ENTREVISTAS

Fiscal nacional y secuestros: «Las policías tienen los organismos de negociación competentes para asesorar debidamente a las víctimas»

El Gobierno y el Ministerio Público anunciaron el nuevo equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, en el marco del “Plan Calles Sin Violencia”. Sobre esto, hoy en #FuturoPQN conversaremos con Héctor Barros, coordinador de los fiscales a cargo en la Región Metropolitana.

Hector Muñoz |

Fiscal Nacional Secuestros Card Web

Fiscal Nacional Secuestros Card Web

Más de 240 profesionales, entre ellos 65 fiscales, buscarán enfrentar el crimen organizado, sobre todo después de la gran cantidad de secuestros que han ocurrido en el país. El Fiscal Nacional Ángel Valencia fue enfático al expresar que existen nuevas tendencias delictivas, atípicas o poco frecuentes, como las extorsiones, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el poderoso narcotráfico. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Héctor Barros, fiscal nacional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana.

Cuéntanos detalles, ¿qué motiva esta decisión de formar este equipo especial y una reacción que no habíamos visto hasta ahora, al menos desde la perspectiva organizacional para enfrentar estos temas?

“Hay bastantes puntos de inflexión que el Fiscal Nacional consideró y estimó que era importante hacer un cambio en la forma en que estábamos haciendo la persecución penal hasta el momento. Nosotros tradicionalmente como país hemos podido ver que tenemos una delincuencia organizada nacional, que le hemos llamado nosotros verso la delincuencia organizada transnacional, que es el otro fenómeno que ha estado golpeando fuerte en el último tiempo. Nuestro país tradicionalmente siempre ha tenido delincuencia organizada, pero es una delincuencia organizada que es posible de abordar, dado que son organizaciones que siempre han estado vinculadas al narcotráfico, donde hemos tenido desde el año 2005 a la fecha incluso homicidio entre bandas rivales, hemos tenido secuestros entre organizaciones rivales o de personas que secuestran generalmente a sujetos vinculados, sí, o como víctimas, sí, a personas que son narcotraficantes o a familiares narcotraficantes”, señala Héctor Barros.

“Esa realidad que teníamos y que hemos tenido siempre es una realidad que uno podía abordar donde en la utilización de la fuerza por parte de estas organizaciones, por un lado, el recurrir a los secuestros y a las extorsiones, por otro lado, estaban meridianamente controlados y eran bastante más razonables que lo que hemos visto el día de hoy. Sin embargo, a partir de hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, cuando empieza el proceso de inmigración irregular, empieza a llegar una delincuencia que nosotros no estábamos, en este caso, no teníamos la vista ni estábamos preparados para abordar como Estado, ni siquiera hablo como Ministerio Público, como Estado en general. Donde la inmigración ilegal le vino a aplicar un ingrediente que fue bastante complejo. Pero no solo eso, sino que además cuando las personas emigran, emigran con todo, la cultura que tiene su país, incluso en lo alimenticio, en lo social, pero también en lo delictual. Y ese es un tema que nosotros probablemente como país no teníamos visualizado en aquel momento. Y comienzan a aparecer estas nuevas figuras penales vinculadas básicamente al sicariato, al secuestro extorsional. Y también a los homicidios. Y el homicidio bastante más frecuente que lo que teníamos anteriormente. Si bien hemos tenido tasas este año que han bajado, lo que ha aumentado es la complejidad para investigar este homicidio. Vale decir, el Fiscal Nacional consideró también, no solo aparte de la complejidad, sino que también empezó a considerar otros factores, como por ejemplo, que desde el año 2016 a la fecha hemos tenido un aumento sostenido del imputado desconocido. ¿Y esto por qué? Porque no damos con el autor de los hechos, porque son generalmente extranjeros que están indocumentados en el país, que no es posible saber, ni siquiera con el país de origen, cuál es la identidad de esta persona, si tiene antecedentes penales allá, cuál es el rubro delictual en que se desempeña. Estamos ciegos respecto a eso. Por lo tanto, también este aumento de la cantidad de imputados desconocidos fue un factor que el Fiscal Nacional tuvo en consideración”, indica el fiscal nacional.

“Y a ello le agregó que necesitábamos en las investigaciones que hubiese una fiscalía más presente desde los primeros actos, del proceso penal, en trabajo en conjunto y como equipo con las policías especializadas de Carabinero y la Policía de Investigaciones, y que por lo tanto, con un grupo multidisciplinario de profesionales, pudiésemos llegar a mejores resultados, obtener mejor calidad en las investigaciones, y pensando desde el primer minuto, como lo hemos hecho en las causas de artefactos explosivos, que el día de hoy no es tema prácticamente, porque hemos logrado tener buenas investigaciones, con buenos resultados, buenos juicios orales y buenas condenas. Y eso lo queremos extrapolar también, a este tipo de investigaciones. Vale decir, que haya desde el primer momento, junto al fiscal en el sitio de suceso, no solo la policía, sino que un equipo multidisciplinario de la fiscalía, compuesto por analistas criminales, en primer lugar, por abogados asistentes que colaboran con el fiscal en el sitio de suceso, y también con una unidad de víctimas y testigos que nos pueda ayudar en la contención de las víctimas y los testigos, y lograr la herencia del proceso penal del primer minuto. Eso en resumen, digamos”, comenta Héctor Barros.

Los 16 fiscales de ENOCH, ¿son nuevos? ¿Se trasladan? ¿Hay nuevas contrataciones?

“Sí, nosotros en la RM teníamos un problema también adicional al resto de las regiones del país. En cada región hay un fiscal regional a cargo de la región completa. En la región metropolitana, dado que somos alrededor de 8 millones de habitantes, la región metropolitana está dividida en cuatro fiscalías regionales. La fiscalía de Oriente, Occidente, la Centro Norte y la Sur, de la que yo estoy acá. El problema que teníamos es que este fenómeno, adicional a lo que yo ya señalé, fenómeno de la delincuencia organizada, no es un fenómeno que sea estacionario o que esté radicado en una comuna o en una población determinada. Y aquí establezco otra diferencia con lo que les decía al inicio. La criminalidad organizada nacional, usted podía verla sentada en una población, en una calle determinada, con organizaciones como el Cara del Jarro, que teníamos en su momento, los Gaetes, etcétera, donde el lugar de operación era la población La Victoria. Y uno sabía desde que esa persona nació en la población, qué eran sus redes, cuáles son sus familiares, cómo podían lavar el dinero, etcétera. Acá nos aparece un imputado, un delincuente, que no tiene ninguna vinculación con el territorio. O sea, yo no lo puedo situar en una comuna determinada ni en una población determinada, porque es un sujeto que viene llegando desde otro país hace un par de meses, un par de años, y que viene directamente a cometer delitos. Estamos hablando de ese estamento, digamos, de la sociedad que llega desde afuera”, expone el fiscal nacional.

“La problemática que se produce ahí es cómo nosotros nos preparamos entonces para que este fenómeno de delincuencia transnacional que se mueve por las distintas comunas de la región metropolitana no se investigue de manera aislada, vale decir, lo que buscamos no es investigar el delito caso a caso, me refiero a un homicidio en la zona sur, un homicidio en la zona centro, un homicidio en la zona oriente, sino que lo que queremos investigar es el fenómeno criminal. Y para investigar el fenómeno criminal, con todo lo que eso conlleva, necesitamos tener una coordinación regional y por eso el Fiscal Nacional decide nombrarme a mí como coordinador de toda la región metropolitana en esta categoría de delitos vinculados al crimen organizado. Por lo tanto, lo que nosotros logramos obtener con recursos, en este caso del Ministerio del Interior, fue la contratación en Santiago de 40 profesionales, que son profesionales abogados, 12, son profesionales de la unidad de víctimas y testigos, que son ocho profesionales destinados a esa contención, profesionales analistas y personal administrativo. Ahora, cada fiscalía regional de la región metropolitana puso a disposición de este fiscal regional cuatro fiscales preferentes, no son fiscales exclusivamente vinculados a estos hechos, sino que, dado que tenemos una dotación que es bien limitada con el Ministerio Público, pero que sin embargo se comprometió por el gobierno ya un aumento de dotación a partir del próximo año, la idea es que en algún momento lleguemos a tener una fiscalía que esté dedicada a la criminalidad organizada con recursos propios. En este momento, nosotros tenemos fiscales que son altamente especializados en la investigación de delitos de homicidio, delitos de secuestro, y por lo tanto ellos van a estar dedicados preferentemente a estas causas”, continúa Héctor Barros.

“Por lo tanto, si el hecho ocurre en la Centro Norte, va a haber un fiscal adjunto que va a concurrir con este equipo multidisciplinario a ese hecho, como ya nos ocurrió cuando concurrimos el día de ayer, cuando comenzamos. El proyecto a las cero horas, a las cero horas con 18 minutos, teníamos la primera llamada de un hecho ocurrido en la comuna de Estación Central. El día de hoy el equipo está trabajando en la comuna de Lampa por el hallazgo de un cuerpo en un camión con un disparo en el pecho y que andaba incluso con una tobillera, lo que hace presumir, además, que ahí tenemos presencia de criminalidad organizada, vinculado a otros temas de droga que hay ahí también. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que nosotros lo que queremos es hacernos cargo del fenómeno que estamos viviendo, lo que queremos es enfrentarlo con la mayor cantidad de herramientas posibles y ahí necesitamos que no solo la fiscalía se comprometa, sino que sea un compromiso de Estado, porque el que está en este momento obligado a solucionar este problema es el Estado, no solo la Fiscalía Nacional”, complementa el fiscal nacional.

Hay un tema con los secuestros, el pago-rescate. ¿Van a cambiar también algunas leyes?

“Yo, como siempre he enfocado este tipo de investigaciones complejas, es más que fijándome en las problemáticas que puedo tener al frente, me he preocupado siempre de que pensemos que la investigación desde el inicio tiene que estar para un juicio oral con la exigencia que ello implica. Nosotros, por ejemplo, le pongo como ejemplo los artefactos exclusivos, ahora que acabamos de terminar el juicio de Solari Caballero, fueron condenados ellos, lo que hicimos a cambio, a diferencia de lo que se hacía antes, por ejemplo, en ese tipo de delitos, es que nosotros desde el primer día, es más, desde antes que lleguemos a una detención, ya estamos pensando en el juicio oral, por lo tanto, el estándar de exigencia y de calidad en la prueba la tenemos desde antes y no desde el día en que nos encontramos en el sitio judicial. Entonces, creemos que si nuestro estándar es mucho más exigente, vamos a llegar al juicio oral y vamos a llegar con la imposibilidad de que el tribunal busque algún argumento o tenga algún argumento por la debilidad de la prueba. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, lo que usted dice es cierto también, en que la complicidad de estas investigaciones también hace bien difícil, porque estamos hablando de criminalidad organizada, conseguir a lo mejor todos los medios de prueba que nosotros esperamos tener en otros delitos. Es un argumento más simple”, afirma Héctor Barrios.

Hay una preocupación que ha crecido con el tema del secuestro, también el tema de este supuesto pago que se hace por, digamos, recuperar la persona con vida y ha generado toda una discusión. ¿Qué es lo que pasa específicamente? ¿Qué dice específicamente los equipos negociadores con respecto al pago de ese dinero pedido?

“Yo en lo personal tengo una certificación por el FBI en lo que es secuestro y negociación de rehenes. Desde hace bastante tiempo que para nosotros era un fenómeno bien lejano, pero me tocó participar en esas capacitaciones que vino a dar a Chile el FBI. Nosotros tenemos claro que tenemos que tener capas, negociadores capacitados y las policías los tienen, tanto en el OS9 Carabineros como en la VIPE. Y decirles también que no es que los secuestros hayan aparecido la semana pasada por el hecho que ocurrió en Rancagua, que nos tiene bastante alarmados, con justa razón, pero hemos tenido un secuestro desde el año 2005 a la fecha. Nosotros, yo por eso les planteaba al inicio, los secuestros que tuvimos siempre en Chile estaban vinculados entre organizaciones de narcotraficantes, claro, pero muchas veces se secuestraba al hijo del narcotraficante que era un niño de 10 años, hemos tenido sentencia en un caso de hace 3 años atrás, hace poco durante este año, y donde ese menor también era inocente independiente de lo que hacía el padre. Y esto lo hemos negociado siempre y lo hemos trabajado con las policías especializadas. Por lo tanto, mi llamado es a que cuando tengamos víctimas de estos hechos, lo que tenemos que tener es en mente que de inmediato hay que hacer la denuncia a las policías”, asegura el fiscal nacional.

“A pesar de que los secuestradores lo primero que le piden a las víctimas es que no involucren a las policías, la verdad es que es la única manera en que nosotros podamos llegar a puerto con una investigación como esta. Y en segundo lugar, lo que nosotros siempre tenemos a la vista, y en primer lugar independiente de toda la otra exigencia, es lograr la liberación de la víctima secuestrada, porque el secuestro es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de cada persona. Pierde su libertad, pierde la autodeterminación, está sujeto en estos casos a premios ilegítimos, que le aplican a torturas incluso, y finalmente la muerte, porque hemos tenido casos en que los secuestros entre extranjeros terminan muchas veces con la muerte de la víctima. Y decirles que aquí también hay un problema adicional que nosotros estamos enfrentando con estos hechos, porque muchas veces el secuestro se produce en Chile, pero la negociación no se produce en Chile, sino que se produce en otros países de origen, vale decir, en Venezuela o en Colombia, y los pagos tampoco ni siquiera son esos pagos tradicionales que nosotros veíamos antiguamente, en la entrega de un bolso con dinero en efectivo, sino que son con criptomonedas, y muchas veces con transferencias internacionales que nos hace más difícil poder lograr la ubicación final del dinero o a qué organización va. Pero lo que sí les quiero decir es que las policías tienen los organismos de negociación competentes para asesorar debidamente a las víctimas, pero para asesorarnos también debidamente al Ministerio Público. Y por lo tanto tenemos las capacitaciones y tenemos las habilidades para eso, y el llamado es a la gente en que apenas tengan estos hechos, tienen que denunciarlos de inmediato a la policía para poder echar a andar todo el aparato investigativo que tenemos dispuesto para eso”, concluye en Palabra Que Es Noticia Héctor Barrios, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana.

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