ENTREVISTAS

Exsubdirector del SII y audio de Luis Hermosilla: «La grabación conocida es de la máxima gravedad»

El caso Hermosilla sigue dando de qué hablar. Esta vez se confirmó que los datos compartidos por Leonarda Villalobos difundidos por CIPER eran reales y provenían de indagatorias reservadas del SII. En #FuturoPQN conversamos con Cristián Vargas, socio de la consultora BDO Chile, que nos explicará más del caso.

Hector Muñoz |

Luis Hermosilla Sii Pqn Card Web

Luis Hermosilla Sii Pqn Card Web

De acuerdo a una publicación realizada por el medio CIPER, los datos que la abogada Leonarda Villalobos leyó un informe reservado del SII en la reunión con el penalista Luis Hermosilla y Daniel Sauer son verdaderos. Tras la filtración del audio el pasado 14 de noviembre, el Servicio de Impuestos Internos confirmó la suspensión de 5 funcionarios, donde se encuentra el director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Cristián Vargas, exsubdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y socio de la consultora BDO Chile.

Desde afuera y con perspectiva ciudadana, ¿cómo evalúas todo lo que ha sucedido con el Servicio de Impuestos Internos?

“Lo primero que tendría que decir desde mi punto de vista es que la grabación conocida es de la máxima gravedad. Primero porque aparecen unos abogados de la elite política y económica junto a una elite de empresarios organizando operaciones delictivas. En este caso, consistente en sobornar a empleados públicos del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero para entorpecer o sustraerse de la investigación de actividades ilícitas cometidas. Eso es lo primero. Es sorprendente el nivel de degradación ética que muestra el audio y que desvela una gran situación de corrupción que afecta al país”, señala Cristián Vargas.

“En cuanto al SII, esta misma situación ha demostrado, a mi juicio, la falta de control y funciones críticas que realizan ciertos funcionarios como: directores regionales o el director de grandes contribuyentes. Que tienen facultades legales para por ejemplo dejar sin efecto ciertos actos como liquidaciones o giros de impuestos, pero estos actos de SII, tienen que ser fundados y ajustarse a las disposiciones legales en la forma y en el fondo”, indica el exsubdirector del SII.

“El caso que se ha destapado muestra la debilidad o la falta de control de este tipo de funciones críticas, y lamentablemente muestra el deterioro de una función jurídica del servicio, del trabajo de los funcionarios que están llamados precisamente a velar por la legalidad de los actos de esta administración, y me refiero a abogados del SII. La función de los abogados es precisamente es garantizar la legalidad adecuada que den fundamento a los actos, esto para evitar la arbitrariedad, la desviación de poder o la corrupción. Función que a la luz de estos hechos se ve bastante precarizada”, agrega.

¿Cómo habría funcionado este mecanismo, o que es lo que habrían hecho sin preguntarle a nadie?

“Claro, aquí hay varias aristas o aspectos que deben investigarse. Delitos que aparentemente, y de acuerdo con el audio, resultan cometidos. Uno de ellos, es que se habría dejado sin efecto una liquidación de impuestos o giro de impuestos, emitidos por el SII a uno de los empresarios que aparece en ese audio de forma irregular”, afirma Cristián Vargas.

“Roles o funciones como la del director regional tienen ciertas facultades para dejar sin efectos actos cuando aparecen de manifiesto algún vicio o error cometido en ellos. Pero ese tipo de facultades que tienen estos funcionarios desde luego tiene que efectuarse o puede ejercerse sólo dentro del marco legal. Osea, para dejar sin efectos actos que tengan vicios legales o errores manifiestos. Obviamente ello no ocurre si en definitiva se hace sin que se configure esas causales legales y en beneficio de personas sin que haya una causa legítima para ellos. Entonces a eso me refiero, esa es una de las aristas investigadas. Y me parece que estos hechos dan muestra de una falta de control de ese tipo de funciones críticas”, asegura el exsubdirector del SII.

Un funcionario cualquiera, pero con acceso a niveles de seguridad o importancia, ¿no puede realizar funciones en su computador, y eliminar por ejemplo un pago de impuestos sin estar autorizado o que existan otras personas enteradas de eso?

“Por supuesto, desde luego ningún funcionario podría dejar sin efectos ese tipo de actos o eliminar liquidaciones, o determinaciones de diferencias de impuestos de un contribuyente así sin haber ninguna causa legal. Todo esto es por procedimientos que están establecidos, y desde luego los funcionarios tienen que velar porque se cumplan. Son disposiciones legales que existen para resguardad la fe pública y el cumplimiento de las leyes”, sostiene Cristián vargas.

¿Se podría presumir entonces que acá hay un grupo de personas que cometió estos delitos?

“Sí, es lo que hay que investigar en definitiva. Por ejemplo este director regional que cometió un acto irregular o ilícito, al dejar sin efecto esas declaraciones de impuestos internos que por ahí es una de las aristas investigadas en favor de este empresario. Pero no es el único delito investigado”, asevera el exsubdirector del SII

¿Qué otra arista podría ser investigada a partir del audio?

“Hay varias otras aristas. Primero el delito en relación con los que aparecen en ese audio, el delito que podría configurarse es el de soborno. Porque son ellos los que ejecutan una acción que busca corromper a un funcionario. Son ellos los que motivan las acciones u omisiones de un funcionario público, en este caso de SII o de la CMF”, explica Cristián Vargas.

“El código penal sanciona como delito a quien ofrezca a un funcionario público un beneficio económico o de otra naturaleza en su provecho para omitir actos propios del cargo del funcionario o para que ejecute un acto con infracción a los deberes de su cargo. El soborno es un delito muy grave, con penas de 3 años y un día hasta 10 años. Entiendo que la Fiscalía está investigando ese delito”, comenta el exsubdirector del SII.

“El otro es el delito de cohecho que comete el funcionario público que recibe, acepta o pide un beneficio económico para sí o para un tercero con infracción a los deberes de su cargo. Esos son delitos que deben investigarse pero pueden haber otros como el uso de información reservada o privilegiada que ocurre cuando un funcionario hace uso de información concreta y obtiene para un tercero un beneficio económico”, concluye en Palabra Que Es Noticia Cristián Vargas, exsubdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y socio de la consultora BDO Chile.

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