el fundador y director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo.