Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Corporación.
El Gobierno anunció que vetará la ley de usurpaciones por la legítima defensa privilegiada. Esto tras ser aprobada en el Congreso en medio de polémica al interior del oficialismo. Así, se reabre la herida de las dos almas del Gobierno. Esto porque parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron al proyecto. Y se abstuvieron frente a las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Esto derivó en que desde el Socialismo Democrático plantearon frases como “si Apruebo Dignidad no va a cumplir con su palabra, que avisen y no nos expongan al ridículo que hicimos”. Otras voces ya hablan de un divorcio casi absoluto entre las dos almas.
¿Cuál es su posición respecto de esta ley de usurpaciones?
“Creo que este proyecto de ley es una herramienta legal muy peligrosa. Ya que podría permitir que cualquier individuo tome la justicia por su propia mano en terrenos disputados. Lo más preocupante es que la autotutela, que se consagra en la ley, rompe con el principio de Estado de derecho. Además, establece un marco rígido para la determinación de las penas. Por eso, considero que este proyecto es tan complejo. Autocríticamente, creo que no legislamos a tiempo para abordar este problema, a pesar de tener la mayoría, debido a una sensación de tranquilidad mal entendida”, señala Jaime Araya.
¿Esta ley es más amplia que la autotutela?
“Esta ley aborda el problema de la usurpación. Que tenía penas muy bajas y no permitía a las fuerzas de seguridad intervenir. Su origen está en la Región de la Araucanía. Lo que se buscó fue aumentar las penas. Y luego se comenzaron a incluir otros elementos relacionados con ocupaciones ilegales en otras partes del país”, indica el diputado.
¿Cuál es la diferencia entre una toma y una usurpación?
“En cuanto a las tomas, hemos acordado una norma que excluye todas las ocupaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de esta ley. La ley no busca penalizar la pobreza, sino abordar específicamente las usurpaciones como un delito que debe ser tratado adecuadamente”, afirma Jaime Araya.
Con el tema de la usurpación en la Macrozona sur , ¿se romantizó una suerte de lucha social?
“Hay que decirlo con mucha franqueza. Porque hay mucha gente que ha romantizado el crimen organizado que está instalado en esa zona. Lo que menos hay en ese lugar son reivindicaciones de la causa mapuche, ahí lo que hay es narcotráfico, robo de madera; tráfico de armas; usurpaciones de terreno; hay que decir las cosas con claridad. Uno no puede decir que hay una reivindicación del pueblo mapuche, lo que hay es crimen organizado en sectores muy extensos donde se utiliza armamento de guerra y que está todo asociado a dineros. Por eso, nosotros hemos sido tan firmes en decir que esto tiene que ser parte y eje en la tarea del gobierno”, asegura el diputado.
“No puedo ser que en la Macrozona sur haya una suerte de Estado paralelo, donde nadie respeta la ley, nadie respeta las policías, donde el Ministerio Público no puede entrar ni el Estado puede entrar. Cuando se hacen los intentos de hacer obras de mejoramiento queman las maquinas. En el último mes quemaron escuelas, consultorios, plazas y juegos infantiles; quemaron un Cesfam; entonces, ¿Qué es lo que tiene que ver con reivindicación política de la causa mapuche el destruir lo que es la propiedad de otros?”, comenta Jaime Araya.
Vimos en muchas partes que había todo un negocio criminal de gente que se tomaba terrenos y los vendía a vista y paciencia de todas las autoridades ¿Aún no se soluciona esta problemática?
“Parte de la normativa no se hace cargo de eso y se penaliza estas inmobiliarias informales que se toman terrenos que generalmente son de propiedad fiscal para lotearlos y venderlos, haciendo creer a extranjeros de buena fe que creen que están comprándose una casa, les venden un papel que no sirve para nada. Aquí hay una verdadera estafa y ha generado una fuerte presión sobre los distintos servicios públicos, pero que en esta ley eso tendrá una resolución, por eso nosotros establecimos esta norma que persigue a la persona que organiza estos loteos y un montón de otras particularidades y que están asociadas a bandas delictuales, plantea el diputado.
“Hay mucho crimen organizado y mucha gente tiende a romantizar y a quedarse con la parte más bonita de una historia bastante cruda cuando se conoce en profundidad. Aquí hay una clara separación entre gente que vive en campamentos, pero lo que hay que hacer es perseguir a los especuladores que trabajan con tierras fiscales y que están desde Arica a Punta Arenas. A raíz de eso, pasa que los campamentos empiezan a crecer y otros particulares incitan a otros a tomarse los terrenos, forzando al Estado a comprar los terrenos, y cuando se ve la génesis de esto, francamente sigue siendo el tema del dinero”, fundamenta Jaime Araya.
“Por eso, esta ley que pudo haber sido una tremenda herramienta, terminó siendo una complicación. Ahora, yo espero que el Presidente cumpla lo que dijo. Y que se haga utilización del mecanismo del veto y se eliminen derechamente aquellas partes que van a generar lío, para que tengamos una buena ley que nos permita razonablemente empezar a combatir todos estos delitos que se cometen al amparo de muchas veces de campamentos, otras veces de supuestas reivindicaciones sociales”, sostiene el diputado.
¿Cuál es la diferenciación entre los campamentos en tomas y las usurpaciones?
“La diferenciación en este caso se ha hecho desde el Estado de Chile, con una política constante de compra de terrenos para las comunidades, y además, el Presiente anunció en esta Comisión para el Entendimiento y la Paz que habrá una comisión para resolver el tema de tierras, pero eso corre por un carril completamente distinto y tiene otra dinámica. Con la Comisión de Seguridad estuvimos el año pasado en la Macrozona sur, en la Araucanía, recorriendo las zonas más comprometidas y en terreno nos damos cuenta que son dos fenómenos absolutamente distintos”, puntualiza Jaime Araya.
“Nosotros tuvimos una reunión con los loncos. Gente que se fue a sentar a conversar y a plantear los problemas con ningún tipo de amenaza y ningún tipo de violencia. Y tienen super claro cuáles son los proyectos de importancia. Pero tenemos al lado, predios que se toman para vender madera. El gran error es que mucha gente ha romantizado los conflictos”, reflexiona el diputado.
¿Cuáles son los puntos conflictivos de la ley?
“La ley como quedó redactada habilita a que se mezcle la legitima defensa privilegiada. O sea, el derecho que tiene un particular de defenderse ante un delito, con la flagrancia permanente. La flagrancia en nuestro país es de 12 horas en la que las policías pueden detener o intervenir por legítima defensa cuando ocurre un ilícito. Pero después de este tiempo, el servicio público y todo lo que se haga que afecte a terceros se debe hacer con autorización judicial”, acota.
“En este caso, la flagrancia es permanente. Entonces se puede plantear la hipótesis de que alguien que sufrió un ilícito de usurpación hace cinco años atrás, con esta norma, en conjunto de la legítima defensa que es respecto del particular pero también de terceros, este podría juntar a un grupo de amigos o de familiares para ir a rescatar su predio, porque está la flagrancia permanente y si a eso uno le suma que la norma no distingue cual es la participación de los terceros, uno podría decir que se pueden contratar personas y entrar con pistolas y esto es un tema muy peligroso, por lo que espero que el Presidente haga uso del veto presidencial”, concluye en Palabra Que Es Noticia el diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Corporación.