De los reparos del empresariado a la ley contra delitos económicos, mejor conocida como la “ley de delitos de cuello y corbata”, conversamos en Palabras Sacan Palabras con Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile y quien introdujo la interpelación al TC.
¿Cómo interpreta este cambio de gabinete?
«En mi opinión, este cambio de gabinete no pareció ser muy significativo ni impactante. Da la impresión de ser un ajuste interno dentro de Apruebo Dignidad, más que una respuesta a un nuevo momento o dirección política. No veo que con estos nombres vayamos a presenciar cambios sustanciales».
¿Cree que la oposición se unirá?
«Se nota cierta disposición al diálogo en la oposición, aunque eso difiere de un acuerdo efectivo en las negociaciones. El gobierno debe avanzar en flexibilidad si busca lograr acuerdos. Personalmente, considero que la salida de Jackson era necesaria e inevitable, dado lo que estos dos meses han revelado».
¿Qué sucede cuando una empresa comete algún tipo de acción o perjuicio?
«Existen delitos medioambientales dispersos desde hace tiempo, aunque ahora tenemos nuevas formas de expresar estos delitos. Algunas de estas nuevas figuras utilizan un enfoque legal más abierto, con conceptos que requieren mayor precisión y revisión».
¿Cuál es el motivo de la queja ante el TC?
«Mi involucramiento en este tema surgió por razones personales más que gremiales. Se notó unanimidad en torno a este proyecto de ley, lo cual fue interesante dada la complejidad del contexto en que se tramitó. Hubo un estallido social y una pandemia en el proceso. Parece que se legisló en condiciones de oscuridad y distracción. Nadie estaba muy enfocado debido a otras dificultades en el país. Esto me llamó la atención desde una perspectiva académica. Al revisar el proyecto que generó unanimidad, me di cuenta de que se escucharon pocas voces y no se consideraron los efectos que tendría la legislación. Es normal, pero fue una de las razones para acudir al TC. En términos simples, este proyecto estigmatiza al empresariado y establece un doble estándar, tratando a las empresas como si fueran organizaciones criminales».
¿Cuál es la diferencia entre los delitos empresariales y los comunes?
«La actividad empresarial en Chile es legítima. Cualquiera podría cometer un delito. Sin embargo, eso no implica que debas tratar a todo el empresariado como si fueran organizaciones criminales. Las empresas no son organizaciones criminales. El criterio utilizado para aumentar las penas para estas organizaciones termina castigando a todo el empresariado y a quienes ocupan altos cargos en las empresas como si fueran parte de organizaciones criminales».
¿Es reprochable que alguien que toma decisiones en una empresa sea sancionado?
«La graduación de la pena depende del tribunal, pero no se puede equiparar a todos los empresarios con narcotraficantes. Esta ley establece un piso que es igual para todos debido a que son empresas. Es un tema de política criminal. Mi pregunta es si es correcto sancionar una actividad empresarial legítima con estándares que se aplican a bandas criminales. No estoy en contra de sancionar casos emblemáticos de corrupción, pero no es adecuado castigar a todos los empresarios, incluso a aquellos que no cometen delitos, con las mismas reglas»
¿Está de acuerdo con aumentar la responsabilidad y sanciones en casos de delitos de cuello y corbata?
«Son decisiones legislativas, no es cuestión de si estoy de acuerdo o no. En el caso de la colusión de los pollos, los legisladores decidieron eliminar el tipo penal. Algunos legisladores corrigieron los errores de la ley, aunque no lo hicieron públicamente».