Se instala la controversia en torno a la eventual divulgación de identidad de testigos protegidos por la justicia, a raíz de la indagatoria por uno de los brazos en Chile del Tren de Aragua. Conversamos en Palabras Sacan Palabras con Franciscos Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales.
¿Existe en nuestra legislación un programa de testigos protegidos?
«En nuestra constitución existe un mecanismo para reservar la identidad o el domicilio de los testigos. Siempre que hay situaciones en las que los testigos o las víctimas puedan estar en peligro, ya sea su integridad física o su vida, como en casos de secuestros, los fiscales han solicitado la reserva de la identidad. Esto va acompañado de medidas de seguridad para que los fiscales puedan acceder a la información necesaria, manteniendo al mismo tiempo la confidencialidad de la identidad del testigo. Existen normas claras de protección, como declaraciones telemáticas o la posibilidad de que un testigo se caracterice de alguna manera».
¿El sistema de testigos protegidos es lo suficientemente sólido en nuestro país?
«No contamos con un estatuto especial para el crimen organizado, y por eso se ha propuesto un proyecto de ley al respecto. En la ley de drogas, por ejemplo, existen los agentes encubiertos que pueden cambiar su identidad, pero hay deficiencias prácticas, como la falta de atención médica para estas personas que tienen una identidad ficticia. Es un problema que debe ser resuelto. El fiscal Mario Carrera ha planteado esta preocupación en múltiples ocasiones».
Francisco Bravo: ¿Cómo podemos mejorar la protección de testigos para que realmente estén seguros?
«Existen mecanismos como la cooperación eficaz en la ley de drogas y otras normas que incorporan este concepto y permiten reducciones significativas de penas a cambio de información valiosa. Si esto significa desmantelar una organización criminal, se recompensa a la persona por ello».
¿Cuál es la problemática central que enfrentamos en este tema?
«Creo que hay un problema estructural relacionado con la falta de conciencia sobre la verdadera magnitud del crimen organizado. No se ha tomado en serio lo que esto significa. Un ejemplo claro de esto es cuando un juez no permite que un fiscal comparezca por zoom, a pesar de ser una medida de protección para los testigos y el propio juez. En nuestra opinión, este fue un error, y podría haber tenido un costo muy alto. Debemos tomar conciencia de lo que implica lidiar con organizaciones criminales involucradas en secuestros y homicidios. El enfoque en el debido proceso debe ser diferente cuando se trata de estas organizaciones».
¿Cuál es la causa de los «Gallegos»?
«Según la información que tengo, estamos hablando de un grupo importante con más de 40 células acusadas de trata de personas y asociaciones ilícitas que enfrentan penas muy altas. Estos casos involucran una gran cantidad de investigaciones y requieren una mirada especializada, no solo de los fiscales, sino también de jueces y policías especializados. Es necesario crear un sistema de justicia que pueda enfrentar el crimen organizado con fiscales especializados, jueces preparados y policías capacitados».
¿Cuántos fiscales se han reforzado en el norte del país?
«No hemos tenido un incremento significativo en el número de fiscales. Sin embargo, estamos en proceso de fortalecimiento del sistema fiscal adjunto. Se necesitarían alrededor de 1200 fiscales para hacer frente a este tipo de casos, y una de las propuestas es crear una justicia supraterritorial especializada en crimen organizado» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales.