Estos últimos días han estado marcados por secuestros, un ataque a una funcionaria de Carabineros con una granada, e incluso un caso de descuartizamiento en Coquimbo. Además, los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición por esta materia siguen generando discusión. Para enfrentar esta “crisis de seguridad” el gobierno anunció que expulsará a 2.600 migrantes en 14 meses. El Gobierno recalcó que no se puede criminalizar a todos, pero se determinó diseñar un perfil de riesgo para expulsar a aquellos que tengan antecedentes. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Pablo Carvacho, abogado y magíster en Sociología, director de Investigación del Centro de Estudios “Justicia y Sociedad” de la Universidad Católica.
Desde tu experiencia profesional, ¿Qué está pasando en este momento con el tema de la seguridad en Chile?
“Yo creo que estamos en un periodo de transición. Y ¿Por qué digo transición? Porque creo que tenemos muchos actores, sobre todo el sistema de seguridad y justicia, policías, fiscales, que quieren sacarle una foto y cristalizar una foto sobre el tema de seguridad. Yo creo que nosotros estamos transitando a una realidad nueva pero creo que es importante mirarlo a largo plazo y en ese sentido yo evito hacer definiciones tan tajantes, porque tenemos que ver cómo responde el Estado chileno a esta situación. Y en esa transición es que hay cosas que están empeorando obviamente, hay indicadores en los que estamos peor, hay presencia de bandas, hay formas de criminalidad, manifestaciones más bien de la criminalidad que nunca antes habíamos visto”, señala Pablo Carvacho.
¿Cuál es la relación que ustedes hacen entre migración y criminalidad?.
“Sí. Bueno, el dato de homicidio es un dato importante. Efectivamente, ha habido un aumento cerca del 25-30%. Recién este año, la subsecretaría de prevención del delito hizo el trabajo de generar, desarrollar un indicador, digamos, serio, consensuado de de que era homicidio, porque si uno se iba las a las cifras de policía o de denuncia diferían bastante de las cifras de la fiscalía. La fiscalía era el mejor dato porque finalmente una lesión grave que entra como una lesión puede terminar en un homicidio porque la persona terminó muriendo, un suicidio que finalmente era un un asesinato, etc”, indica el abogado y magíster en Sociología.
“Entonces hicieron este trabajo de desarrollar indicadores más serios y quedamos con una cifra muy alta, lo que no sabemos cómo hubiéramos estado hacia atrás con este nuevo indicador, por lo tanto, yo me lo tomo como con ese reparo, con ese matiz, eh, porque ahora tenemos una línea de base, pero no nos permite decir cómo estábamos antes. Y como tú bien dices, este, este indicador, de todas maneras, nos pone dentro de los países más seguros, con menos tasas de homicidio de Latinoamérica, ahora sí nos escapamos de las tasas promedio de Europa que antes estábamos bien en la mitad. Pero sigue siendo un país en ese contexto latinoamericano en relación al homicidio, más seguro”, afirma Pablo Carvacho.
“La migración es un tema complejo pero hay bastantes estudios que descartan la llegada de migrantes con el aumento de los delitos, las proporciones son similares entre la población chilena y de emigrantes, y los delitos que estos cometen. Lo que pasa es que en ciertos tipos de delitos hay una mayor participación de migrantes en ciertos tipos de homicidio, hay una participación mayor de migrante y el proceso migratorio y esto es lo clave, creo yo, los procesos migratorios sí permiten o dan a paso a cierto tipo de delitos, como: trata persona, explotación sexual infantil, prostitución ilegal, etc. Entonces, los procesos migratorios sí permiten que el el crimen organizado despliegue cierto negocio ilícito. Y esa es la relación que estamos viendo ahora, las bandas que están acá, están acá, como Tren de Aragua, porque una de sus especialidades tiene que ver con la trata de personas. No es que vengan a Chile porque sea un país atractivo para estar. Claramente, Chile es el país menos atractivo para el crimen organizado”, asegura el abogado y magíster en Sociología.
Otra cosa es la administración de justicia. ¿Cómo ves ese tema?
“Bueno, yo encuentro que es complejo, este nuevo servicio va a reemplazar a la Corporación de Asistencia Judicial, pero en verdad la Corporación de Asistencia Judicial nunca atendió a víctimas principalmente, o sea, lo que ha hecho es resolver problemas jurídicos, principalmente civiles, familiares, laborales de personas sin recursos. Siempre ha tenido una pequeña pata penal, pero no sé, no es principalmente eso. Entonces, yo tengo miedo de que esto se transforme en un servicio para víctimas solamente y deje de lado las necesidades de acceso a la justicia, no penales. Eso es una primera cuestión”, sostiene Pablo Carvacho.
“Segundo, yo creo que es importante entender que la víctima en lo importante es clave, pero el foco no está en eso, sino en la reparación, en la justicia, en la resolución del caso, y me cuesta entender en ese sentido cómo un servicio de víctima va a conversar, por ejemplo, con la fiscalía. La fiscalía es la que lleva a cabo, lleva adelante la persecución penal, tiene una unidad de víctimas también, y por lo tanto, no me queda claro cómo van a conversar estos dos mundos de fiscalía con este nuevo servicio. Si este servicio se transforma tan solo en un servicio para víctimas, me parece que es una mala idea porque va a dejar de lado muchas otras cosas que son necesarias en términos de acceso a la justicia. Las necesidades de acceder a la justicia son mucho más amplias que haber sido víctima de un delito”, explica el abogado y magíster en Sociología.
¿El sistema es no reparador con las víctimas? En realidad la víctima es un medio de prueba por fiscal?
“Tienes toda la razón. El sistema está concebido para que sea cuando una persona comete un delito, vas a ser un problema entre el Estado y quien comete el delito. Claro. No entre la víctima y el victimario. La víctima siempre está excluida, esto tiene una tradición, viene de mucho más atrás. Pero siempre ha sido un problema con el Estado. Cuando uno comete un delito se gana un problema con el Estado y el representante del Estado en este caso es la fiscalía. Pero es importante que haya formas de reparación, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un programa, atención a víctimas también. Mi duda es cómo van a conversar todo esto, y servicios que están y que trabajan sobre el mismo tema”, concluye en Palabra Que Es Noticia Pablo Carvacho, director de Investigación del Centro de Estudios “Justicia y Sociedad” de la Universidad Católica.