El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, vive actualmente quizás el presente más crítico de su trayectoria, esto tras estar en el ojo del huracán por el llamado Caso Convenios. Hoy, se le apunta como responsable y complice del traspaso de fondos a fundaciones, por lo que la oposición presiona por su renuncia y una acusación constitucional.
Sobre este escenario del ex dirigente estudiantil, conversamos en Palabra Que Es Noticia con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti.
¿Cómo ha reaccionado su opinión ante todo lo que ha sucedido en el Caso Convenios?
Para mí, esta situación se está configurando como algo complejo. Se están presentando nuevos hechos y debemos tener una visión global; ya no es un hecho aislado en Antofagasta o en el Biobío. Observamos que hay una serie de acciones que se repiten y se ha aprovechado de manera brutal de estas instituciones.
¿Existe algún patrón?
Existen rasgos comunes. La presentación de fundaciones con poca experiencia y el acceso a grandes sumas de dinero, además de aprovechar las transferencias directas, es una faceta muy complicada. Desafortunadamente, hay una serie de personas y actores que se han valido de estas deficiencias para defraudar y obtener recursos sin ninguna competencia en sus instituciones.
¿Estas situaciones ponen en duda el avance de la descentralización en nuestro país?
La descentralización debe avanzar, pero esto no puede significar una discrecionalidad que permita asignar millones de manera arbitraria a fundaciones sin ningún propósito. Las transferencias no solo deben cumplir con lo formal, sino que también deben tener un mérito y un propósito detrás. Es urgente realizar una profunda revisión de los controles. En Chile, contamos con una buena Contraloría y buenos organismos de control interno, un Ministerio Público independiente y modernizado desde hace 20 años. Tenemos instancias para descubrir este tipo de situaciones, pero en los gobiernos regionales debe haber control, eficiencia y control del mérito, sin abandonar en ningún caso la descentralización.
¿Ha escuchado a algún personaje o autoridad expresar la necesidad de frenar la descentralización?
No se puede ceder poder para que ese poder se convierta en un terreno fértil para cometer ilícitos. No es común que haya tantos signos políticos diferentes involucrados en situaciones como estas. Tenemos gobiernos regionales comprometidos en esto, por lo que claramente la institucionalidad está permitiendo estas oportunidades a través de las cuales se mal utilizan estos sistemas. Además, se suman medidas que son claramente inadmisibles, como la validación de fundaciones para operar en todo Chile. Desde Antofagasta hasta Puerto Montt, que no tienen ninguna relación entre sí, comparten los mismos factores de aprovechamiento. La descentralización es un principio fundamental en nuestro país para avanzar, pero con control y medidas que beneficien a esas regiones, no a fundaciones fraudulentas con otros objetivos.
Debido a la presencia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la derecha ha condicionado las trabas en las principales conversaciones de reformas y en el Pacto Fiscal. ¿Cree usted que esto es así?
La derecha no puede condicionar el avance del Pacto Fiscal o la reforma de pensiones, que afectan a millones de personas pensionadas en Chile, sin importar si son de izquierda o derecha. El Presidente Gabriel Boric convocó a los jefes de bancada la semana pasada para informarnos sobre el proyecto de Pacto Fiscal, el cual apoyaremos, por supuesto. A mi parecer, la derecha está confundiendo dos situaciones completamente inadmisibles. Creo que el gobierno debe seguir gobernando y evaluar si la presencia del ministro Jackson, que se ha convertido en el centro de la polémica, debe continuar o no. Sin embargo, es prerrogativa de la presidencia decidir si el ministro continúa. Respecto a la acusación constitucional, creo que la derecha está abusando una vez más de esta instancia, ya que aún no han detallado los hechos por los cuales se va a presentar la acusación. La derecha debe permitir que el gobierno gobierne y que las reformas avancen.
¿No cree que el Presidente ha retrasado demasiado la decisión de si el ministro Jackson y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, deben seguir en sus cargos?
No debemos mezclar las cosas. Creo que Carlos Montes conoció los hechos en Antofagasta, que están relacionados con su Seremi, y también en el Maule. Ha tomado medidas para la salida de la subsecretaria de Vivienda, quien tenía responsabilidad administrativa. Ahora tenemos un Ministerio de Vivienda que está trabajando y llevando adelante los temas. Efectivamente, el ministro Jackson está en el centro de las críticas de múltiples actores, con una investigación penal en curso. Son dos situaciones distintas en los casos de Montes y Jackson.
¿Dónde está la distinción?
Lo que ocurre con un Seremi no es responsabilidad del ministro de la cartera. La responsabilidad que se le atribuye al ministro Jackson es debido a su pertenencia a un partido cuyos militantes están siendo cuestionados. No confundamos los hechos; quien acapara la crítica, la acusación constitucional y otros cuestionamientos es el ministro Jackson, así como la subsecretaria, la directora de presupuesto o el jefe del segundo piso de La Moneda. Por lo tanto, reitero en no confundir las responsabilidades. Sin embargo, el Presidente de la República siempre tiene la facultad de realizar cambios que considere apropiados para impulsar su gobierno.
¿Dónde dentro del Partido Socialista se toma con molestia esta situación? ¿Cree que el Presidente debería haber sido más firme con las autoridades citadas a declarar?
Soy vicepresidente nacional del Partido Socialista y formo parte de la bancada de senadores. Hemos respaldado al Presidente en todas las medidas y continuaremos haciéndolo, porque es nuestra tarea y somos un partido de gobierno con ministros importantes.